El fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, concluyó la investigación al intendente de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, por la forma en que concretó el alquiler del predio donde funciona el basural y por el modo en que gestionó la disposición de los residuos. La localidad fue noticia a comienzos del año pasado por la proliferación de alacranes que acechaban a sus habitantes.
La existencia de árboles siempreverdes colindantes al terreno constituyó, según los especialistas, una barrera natural a los predadores de los escorpiones, con lo que se reprodujeron sin control. Resulta evidente que no se evaluó antes de activar el depósito de basura si era el terreno apto y qué consecuencias acarrearía su localización.
En su resolución -que puede ser apelada por la defensa de Salibi- Bornancini consideró que el jefe comunal incurrió en el delito de abuso de autoridad y debe ser juzgado por ello. Lo fundamentó en dos cuestiones, el incumplimiento del proceso administrativo para realizar el contrato de alquiler del predio y la utilización del terreno para un basural sin tramitar previamente la autorización ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
En el primer caso obvió el procedimiento que le fijan las ordenanzas administrativas y en el segundo las leyes provinciales y nacionales referidas al ambiente y a la gestión de residuos sólidos.
El contrato. El intendente celebró un contrato de locación con el titular de un predio ubicado en el barrio El Talar de 17.700 metros cuadrados, cuya vigencia se extendió desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 por un monto total de $432 mil. Lo suscribió en forma directa y obviando el Régimen de Contrataciones de Mendiolaza.
El objetivo era la instalación de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos y depósito y tratamiento de poda y residuos verdes, según se especificó.
Sin aviso. El fiscal observó que, además, “omitió dolosamente dar cumplimiento a la legislación nacional y provincial cuya aplicación le incumbía, ya que no presentó el aviso de proyecto ni inició ningún tipo de actuación administrativa en forma previa a la suscripción del contrato de locación ante la Secretaría de Ambiente dela Provincia de Córdoba, a los fines de obtener la correspondiente licencia ambiental”. En otras palabras, se depositó la basura sin evaluar si el lugar y las condiciones eran aptos. Esta circunstancia fue acreditada a través de diferentes informes e intervenciones de Policía Ambiental que labró actas ordenando el cese preventivo de todas las actividades del predio.
Los vecinos. Si bien el trámite de la causa no abarca aspectos ambientales, el fiscal consideró que la omisión de cuestiones procedimentales administrativas tiene, en este caso, consecuencias en la salud humana y el ambiente. “Sin ingresar al análisis de la situación ambiental actual, cuestión discutida en la acción en trámite en el fuero civil -subrayó- no escapa al suscripto la afectación a la calidad de vida de los vecinos de la zona, dado a que se han incorporado testimoniales e informes, e incluso copias de constancias médicas, que dan cuenta de ello, y que motivaron la declaración de emergencia sanitaria y ambiental en la ciudad. Ello lleva al suscripto a concluir la importancia que el acabado cumplimiento de la normativa ambiental y de residuos sólidos urbanos tiene para la salud y para la calidad de vida de la población”.
Qué dijo Salibi. En su defensa, el jefe comunal aseguró que fue regularizar una situación de hecho, que el predio está “totalmente remediado” gracias al aporte de recursos del Ministerio de Gobierno. Informó que disminuyó la cantidad de alacranes y que continúan haciendo recolección del desmalezado, tratamiento, compostaje y una campaña de concientización en los barrios de la ciudad.
Dijo también que la Secretaría de Ambiente continúa trabajando en el raleo de siempreverdes en el predio denominado ‘El Bosquecito’.
INMINENTE RESOLUCION DEL JUICIO AMBIENTAL
En las próximas semanas, el juez civil de 51ª Nominación Gustavo Massano emitirá un fallo de fondo sobre el juicio que entablaron los vecinos. Fijará el procedimiento a seguir adelante en las dos problemáticas planteadas, el basural y la excesiva proliferación de alacranes. Así lo admitieron fuentes tribunalicias consultadas por este medio.
El expediente inició como un amparo donde un grupo de habitantes de Mendiolaza solicitó, en diferentes instancias, medidas cautelares para detener el brote de escorpiones e intervenir en el basural. En el transcurso de la causa, el magistrado le imprimió un trámite de juicio ambiental tal como hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el saneamiento del Riachuelo, que atraviesa la ciudad y provincia de Buenos AIres.
Massano convocó a técnicos y especialistas de Conicet, del Cequimap (Centro de Química Aplicada, UNC), dio voz a los vecinos que se movilizaron, a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, además de las autoridades de Mendiolaza.
