La economista desmenuza el plan económico para alcanzar el déficit cero basado en el recorte y no en el ordenamiento del Estado.
OBRA PÚBLICA. “Bajar los gastos de vialidad nacional mejorando la pertinencia de los planes de obras no es lo mismo que reducir gastos suspendiendo la inversión”, asegura la especialista. |
CEDOC PERFIL
Virginia Giordano*
El gobierno celebra que en enero se alcanzó superávit financiero. En un contexto donde gastar por encima de los ingresos ha sido una política transversal a diversas administraciones, no se trata de un logro menor. Tomar conciencia de que los crónicos déficits fiscales son una ‘política de Estado’ equivocada, que lleva a excesos de deuda y emisión, es un paso esencial para salir de la decadencia.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el resultado financiero positivo equivalente a 0,2% del PBI, se logró gracias a una fuerte y generalizada reducción real del gasto público, salvo intereses. Dentro de las reducciones del gasto, lo que más bajó fueron las jubilaciones y pensiones (-32,5%), los programas sociales (-59,5%) y los gastos en personal (-18%). Dicho de manera simplificada, el sustento del superávit fiscal es una fuerte licuación de los gastos, sobre todo de jubilaciones. Esto lleva a alertar que mejorar las finanzas públicas apelando a actualizar remuneraciones por debajo de la inflación es una estrategia que tiene muchas debilidades. La más obvia es que necesita de alta inflación.
No es lo mismo licuar que ordenar. La esencia del ‘plan licuadora’ es que en un marco de aceleración inflacionaria la recaudación se mueve a un ritmo parecido al de la inflación, mientras que una parte importante de los gastos se actualizan muy por debajo del incremento de los precios. Esta estrategia se aplicó muchas veces en la Argentina, pero pocas con la intensidad de la actual. El mejor testimonio es que en febrero se pagó la jubilación más baja desde hace al menos tres décadas.
Es una estrategia con perspectiva de corto plazo, es socialmente muy costosa, genera muchas tensiones políticas y, desde el punto de vista económico, es contradictoria: el éxito en la reducción de la inflación lleva, paradójicamente, a deshacer el ajuste fiscal. Baja la inflación, se reduce la licuación, chau ajuste fiscal. Nuevamente las jubilaciones sirven para ilustrar este dilema. Si baja la inflación, la aplicación de la movilidad llevará a recuperar el valor de las jubilaciones y la muerte del ‘plan licuadora’.
Esto lleva a enfatizar que es crucial la distinción entre la reducción del gasto público mediante licuación y la basada en el ordenamiento del Estado. Por ejemplo, bajar los gastos de vialidad nacional echando empleados públicos que no trabajan o son corruptos, aumentando la competencia y la transparencia de las licitaciones y mejorando la pertinencia de los planes de obras, no es lo mismo que reducir gastos suspendiendo la inversión pública. En la contabilidad de caja de corto plazo el resultado puede ser el mismo, pero en la perspectiva de estabilizar y crecer tienen impactos diametralmente opuestos. En el primer caso se cuida la infraestructura de transporte manteniendo las rutas existentes y la construcción de las nuevas. En el segundo se deterioran las rutas y no se expanden. En el enfoque del ordenamiento del Estado es posible una reducción del gasto sostenible y compatible con el crecimiento económico, en el segundo el camino resulta insostenible. En algún momento las rutas se vuelven intransitables, además que se cercenan las posibilidades de crecimiento ya que aumentan los costos de logísticas.
La misma lógica se da en el resto del sector público. No es lo mismo bajar el gasto previsional licuando jubilaciones, que cambiando las reglas previsionales. En el primer caso, con altísimos costos sociales, se bajan transitoriamente las erogaciones hasta que maduren los juicios, ya que la justicia previsional no tolera la licuación de haberes. En el segundo se puede reducir el gasto de manera sostenida y cuidando la equidad y la cuestión social.
No es lo mismo bajar gastos dejando de transferir dinero a Cammesa (la intermediaria entre distribuidores y generadores de energía eléctrica) que diseñar un buen esquema de quita de subsidios. El ajuste fiscal dejando de transferir dinero a Cammesa implica que aumenta la deuda con las empresas generadoras de la que se deriva una crisis energética, en el segundo se reduce de manera sostenida la necesidad de subsidiar.
¿Qué falta?
Es imprescindible migrar de un ajuste fiscal transitorio, basado en aprovechar la aceleración inflacionaria para licuar gastos, hacia una reducción sostenible en los gastos junto con una mejora en la calidad de las intervenciones del Estado. Esto requiere convencer a la sociedad (lo que el gobierno ha logrado) y conformar un equipo con las pericias técnicas y políticas que sea capaz de instrumentar las transformaciones (que hasta ahora el gobierno no ha demostrado tener). De que se desarrollen esas capacidades depende que esta vez no se desaproveche la oportunidad para salir de la decadencia.
