Los déficit de las cajas de jubilaciones provinciales que no se transfirieron a la Nación comenzaron a convertirse en un agujero negro cuyo financiamiento de modo sostenible ya está en dudas.
“Estamos trabajando muy bien, el viernes hicimos a Córdoba el adelanto correspondiente del mes en curso”, afirmó el director ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso, en diálogo con PERFIL Córdoba, al término de un encuentro que mantuvo con jubilados cordobeses en el Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio Las Flores. “Nosotros firmamos un pacto con las provincias para ir adelantándoles fondos, hasta tanto ellas nos pasen la información del total de los beneficiarios para poder calcular el déficit y, así, el Gobierno nacional hacerse cargo de ese déficit”.
El punto es que la provincia de Córdoba ya cumplió con la integración de la información requerida y el dinero sigue llegando a cuentagotas. “Mandaron la cuota de anticipo; que es menos del 20% de lo que nos deberían mandar”, confirmó a este medio una fuente del Ministerio de Finanzas provincial. El déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba superó el año pasado los $12.000 millones, y este año sería aún mayor. Cada mes, es preciso tapar un hueco de más de $1.000 millones para garantizar jubilaciones promedio de $23.400, un nivel muy por encima del que paga Anses.
“Desde el inicio de nuestra gestión volvimos a financiar a la caja de Córdoba que es deficitaria; hicimos estos pagos para que los jubilados cordobeses sigan teniendo las jubilaciones que siempre tuvieron”, defendió Basavilbaso. Y completó: “Pagamos una suma grande dinero el año pasado y vamos a seguir con ese compromiso”. En efecto, la Nación habría cubierto alrededor de 40% del déficit del 2017 (algo más de $5.000 millones).
“Tienen pendiente terminar de cerrar el año pasado y todo este año”, retrucan desde la Provincia, donde ya empezaron a inquietarse no sólo por las demoras de Anses sino por las novedades que pueda traer el proyecto de Reforma Previsional que debería comenzar a debatir el Consejo de Sustentabilidad Previsional, el mes próximo.
Este Consejo (que estará integrado por representantes de gremios, Anses, provincias, municipios, cajas profesionales, AFIP y académicos) tiene una agenda muy precisa que anticipa el nivel de debate que se acerca: se revisará la edad jubilatoria, el cálculo del haber inicial, la fórmula de movilidad, los años de aportes, las dobles jubilaciones, los regímenes especiales y el conjunto del modelo de financiamiento.
“El no haber incluido estos temas cuando se debatió la ley de Reparación Histórica fue una gran pérdida de oportunidad”, analiza Idesa. “Se dispuso invertir una enorme masa de recursos para levantar la hipoteca previsional que había dejado la irresponsable decisión de negar movilidad a una gran cantidad de jubilados entre 2002 y 2008, pero respecto a la crítica situación presente y al sombrío futuro del sistema se dispuso sólo la creación de una comisión”, señala esta consultora.
Si los tiempos políticos habilitan iniciar este debate será uno de los más trascendentales para la estructura del gasto público nacional y empujará a reformas inevitables en las cajas provinciales. “En resguardo de la organización federal, cada provincia debe mantener su autonomía en la decisión de estas temáticas, pero parece también razonable que la Nación no financie situaciones que corresponden a decisiones autónomas de los gobiernos provinciales y difieran de la normativa nacional”, señala el economista Oscar Centrángolo, experto en finanzas públicas e investigador de Conicet. “Consensuada una capacidad de protección homogénea general para todo el país, si algunas provincias acuerdan sostener regímenes previsionales más benévolos deben acordar su financiamiento con los propios contribuyentes provinciales”, agrega Centrángolo.
El jubilado promedio de Córdoba percibe tres veces más que una mínima nacional y la distancia se amplía a 15 veces si se pone en relación ese haber básico con el de regímenes especiales como el de los magistrados.
“LA FÓRMULA DE MOVILIDAD NO SE TOCARÁ”
“No va haber cambios, estamos contentos con la fórmula actual (de movilidad jubilatoria)”, aseguró a PERFIL CORDOBA, el director ejecutivo del Anses. “Hubo muchas críticas hacia la fórmula porque está relacionada con la inflación, pero en un año en el que, lamentablemente, la inflación es mayor a la que esperábamos, tener la jubilación atada a este indicador es muy positivo para los jubilados y eso es lo que ellos nos agradecen”, afirmó Emilio Basavilbaso. La nueva fórmula, aprobada a fines de 2017, se conforma en un 70% por el IPC del Indec y en 30% por la evolución de los salarios formales (índice Ripte) de dos trimestres anteriores. Por ejemplo, el aumento que regirá de septiembre a noviembre toma en cuenta IPC/Ripte de enero-marzo.
Para los críticos que cuestionan al Gobierno desde la perspectiva de los jubilados aseguran que, a pesar de estar atados al índice de precios, “los haberes jubilatorios sufrirán un retroceso de hasta 8,3% en el 2018 respecto a la inflación”, tal como lo afirma el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Esto se debería al hecho de que se consideran los índices acumulados trimestrales con seis meses de retraso; vale decir, implica una menor velocidad en la captación del impacto inflacionario. Por otro lado, al incorporar el índice RIPTE a la fórmula, se perjudica el cálculo con niveles salariales que se están moviendo por debajo de la inflación.
Para quienes ponen el acento en el peso del gasto previsional sobre el déficit público nacional, advierten al Gobierno que “está creciendo a una tasa cuatro veces superior al aumento del resto de las erogaciones”, como lo indica Idesa. “El gasto previsional se expande no sólo por aumentos de haberes sino también porque los nuevos jubilados superan a los beneficiarios que fallecen. En otras palabras, aun con la nueva fórmula de movilidad el sistema previsional es un factor de desestabilización de las cuentas públicas”, alerta Idesa.
