30 sep 2020
CóRDOBA |TOMA DE TIERRAS
domingo 6 septiembre, 2020

En Córdoba hay más de 380 denuncias por usurpaciones

Un estudio advierte que la situación se agravó durante la cuarentena y hablan de “un nuevo ciclo de tomas”. La discusión jurídica sobre si es delito o no.

Mariano Nievas

ESTUDIO. Durante la cuarentena se profundizaron las problemáticas habitacionales. Estiman que son casi 500 familias que se encuentran actualmente en conflictos vinculados con tomas de tierra. Foto: CEDOC PERFIL

Según datos a los que pudo acceder PERFIL CÓRDOBA, desde el 1 de enero al 4 de septiembre de este año ingresaron a la justicia de Córdoba 383 denuncias por delitos de usurpación, tanto de terrenos como de inmuebles.
Este número podría ser superior si se toman las presentaciones que se hacen en comisarías del interior, pero no llega a la denuncia penal. En tanto, durante 2019 las denuncias por usurpaciones formalizadas en la justicia sumaron 549.
Los factores que llevan a una ocupación son múltiples y diversos: desde el déficit habitacional, la marginalidad, el oportunismo político, el negocio individual y el negocio del mercado, entre otras cuestiones.

Problema recurrente. Desde la Justicia no advierten un crecimiento exponencial en la ocupación de terrenos o inmuebles, y aseguran que es un problema recurrente desde hace ya muchos años, principalmente en las zonas rurales. Pero sí admiten que es un tema complejo de abordar y solucionar.
En cambio, desde organizaciones sociales manifiestan que la situación es creciente y que se está multiplicando la toma de terrenos en la provincia.
En Córdoba se registran ocupaciones de terrenos en la zona de Malvinas Argentinas y barrio Cabildo, y en el interior, la zona más afectada es el departamento Calamuchita, en especial en Los Reartes, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano.

Relevamiento. Un estudio elaborado por la Fundación El llano (Cepsal) integrado por investigadoras/es de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y el Conicet, denominado ‘La Foto Revelada’, donde hacen un relevamiento y descripción de la ocupación de tierras durante el Aspo (aislamiento social preventivo y obligatorio), se advierte sobre el inicio de “un nuevo ciclo de tomas de tierras”.
De acuerdo al informe, desde el comienzo de la cuarentena el 20 de marzo hasta julio, los investigadores relevaron al menos ocho conflictos en el marco de tomas de tierras en la provincia.
Las ocupaciones se produjeron durante los meses de mayo, junio y julio.
Es decir, ocho conflictos en cuatro meses de Aspo (uno en mayo, cuatro en junio y tres en julio). Siete son en Córdoba capital y uno en el valle de Paravachasca, en la localidad de Anisacate.
En la Capital la ocupación de tierras está distribuida en barrio Ampliación Cabildo I Sur (50 familias); Barrio José Ignacio Díaz, 1ª sección Sudeste (100 familias); Estación Ferreyra (150 familias); Villa 27 de abril (40 familias); Barrio Sachi (10 familias); Ampliación Cabildo II (20 familias), Bajada San José (100 familias).
Según el estudio, durante la cuarentena se profundizaron las problemáticas habitacionales. De acuerdo a las estimaciones son casi 500 familias que se encuentran actualmente en conflictos vinculados con tomas de tierra.
Sergio Job es abogado de la Utep (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), que a nivel nacional tiene como principal dirigente a Juan Grabois.
Job ha defendido más de 25 ocupaciones de tierras en la Provincia de Córdoba y brinda su punto de vista a la hora de enfocar el problema: “Hay un abandono de parte del Estado en términos de políticas públicas y también del mercado en no generar acceso a la tierra para la mayoría de las personas, eso hace un cóctel explosivo”.
Además, el dirigente advierte sobre el momento actual: “Cada cierta cantidad de ciclos tenemos un estallido de ocupaciones. Claramente ahora estamos en un período de auge de toma de tierras”.

La discusión. Durante la semana hubo una discusión jurídica sobre si tomar tierras es un delito o no, sobre este punto Job es concluyente: “Es falso decir que tomar tierras es un delito, para que se configure una usurpación se tienen que dar elementos objetivos y subjetivos, no cualquier cosa es una usurpación. Ocupar no es usurpar. Todas las ocupaciones de tierras que he defendido, eran terrenos que no estaban siendo ocupados y que no tenían signo posesorio, la mayoría son basurales”.
Job sostiene que quienes realizan una toma de tierra lo hacen por extrema necesidad y sin violencia: “Es un montón de gente que necesita acceder a la tierra y lo hace sin cortar un solo alambre, sin afectar un solo interés. Es muy impresionante cómo de pronto aparecen sectores inmobiliarios, que en la especulación del negocio de la tierra emergen con sociedades fantasmas y dicen ser dueños de esas tierras, es de terror el nivel de delincuencia que hay de ese lado, de los que aseguran que son usurpados”.
Del otro costado del problema están aquellos que denuncian haber sido usurpados.
Es el caso de Leonardo Yaryura, dueño de unos terrenos ubicados en camino a Capilla de Los Remedios Km 5 y ½. Son seis hectáreas que fueron tomadas por más de 40 familias en el mes de mayo. Cuatro pertenecen a la familia Yaryura que tienen su fábrica pegada a esos terrenos y dos son de la empresa La Lácteo.
Yaryura asegura que estas personas ingresaron de golpe durante la noche: “Empezaron con unas carpitas y ya después levantaron paredes”, precisa.
“Detrás de todo esto hay una organización, hay punteros de partidos políticos. Nos desespera el letargo de la justicia, nosotros hicimos la denuncia al otro día de la usurpación y pedimos el desalojo, pero hasta ahora no hay respuestas. Esta gente ha delimitado todo como si fuera de ellos, lotearon el terreno. Nos genera una enorme impotencia ver con la impunidad que se manejan. Nosotros vamos todos los días a trabajar y vemos cómo se metieron en el patio de nuestra casa”, cuenta Yaryura.
Esta causa está en manos del fiscal Tomás Casas quien imputó a 120 personas por el delito de usurpación.
Rafael Pardina es el abogado que representa a la familia Yaryura y a la firma La Lácteo. Argumenta que son los dueños legítimos de los terrenos y que constataron “que los usurpadores actualmente se encuentran edificando e ingresando materiales de construcción con lo cual cada día que pasa la situación se agrava mucho más”.
Pardina afirma que las familias que se encuentran allí están estratégicamente organizadas: “Está todo diseñado, estas personas están perfectamente asesoradas y tienen el respaldo para cometer este delito. Todos tienen su casa, esta gente no está en situación de calle. Claramente lo de Grabois hizo eco en todo el país, por eso necesitamos un aparato judicial que sea oportuno y eficaz. En este caso el desalojo se tendría que haber hecho a las 24 horas de la usurpación”.

“Siempre es clandestino”. 
Facundo Pérez Lloveras es abogado, especialista en Derecho Penal y sostiene que desde el punto de vista jurídico siempre que hay una toma de tierras hay clandestinidad: “No se puede alegar el estado de necesidad como una causa de justificación y por lo tanto lograr impunidad para ese tipo de tomas de tierras”.
Pérez Lloveras también hace una observación sobre las dificultades que enfrenta quien es víctima de una usurpación: “En Córdoba, cuando te usurpan una propiedad es un peregrinar por las fiscalías, tenés que encontrar un fiscal que quiera trabajar y abocarse al tema”.

“Hay una cadena de oportunistas y de víctimas”. 
En el interior provincial la toma de terrenos y usurpaciones de viviendas son un problema reiterado desde hace muchos años.
Alejandro Peralta Ottonello es fiscal de Alta Gracia y reconoce que es un conflicto desde hace ya mucho tiempo, aunque asegura que no tienen inconvenientes de tomas masivas, sino más bien de situaciones particulares: “Tenemos situaciones donde el titular registral no hace una ocupación efectiva muy a menudo y cuando viene un fin de semana o una vez al año se encuentran con que el vecino le tiró el alambrado y se lo anexó”.
El Fiscal además interpreta según su experiencia “detrás de cada usurpación hay un negocio".
"Tenés el que vendió la posesión, el que compró la posesión y así una cadena de oportunistas y de víctimas. Todo esto pasa porque ha faltado una consolidación en los títulos de las tierras y también por un aumento sustancial en el precio de la tierra”, completa.
Peralta Ottonello asegura que desde el punto judicial son conflictos de difícil solución: “Las dos partes siempre tienen algún tipo de derecho que lo asiste. El desalojo es la primera opción que te piden, pero es la más dificultosa de llevar adelante. Generalmente usamos la mediación”.


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