El 7 de junio de 2014 casi 200 familias se instalaron en un predio en la localidad de Juárez Celman, impulsados por Rubén Pascolini, un exfuncionario del Gobierno nacional anterior y hombre cercano al piquetero Luis D’Elía.
El pasado viernes, luego de más de una decena de fallos de la Justicia, se inició el desalojo que incluyó momentos de tensión por la represión policial que derivó en la detención de nueve personas, aún alojadas en una dependencia de Jesús María, al cierre de esta edición. En las últimas semanas se realizaron varias presentaciones judiciales para desalojar a las familias que se encontraban en el terreno de 11 hectáreas, propiedad de la firma Urbanor SA. Se trata de una empresa de la zona, propiedad de la familia Canciani. Sin embargo, el desalojo se hizo efectivo este viernes y comenzó en horas de la madrugada. El conflicto se extendió durante buena parte de la jornada, con la presencia de militantes del kirchnerismo y la izquierda que trataron de frenarlo.
Se sumó la tensión vivida en el techo de una de las viviendas, cuando un hombre tomó a un niño y se roció con combustible. Luego se supo que no era el habitante de la casa, sino un candidato a concejal por el kirchnerismo en las últimas elecciones municipales y que el niño que tenía en brazos tampoco era ni hijo ni familiar suyo.
Un conflicto de cuatro años. A mediados de 2014, el kirchnerismo empezó a desplegar sus fuerzas en todo el país con miras a las elecciones de 2015. En Córdoba, territorio en el cual el Frente para la Victoria nunca pudo hacer pie, el trabajo transversal tuvo en uno de sus capítulos la toma de los terrenos en Juárez Celman.
Pascolini, quien en aquel momento se desempeñaba como secretario de Acceso al Hábitat, comenzó un trabajo que incluyó a distintos dirigentes del kirchnerismo local. Al actual legislador provincial oficialista y parte del Movimiento Evita, Ricardo Vissani, se sumó Andrés Villalba, un referente K local, excandidato a intendente y que, a diferencia de los otros dos dirigentes, trató de impedir el desalojo el pasado viernes. Cabe recordar que Villalba, además de referente del kirchnerismo local, es el presidente de la Cooperativa 12 de Junio que agrupa a los vecinos en estas tierras y fue uno de los detenidos el viernes pasado.
Tanto el Municipio (que administra la radical y parte de Cambiemos, Myriam Prunotto) como la Provincia (a través de algunos funcionarios) responsabilizaron al kirchnerismo y estos movimientos por la situación que se desencadenó. “Cuando arrancó la toma de las tierras hace cuatro años les dijeron que en 2015 iban a ganar las elecciones y se iban a quedar con los lotes”, le contó a PERFIL CORDOBA una fuente de la Provincia.
La misma persona detalla que, en primer momento, eran casi 200 familias, muchos de otros países que habían llegado en busca de un futuro. A medida que se dieron cuenta de que las condiciones en el predio no eran las óptimas, decidieron emigrar y tomaron algunos planes que les dieron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. En algunos casos, se les entregaban seis meses de alquiler o un plan Vida Digna para que pudieran construir en otro lugar.
Según fuentes de Desarrollo Social, esto derivó en que de las casi 250 familias quedaran 20. Son las familias desalojadas que serán recibidas mañana en el ministerio que encabeza Sergio Tocalli para ver cómo y dónde son reubicadas, sostuvieron desde la Provincia. Este viernes, el ministro schiarettista afirmó “en 2014 se hablaba de 297 familias y ahora relevamos unos 90 habitáculos. A unas 40 familias ya les dimos respuesta”.
En tanto, Prunotto sostuvo a este diario que esperaba que la Justicia “resolviera de una manera u otra porque no se podían dilatar más los tiempos”. “Si se reconocía que esas familias se podían quedar allí, para darles los servicios del municipio; y si no, para ver cómo se resolvía el conflicto desde la gestión”, afirmó la intendenta.
