Tensión entre gobierno y justicia: “El presupuesto dependerá del plan que se logre consensuar”

Apenas comenzó la entrevista con PERFIL CÓRDOBA, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña, quiso dejar en claro que sus críticas a procedimientos implementados por la Fiscalía General no obedecen a “internas”, sino a discrepancias y miradas diferentes sobre cómo dar una mejor respuesta a la sociedad ante el fenómeno de inseguridad que desemboca en la Justicia.

En el diálogo destacó aspectos que lograron consenso y explicó por qué cree que se deben tener presentes las opiniones de todos los fiscales, jueces y asesores, en base a la experiencia que poseen. Un solo eslabón que quede afuera frustrará el resultado que se busca.

López Peña es uno de los pocos vocales del TSJ que asiduamente concurre a la sede del Fuero Penal en Tribunales 2 y encabeza reuniones con jueces y camaristas. Desde ese lugar, se desmarcó del mensaje que bajó el presidente del cuerpo, Luis Angulo, en una reunión realizada a comienzos de enero para bajar el tono de las críticas, publicada el domingo pasado por este medio. “Acá no hay que discutir quién tiene razón”, señaló y agregó que lo central es tratar los temas de fondo.

Uno de los aspectos en los que plantea diferencias es el del centro de recepción de procedimientos con detenidos. Desde el 2020 funciona uno en el Polo Judicial de barrio Observatorio, lo que genera demoras a la policía. Se pensó trasladarlo a otro punto de la ciudad. Ahora se habla no de uno, sino de cuatro centros en toda la ciudad, en el mediano plazo.

—¿Por qué dice que no hay internas en el Poder Judicial?

—El Fuero Penal trabaja en dar respuestas técnicas y estratégicas a procesos de flagrancias para llegar a una solución. Puede haber visiones distintas sobre el proceso, lo que no puede haber es una separación ideológica. Cuando escucho hablar de internas pienso en esos políticos que no quieren discutir el fondo del asunto. Acá no hay que discutir quién tiene razón, sino cuántas personas participarán, cuántos centros de detención habrá para que no se produzca el embudo que sigue existiendo en la actualidad, qué demoras se permitirán, el rol del fiscal, si será de investigación o litigante frente a un juez, si los jueces alcanzan, si unificarán los criterios, si los camaristas seguirán esa política, donde irán a parar los casos de menor intensidad o bagatela, si esto es exitoso y se supone que producirá un incremento en el corto y mediano plazo de la población carcelaria, si el Estado tienen recursos para hacer frente a eso. Estos son los temas que hay que poner arriba de la mesa. Hablar de internas es una excusa para eludir esto.

—¿Hay puntos en común en los que ya se avanzó?

—En función del análisis de la realidad y luego de haberse entrevistado con todos los operadores judiciales, el doctor (Germán) Garavano sugirió que debían existir cuatro centros de tramitación sobre un presupuesto mínimo de 12.000 flagrancias anuales; separando un centro para los menores de edad que es un tema muy grave y de atención prioritaria.

—¿Sabemos cuántos casos tenemos?

—Esos datos los tiene el MPF que sufre problemas en las cargas de datos por la migración del expediente papel al electrónico. Las Unidades Judiciales pueden hacer un estimativo. El cálculo de los 12.000 anuales que hizo el doctor Garavano surgió de la proyección de casos de prepandemia, cuando todo estaba en papel. Las discrepancias existieron en torno a ese número. Según parece el plan de seguridad que anunció el nuevo gobierno en diciembre pasado, con la creación de nuevos cargos de jueces y fiscales, se asentó sobre estas ideas que se venían trabajando. Que hoy los centros sean cuatro y no uno, que los casos se asemejan más a lo que se venía planteando, muestran un consenso que el año pasado no había.

—¿Hacia dónde apuntan los cambios en el corto plazo?

—Se trabaja en protocolos de actuación para unificar los criterios de los operadores judiciales para desburocratizar el trámite. Los casos de flagrancia son los más sencillos. No todos implicarán pena de prisión. Pueden significar probation, reparación, solución temprana. En caso de reincidencia sí necesitará un juicio y una condena, para evitar la puerta giratoria que está existiendo en este momento. Aceitar ésto no solo tiene que ver con un incremento de recursos humanos de fiscales, magistrados y funcionarios, sino con un proceso teórico procesal donde haya el mayor consenso entre todos los fiscales de instrucción, ayudantes fiscales, fiscales de Cámara, jueces, camaristas y también de asesores letrados que son los que defienden en la inmensa mayoría de los casos.

—¿Ese sería el protocolo?

—Está muy avanzado. Hay devoluciones de todos estos segmentos de magistrados con sugerencias. Si logramos un protocolo que haya nacido de las bases, que son los que conocen el sistema mucho más que los que estamos en la cabeza del Poder Judicial, le veo mayor probabilidad de éxito. Porque van a aplicar todos de la misma manera y se va a desburocratizar el trámite. Este es el aspecto teórico, luego habrá que ver el organigrama.

—¿Ya se asignó presupuesto para estas reformas?

—No. Hay Fiscalías y Juzgados de Control creados por ley. Queda pendiente la creación de asesorías letradas porque si se incrementan los casos deberían también sumarse asesores. No están otorgados todavía los presupuestos. Dependerán del plan que se logre consensuar. Existe la posibilidad de que los nuevos magistrados se sumen a los actuales y se distribuyan los recursos existentes o también podrían crearse Fiscalías y Juzgados con nuevos recursos humanos.