A una semana de las elecciones provinciales celebradas el domingo 25 de junio se intenta determinar por qué se frenó el escrutinio provisorio a la medianoche y terminó de cargarse después de las 6 de la mañana del lunes 26 con el 94,9% de las mesas procesadas. Agónicamente, se llegó a ese límite para garantizar una tendencia imposible de revertir.
Tres días antes, la Junta Electoral integrada por Marta Vidal, Jorge Namur y Leonardo González Zamar, había anunciado la incorporación de la tecnología Turing para la carga y transmisión de los datos de las mesas de un modo más transparente, trazable y ágil. La expectativa se frustró el día de los comicios.
El escaso margen de ventaja de tres puntos que sacó el ganador, Martín Llaryora, de Hacemos Unidos por Córdoba, frente a Luis Juez (Juntos por el Cambio) –según los cómputos provisorios– mantuvo la tensión hasta altas horas de la noche. Si la diferencia hubiera sido amplia, posiblemente las fallas en la carga y transmisión de los resultados no habrían causado el estrépito político que provocaron.
¿Qué falló ese día? Para la presente crónica se realizaron consultas a fuentes de diferentes ámbitos del Poder Judicial, Fiscales Públicos Electorales (Fipe), técnicos subcontratados por empresas adjudicataria del servicio, especialistas informáticos y a las dos firmas privadas involucradas en la tarea, Ocasa y MSA.
Las empresas contratadas – cada una en su ámbito – consideraron que el trabajo prometido se cumplió. Sin embargo, hay una investigación administrativa dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el lunes pasado a las 5 de la madrugada posterior a la elección, que apunta a Ocasa por ser la responsable del contrato para los servicios de logística electoral y del escrutinio provisorio. Si se comprueba incumplimiento se aplicará una multa, a determinar según el impacto de la falla. La investigación no abarca a funcionarios judiciales.
Una hipótesis propia, en base a los numerosos testimonios recogidos por este medio, fue que habrían fallado las máquinas Turing, en algunos casos impidiendo la carga y en otras también la transmisión de los datos; y que no habrían concurrido a las escuelas todos los asistentes técnicos necesarios.
En los casos en que las máquinas funcionaron, hubo demoras excesivas para subir la información y remitirla al centro de cómputos. Si se suman la falta de entrenamiento de algunas autoridades de mesa –habitual en todos los procesos electorales– que también generó demoras, las expectativas generadas de un escrutinio veloz que no se cumplió y la escasa diferencia entre el ganador y el segundo en una elección altamente polarizada, se encuentran las explicaciones a las durísimas críticas descargadas hacia la gestión de la Justicia Electoral.
Alertas de que algo podía fallar. En la semana previa al domingo electoral, Ocasa advirtió a la Justicia que había “problemas de conectividad” en 250 escuelas dispuestas para la votación. Para evitar “estresar el sistema” propuso que en esos centros se realizara un escrutinio tradicional. Las autoridades electorales rechazaron la iniciativa y resolvieron reforzar las redes de Internet en esos establecimientos.
El domingo 25 de junio, cuando transcurría la mitad de la jornada de los comicios, llegó una nota dirigida a la Junta Electoral con un cuadro de situación altamente preocupante.
Mientras la gente votaba, Ocasa informó que en los días previos se había detectado un 30% de escuelas con problemas de conectividad. Y agregó que ese día y durante las jornadas para las pruebas de simulación (jueves 22 y sábado 24) se produjo una “variada participación” de asistentes técnicos para operar el Turing. A pesar de que habían capacitado a 2.100 personas para realizar la tarea, un alto porcentaje no asistió.
La empresa sugirió instrumentar de inmediato dos planes de contingencia que contemplaran las siguientes situaciones:
-Si la máquina aportada por MSA cargaba el formulario con el resultado de cada mesa pero no podía transmitirlo al centro de cómputos, la indicación fue grabar la información con la imagen y la lectura del contenido del acta en un pendrive y llevarlo físicamente hasta el nodo más cercano. En toda la provincia se dispusieron 17 nodos.
-Si la máquina no funcionaba o no había un operador para la carga, se debía elaborar el “acta de contingencia” con los mismos números del escrutinio cumpliendo la función del telegrama de los recuentos tradicionales. El fiscal electoral, Fipe, sería el encargado de llevar el sobre al nodo más cercano.
Todo eso sucedió el domingo pasado. Se usaron ambos planes.
Fue una de las causas que demoró la publicación de los resultados totales en la página web de acceso público.
¿Por qué se ‘compró’ el Turing? Si bien la fallida experiencia no puso en riesgo la validez de las elecciones porque las urnas, las actas y certificados estuvieron y son el respaldo físico, se cuestionó el uso de Turing, sistema que según aclararon desde la Justicia no tuvo un costo extra.
Cuando las autoridades electorales anunciaron que se aplicaría este sistema, ponderaron que permitía escanear las actas. A partir de esa imagen, un software (definido como “inteligencia artificial”) detecta los datos, números, categorías, partidos y, una vez validados por la autoridad de mesa, podían ser enviados al centro de cómputos.
La ventaja que convenció es que las discrepancias podían ser resueltas in situ por cada autoridad de mesa que validaba si la máquina había interpretado correctamente lo que escribió en el acta, con los fiscales partidarios presentes. En el plano ideal, parecía el mejor método. Pero algo falló y eso es lo que ahora ser investiga para deslindar responsabilidades.
El acto comicial es una instancia central en la vida democrática donde no hay margen de error.
Según el relevamiento periodístico de este medio, las máquinas no se conectaron o debieron ser reiniciadas en numerosas oportunidades hasta poder confeccionar los formularios antes de enviarlos. Lo que impidió que el escrutinio avanzara con una carga representativa a un horario aceptable fue la lentitud del sistema y de la transmisión.
Según relataron los fiscales electorales, en el mejor de los casos procesar una mesa demoró 15 minutos; pero en otros casos superó la media hora.
Ocasa endilgó responsabilidad a la conectividad de las escuelas y a la inasistencia de técnicos que, si bien debían manejar las máquinas de MSA, fueron subcontratados a través de terceros por la propia empresa.
En el sumario administrativo ya se comenzó con un relevamiento de irregularidades o fallas a través de los datos que aportan autoridades de mesa y fiscales electorales, testigos directos de la jornada comicial.
