Las Fiscalías Federales de instrucción son la primera línea de investigación de los delitos más complejos y graves. Intervienen en materia de narcotráfico, lavado de dinero, secuestros extorsivos, lesa humanidad, contaminación ambiental a escala, contrabando, crimen organizado, etc. Son las estructuras que deberían contar con recursos humanos y materiales acordes a la envergadura de la delincuencia que intentan detectar.
De las siete que hay en todo el territorio de la provincia de Córdoba, tan sólo dos tienen al frente a fiscales federales titulares: Enrique Senestrari, FF1 de la ciudad de Córdoba, y María Schianni, fiscal federal de Villa María. El resto, las FF 2 y 3 de Capital, las de Río Cuarto, Bell Ville y San Francisco tienen magistrados subrogantes designados, es decir que las dirigen provisoriamente.
En cada caso, hay razones diferentes Sin embargo, lo más llamativo es que a pesar que algunas vacantes se produjeron hace años, tampoco hay concursos sustanciados para designar a los titulares.
Córdoba Capital. En 2020, Gustavo Vidal Lascano y Graciela López de Filoñuk se acogieron a la jubilación, en un contexto polémico en el que se discutió jurídicamente si podían o no ser convocados –una vez que tenían el beneficio acordado– para continuar en sus fiscalías al haberse modificado la ley que rige la jubilación de los magistrados. Finalmente, la controversia fue zanjada por la Cámara de Casación que habilitó esas convocatorias pero sólo retornó el fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada, quien continúa en su cargo.
Desde entonces, la FF2 es subrogada por Carlos Casas Nóblega, fiscal General ante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) y la FF 3, por Maximiliano Hairabedián, fiscal General ante el TOF 1.
Interior. De todas las sedes sólo una tiene a una fiscal titular al frente, la de Villa María. El resto, es decir Río Cuarto, San Francisco y Bell Ville tienen fiscales subrogantes.
En marzo del 2020 se jubiló Mercedes Elisa Pérez como fiscal federal de Bell Ville. Previamente estuvo tres años con licencias que se iban renovando, por lo que el secretario, José María Uriarte, está designado en forma interina desde hace unos seis años.
La fiscalía federal de Río Cuarto no está acéfala pero también es subrogada. Su titular, Guillermo Lega, enfrenta un juicio político abierto a raíz de una denuncia formulada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) por maltrato y acoso laboral. El proceso está en marcha y actualmente se está realizan do un estudio pericial médico sobre su persona, que dispuso el Tribunal de Enjuiciamiento. Lega fue asignado a cumplir funciones en Rosario, pero no hay un traslado y por ese motivo la fiscalía no está vacante. La situación persiste desde el 2016 cuando fue designada en forma interina Alicia Cena, quien se jubiló este año. A raíz de ello, hace pocas semanas fue nombrado en forma interina Rodolfo Cabanillas, quien se desempeñaba como secretario en la FF 2 de Córdoba.
La Fiscalía de San Francisco tiene una situación diferente. Su titular, Luis María Viaut, fue destituido del cargo en abril pasado por hechos de corrupción por los que había sido condenado en 2022.
En la página web de la Procuración General de la Nación está al alcance de la mano la información sobre los concursos sustanciados y convocados para las fiscalías federales de todo el país. No figura Córdoba en esos llamados.
Para tener completo el panorama, vale aclarar que las fiscalías que actúan en las instancias de juicios ante los Tribunales Orales Federales (TOF) sí están cubiertas por fiscales titulares. Ellos son: Maximiliano Hairabedián, Carlos Gonella y Carlos Casas Nóblega.
¿Qué pasa con las designaciones de secretarios? Después de siete años sin concursos,se abrió una convocatoria y un grupo de abogados rindió entre el 6 y el 8 de julio del año pasado. A pesar de haber transcurrido prácticamente un año, todavía no se comunicaron los resultados. Por lo tanto, tampoco hay orden de mérito para extraer de allí los nombres de funcionarios que se requieran para cubrir los cargos. Sigue vigente, sólo por las sucesivas prórrogas aprobadas, el listado del 2015.
Este medio recogió testimonios sobre un profundo malestar en el personal de las fiscalías que aspiran a un ascenso, porque se produjeron promociones a las diferentes secretarías de abogados que no figuran en el último orden de mérito vigente o nunca rindieron.
Para obtener una respuesta fehaciente, PERFIL CÓRDOBA presentó a la Procuración General de la Nación una Solicitud de Información Pública y obtuvo, en tiempo y forma, la siguiente respuesta:
“Para las fiscalías con asiento en la provincia de Córdoba, el listado definitivo de postulantes vigente por orden de mérito es el correspondiente al Concurso N° 21 publicado por Resolución ING N° 933/15, del 15 de abril de 2015. La vigencia de tal nómina fue sucesivamente prorrogada por Resoluciones ING N° 1047/17 y PGN N° 2080/17 hasta tanto se dispusiera la convocatoria a un nuevo concurso”.
Y continuó:
“Por Resolución ING N° 4/20, del 28 de febrero de 2020, se convocó al Concurso N° 139. Posteriormente, en razón de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de Covid-19, por Resolución PGN N° 18/20 se dispuso la suspensión transitoria. Por Resolución ING N° 33/21, del 17 de noviembre de 2021, se resolvió la reapertura del plazo de inscripción, la continuación del proceso y se mantuvo la prórroga del listado definitivo antes indicado hasta la conformación de la nueva nómina. Este concurso se encuentra actualmente en trámite en la etapa de corrección de las evaluaciones por parte del Tribunal de Evaluación designado por Resolución ING N° 16/22”.
Si bien la ley de acceso democrático e igualitario al MPF y al Poder Judicial (juzgados y tribunales) consagra como única vía de ingreso los concursos abiertos y públicos, la misma norma plantea excepciones. En su artículo 4° permite designaciones de dos cargos letrados con carácter transitorio.
Primera conclusión: existe una mora en la convocatoria de concursos. Segunda conclusión: está dentro de los reglamentos la posibilidad de promover secretarios que no figuren en el orden de mérito. Se puede decir que ambas situaciones neutralizan el objetivo de la ley de acceso democrático e igualitario.
Nepotismo, ¿sí o no? En los tribunales federales la regla no escrita, pero cabal, es la incorporación y coexistencia de familiares. También este aspecto fue consultado en el pedido de información que realizó este medio. La respuesta obtenida fue la transcripción del artículo 14 del reglamento de ingreso democrático (Res. PGN 128/18) que establece como impedimento por parentesco lo siguiente:
“No podrá ser seleccionado quien se encontrare unido por un vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o quien tuviere una relación de convivencia –con o sin unión civil– con el/la magistrado a cargo y/o funcionarios de la dependencia respectiva donde se encuentre la vacante permanente o no permanente a ocupar”.
Es decir que sólo está vedada la posibilidad de que un empleado o funcionario familiar de un fiscal sea incorporado a su misma fiscalía. No impide que ingrese a otra oficina del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial, lo que en la realidad acontece.
EL ALQUILER DE LA NUEVA SEDE ASCIDENDE A $ 2,1 MILLONES MENSUALES
Desde marzo de este año, todas las fiscalías federales de instrucción y las generales ante la Cámara y los TOF de Córdoba Capital tienen su sede en un mismo edificio ubicado sobre Corro 317 y Cuchi Corral 685. Es una fracción de manzana ubicada en el centro de la ciudad, con ingresos por ambas calles. Antes, los despachos estaban diseminados en los tribunales federales del Parque Sarmiento y en casas alquiladas.
El proyecto de unificar la sede comenzó en 2019, cuando se lanzó la Licitación Pública 22/19, que fue declarada fracasada. Se sumó que los titulares de los tres inmuebles que eran alquilados con anterioridad solicitaron el cese de los contratos.
Finalmente, el año pasado se decidió –a través de la Resolución Administrativa 289/22– realizar un contrato de locación con Vanesa Duran, tras un concurso de precios al que se presentaron varios oferentes. El convenio fue suscripto por el fiscal Alberto Lozada.
En el documento se aprobó un presupuesto total de $ 79.781.625. Se compone de dos ítems: el concepto de alquiler mensual fijado en $ 2.110.625 por el lapso de 36 meses, con ajustes anuales, y los honorarios abonados al bróker inmobiliario World Place por la suma de $ 3.799.125.
Este medio también consultó si se registraron gastos para la mudanza, mobiliario y la readecuación del edificio para el funcionamiento de las fiscalías. La respuesta fue que no se contó con una “asignación específica de gastos dentro del Presupuesto del Organismo, sino que sus gastos fueron atendidos con el presupuesto general de gastos del MPF, entre los que puede señalarse que el mobiliario allí instalado ya pertenecía a las distintas dependencias y también se enviaron muebles que la Procuración tenía en stock y que había sido oportunamente adquiridos por licitación”.
Hubo un único flete por el que se abonó la suma de $ 319.705,32. Y respecto a las obras de adecuación “también fueron realizadas con personal propio y han sido solventadas a través de partidas especiales para gastos eventuales de obra e imponderables por un total de $ 380.000”.
