El gobierno nacional no habla de “paquetes de medidas”. Eso huele a la viejas épocas de los ’90, cuando los anuncios seriales desde Economía recalentaban las expectativas y alimentaban la especulación. El equipo que conduce el presidente Mauricio Macri aprendió muy bien esa lección, por eso trabaja en reformas de fondo que, sobre la superficie, llevan el timming del gradualismo. Un gradualismo que, de todos modos, se acelerará tras los comicios de octubre.
Para bajar la pobreza a la mitad, el PBI debería crecer más de 50% en dólares. Sólo así se podría volver al nivel de 13,1% de pobres que existía en 1994. Macri sabe que su meta más real no es “pobreza cero” sino “economía competitiva para un crecimiento sostenido”.
Con una economía creciendo entre 4% y 5%, por al menos dos décadas, el objetivo es alcanzable. "No apuntamos a crecer tres o cuatro años, sino 25. Queremos que la Argentina llegue a ser un país desarrollado y sin pobreza", dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Las reformas en estudio van en esa dirección.
Lo más urgente. Sin dudas, el punto número uno de la agenda es el déficit fiscal, para cuyo tratamiento el gobierno no habla de “ajuste” sino de “camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas”, como definió el ministro Rogelio Frigerio.
Ahora bien, ¿cuáles son las metas y márgenes de acción? La Nación se planteó una meta de déficit primario para este año del 4,2% del PBI, que baja a 3,2% en 2018 y a 2,2% en 2019. Los márgenes de recorte están en dos sub rubros de los gastos corrientes (los subsidios económicos, que al mes de marzo fueron de $35.911 millones, sin variación respecto del año anterior y otros gastos corrientes, que sumaron $52.006 millones, con un incremento del 16%).
Desacoplar al dólar de los precios. Es estratégico lograr que el dólar flote libremente sin transmitir su volatilidad al sistema de precios. Para ello, el gobierno parece convencido de que no sólo debe ganar las elecciones, hacer política monetaria y cuidar el frente fiscal, sino también hacer política focal activa. Según trascendió esta última semana, se está preparando un paquete impositivo para bajar la presión fiscal a algunos alimentos de la canasta básica, entre ellos, la leche.
Relación fiscal con las provincias. Este punto se enlaza directamente con la posibilidad de producir una rebaja impositiva integral. El proyecto que comanda Dujovne prevé poner un límite al gasto corriente de las provincias para que no pueda crecer por encima de la inflación durante 2018, e incluso se reduzca a partir de 2019.
Para instrumentar esta estrategia proyectan sacar en septiembre la Ley de Responsabilidad Fiscal y firmar un nuevo Pacto Fiscal. Los gobernadores, seguramente, demandarán replantear el sistema de coparticipación, para recién entonces debatir una reducción integral de impuestos (ingresos brutos, básicamente). “Este esquema tiene puntos de contacto con lo ya implementado por Brasil”, señaló Dujovne; por eso urge a la Argentina no generar más brechas de competitividad respecto de su principal socio.
Reforma laboral. En este tema, Brasil también picó en punta. Ahora, el gobierno argentino agilizará su propio plan, aunque con menos radicalidad que el modelo brasileño. Se centrará básicamente en los siguientes ítems: flexibilización los convenios colectivos de trabajo, impulso a los contratos individuales, eliminación del aporte sindical que realiza la empresa por cada trabajador y rebaja de algunas cargas sociales y alícuotas de las ART. (Ver abajo “Los tiempos se aceleran…”)
Costo de la corrupción. En este renglón, el equipo de Macri no sólo está orientado a limpiar la obra pública de sobrecostos y coimas, sino también a avanzar sobre los sobrecostos derivados de las mafias sindicales, especialmente en rubros de transporte y logística, que terminan repercutiendo en el desempeño de 15 diferentes ramas de actividad.
IMPACTO EN CÓRDOBA
Nación-Provincia: se aproxima la hora de un sinceramiento fiscal definitivo
Durante el kirchnerismo, el argumento de la “discriminación de la Nación hacia Córdoba” fue parte medular del discurso con que la Provincia explicaba la escasez de recursos. Con la llegada de la Administración Macri, las relaciones bilaterales mejoraron.
"A vos no te ha ido nada mal, gordito", le llegó a decir el Presidente al gobernador Juan Schiaretti, en su último encuentro, al recordarle los $6.000 millones que recuperó Córdoba, pertenecientes a fondos previsionales. Ahora, desde el gobierno de Córdoba sostienen que la Nación debe cumplir con abrir el debate sobre la coparticipación federal y una reforma tributaria integral. Sin ello, “es hipócrita hablar de reducir ingresos brutos”, afirma el ministro de Hacienda, Osvaldo Giordano.
Más allá de estos fuegos de artificios electorales, la economía post elecciones demandará un sinceramiento fiscal definitivo, y ello no porque Nación y Provincia estén totalmente dispuestas a enfrentarlo, sino porque el sector privado no resiste más.
La presión impositiva que sufrió una empresa radicaba en Córdoba, considerando los tres niveles de gobierno, pasó de 25,6% del PBG en el 2005, a 42,5% en el 2015 (ese año, una empresa operando en Brasil tuvo una presión fiscal de 32%; en Uruguay, de 27%; Chile, 21%).
Al margen de la Rosada. Es preciso analizar, desde la provincia, el comportamiento del gasto y la presión tributaria en al menos los últimos seis años de gobierno de Unión Por Córdoba. La profundidad de esa tendencia, proyecta la magnitud del ajuste que debería hacer el gobierno provincial en 2018 para devolver impulso competitivo a la economía local.
La propia cartera de Giordano reconoció en el Mensaje de Elevación dela Ley de Presupuesto 2017: “El aumento en la presión tributaria estuvo centrado en la creación de nuevos impuestos y el aumento de alícuotas de los existentes (…) y la estrategia se agotó”.
¿Qué harán de diferente? “Mejorar la administración tributaria de los impuestos que ya existen”, afirma Hacienda, y asegura que su Programa de Equidad Impositiva (PEI) es la herramienta clave del nuevo enfoque. ¿Alcanzará sólo con el PEI?
“De no haberse incrementado la presión fiscal de ingresos brutos desde 2,95% del PBG en 2006 a 5,32% en 2015, el resultado fiscal de ese año hubiera sido $6.300 millones menor”, señala el Observatorio Fiscal del CIPPES. “Esto significa 10% del gasto público total. La dimensión de este valor opera como indicador de medida de la ineficiencia del sector público provincial”, agrega.
Si en 2018, la ‘Macrinomics’ pone en funcionamiento la Ley de Responsabilidad Fiscal, los indicadores de gasto público eficiente no podrán seguir siendo violentados. Por ejemplo, el que exige que el crecimiento del gasto de personal per cápita no supere al del PIB per capita.
En Córdoba, en los últimos seis años, el PIB per capita tuvo una variación interanual promedio del 3,53%, y el gasto de personal del Estado del 6,86%.
REFORMA LABORAL
Los tiempos se aceleran a ritmo de batucada
La reforma laboral ganó posiciones en la agenda de prioridades del gobierno nacional, pero no porque crea que puede hacer grandes cambios en corto plazo, sino porque Brasil aceleró los tiempos. Un debilitado presidente Michel Temer logró que el Congreso de su país aprobara una drástica reforma del mercado de trabajo, donde ahora priman los acuerdos en las empresas por encima de los de cada sector a nivel nacional.
Actualmente, una empresa de Córdoba tiene que pagar por cada hora de trabajo un 50% más que lo que paga una compañía brasileña. Cuando la flexibilización aprobada en Brasil esté efectiva, la brecha quedaría en niveles similares a los que nos distancian, por ejemplo, de México (más del 120%). Sectores automotor y de la alimentación serán los más afectados, en lo inmediato.
Según estudios de Fiel, con el sinceramiento cambiario se había logrado reducir en poco más de US$1 el costo de la hora de trabajo promedio (de US$ 16,37 a US$ 15,09); sin embargo, ese efecto quedará licuado ante la ‘competitividad crucero’ que alcanzará el mercado de trabajo brasileño.
Ahora, la vara de reformas del esquema laboral quedó muy alta para un país como Argentina, donde existe un poderoso sistema sindical integrado por 6.400 gremios.
Por ejemplo, en Brasil se elimina la contribución obligatoria de los empleados a los sindicatos y en casos de despidos colectivos no se requerirá homologación sindical. Además, se creó la posibilidad de una jornada de 12 horas de trabajo, con 36 horas ininterrumpidas de descanso, y se permitirá pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual.
Asimismo, crean tres nuevas figuras de empleo flexible: el trabajador autónomo dependiente exclusivo (presta servicios para un único empleador sin un vínculo laboral permanente), el teletrabajador sin cobro de horas extras y el trabajador hipersuficiente, que ganando más de US$3.500 mensuales puede negociar individualmente con su empleador.
El último Informe de Competitividad del WEF 2015-2016, muestra que la Argentina está en el puesto número 135 en prácticas de contratación y despido, última en impuestos al trabajo y 130 en productividad general.
INFLACION
Baja genuina, pero insuficiente
El gobierno nacional llegará a las elecciones con un logro significativo respecto de la inflación, al tiempo que con grandes retos en esta materia. En junio se alcanzó la tasa de inflación interanual más baja de los últimos siete años (21,9% según INDEC; 23,4% de acuerdo al IPC Congreso).
Haber reducido la tasa anual desde el 40% que se registró en 2016 a casi la mitad, en un contexto de recomposición de tarifas y tipo de cambio, es positivo porque muestra una baja genuina de la inflación. Sin embargo, que todavía siga por encima del 20% anual es preocupante. Más todavía si se considera que la llamada ‘inflación núcleo’ (75% de la canasta básica) persiste por encima de la inflación general (1,6% vs. 1,2%).
¿Qué esperar después de los comicios? “Volatilidad, dentro de números bajos. En principio, hasta noviembre no debería haber ajustes tarifarios; recién ese mes se daría una corrección de precios mayor”, afirman desde estudio Alpha, dirigido por Hernán Del Villar. Para el economista Daniel Artana, de Fiel, el 2017 cerrará en alrededor del 21%; según la consultora ACM, en 23%.
Estamos lejos aún del 17% previsto para este año por el Banco Central (BCRA), y más distantes de la ‘meta 2018’ que el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, ya informó al Ministerio de Hacienda: entre 8% y 12%. ¿Propósito posible o pura fantasía?
De acuerdo a la interpretación de algunos analistas, la estrategia de endurecimiento monetario (tasas de más de 26% anual para emisión de Lebac a 30 días) tiene impacto limitado sobre la inflación núcleo. “Cuando la gente guarda expectativas inflacionarias, disminuye su demanda por moneda y compra hoy lo que tendría que comprar mañana, anticipándose a la suba de precios”, explica el economista Roberto Cachanovsky.
Conscientes de que esa expectativa no desaparece y crea un círculo vicioso, el BCRA se juega a luchar con la tasa para crear una percepción de ‘ecosistema inflación un dígito’, y así empezar a torcer el brazo de los formadores de precios, que en gran medida retroalimentan el proceso inflacionario aprovechando la incertidumbre. Pero, Sturzenegger no lo tendrá fácil: la madre de todos los problemas es el déficit fiscal, y para resolverlo, el gobierno nacional debe seguir actualizando tarifas en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
El punto a favor es que en el nuevo cálculo del índice nacional que elaboró el INDEC se redujo la ponderación del índice GBA y de gastos clave como transporte (pasó del 11% al 5,2%) y servicios domiciliarios para el hogar (del 8,6% al 4,7%).
Entonces, al margen de lo que pase en ‘el Puerto’, la inflación nacional en el 2018 no debería estar fuertemente condicionada por los ajustes tarifarios que allá restan hacer. A la vez, este nuevo cálculo del índice nacional dejará en evidencia los ajustes que se produzcan en cada economía provincial, particularmente en los renglones de energía y transporte público.
