El acceso a la vivienda es, desde hace tiempo, un drama crónico que solo parece empeorar con el paso de los años. Es una problemática nacional, pero que recrudece en el interior del país y en particular en las grandes urbes. Entre otras razones porque, aunque en dólares los precios de los inmuebles no se dispararon, los ingresos en pesos de las familias quedan en la mayoría de los casos regazados. Pero también por condiciones de mercado que se consolidaron en el tiempo, como la escaza cantidad de propiedades con escrituras o la nula existencia de planes hipotecarios para acceder a un inmueble.
En ese contexto, son numerosas las fuentes oficiales y extraoficiales que marcan un fenómeno claro: en los últimos 20 años el fenómeno de la “inquilinización” creció en todo el país, pero en los grandes centros urbanos tuvo una expansión muy marcada.
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec al primer semestre de 2020, sobre un total de 31 aglomerados urbanos señala que el 18,8% de los hogares es inquilino o arrendatario de su vivienda. Pero mirando puntualmente lo que sucede en las ciudades el número crece considerablemente. El Censo 2001 marcaba que el 20% de los hogares de la ciudad de Córdoba son inquilinos, el Censo de 2010 reflejaba que ese número creció al 27% en la ciudad, en tanto que la Encuesta Permanente de Hogares de 2018 ya daba cuenta que hay más de 152 mil hogares que alquilan en Córdoba, el 29,5%.
Ese es uno de los datos que recoge y analiza el trabajo “¿Quiénes, cómo y dónde pueden alquilar en la ciudad de Córdoba? Un análisis desde el derecho a la ciudad y la perspectiva de género”, de Alejandro Luis Brunelli Giorgis, maestrando en Gestión y Desarrollo Habitacional de la UNC. Allí se remarca que “este proceso significativo de ´inquilinización´ de los hogares que se verificó en el último decenio revirtió una tendencia histórica creciente de acceso a la vivienda en propiedad. Los motivos que explican este proceso pueden rastrearse en la creciente brecha que se pronunció en la última década entre el salario y valor del suelo en las ciudades, lo cual tuvo sus efectos la necesidad de alquilar una vivienda, en detrimento de las oportunidades de compra”. Y en esa línea también advierte que “en forma paralela, un número importante de hogares no pueden acceder al alquiler por las rígidas limitaciones que el sistema impone, agravadas por las desigualdades en las relaciones entre propietarixs e inquilinxs, tanto en el mercado formal como en el informal. Esto permite explicar el aumento significativo de los casos de hacinamiento y el crecimiento de las penurias de los hogares de las franjas de menores ingresos, para los que solo resulta accesible la tenencia precaria o informal”.
Nuevo escenario. La profunda crisis que generó la pandemia y la activación de estrategias de contención como el ASPO y la DISPO trastocaron de forma sideral los ingresos de las familias. En ese marco, el decreto 320/2020 del gobierno nacional dispuso el congelamiento de los valores de los alquileres y la prohibición de ejecutar desalojos en todo el país. el decreto fue prorrogado en dos oportunidades y la última prórroga venció el pasado miércoles 31 de marzo, con lo que el lunes será el primer día hábil en que esa protección con que contaron los inquilinos pierde su vigencia.
en los últimos días las agrupaciones que nuclean a los inquilinos salieron a la calle manifestando su preocupación por el fin del decreto y pidiendo su renovación, atendiendo a que para miles de familias la crisis aún no cesó o la recuperación de sus salarios está lejos del momento de la prepandemia.
Con todo, el fin del decreto plantea que las familias que hayan acumulado deudas por meses impagos podrán acogerse a planes de pago de hasta 12 cuotas. La alternativa es enfrentar juicios de desalojo. Para las agrupaciones de inquilinos estamos a las puertas de una crisis muy grave y señalan, según estimaciones propias, que una porción de los inquilinos tiene deudas acumuladas porque no pudo pagar. “Creemos que hay entre un 20% o 25% de los inquilinos que tienen deudas, que no han podido pagar 4 o 5 meses. Y encima ahora llega el descongelamiento de los alquileres, entonces una familia deberá abonar el alquiler, las actualizaciones que les apliquen y las deudas de los meses que no pagó que se puede pagar en cuotas, pero tienen intereses. Vemos una situación muy complicada porque la crisis no terminó por eso pedimos la prórroga del decreto”, señaló Diego Solano de la Unión de Inquilinos, filial Córdoba.
Para el delegado, se viene un proceso de judicialización con amparos en los casos en que las familias puedan enfrentar esos costos, pero también de muchos desalojos. “No tenemos un número de la cantidad de familias en situación de desalojo, sí una estimación por la cantidad de familias que contrajeron deudas. Pero también hay que decir que durante la vigencia del decreto muchas familias recibieron aumentos en sus alquileres e incluso hubo desalojos”
Esa lectura también la comparten desde el colectivo Inquilinos Córdoba. Su referente, Maxi Vittar remarca que “hubo aumentos desmedidos y desalojos ilegales con propietarios que cortan la luz o el agua. Eso se agravó en los últimos meses porque empezaron a llegar intimaciones y cartas documento para presionar. Así funciona esta lógica donde se le trasladó y hubo una delegación del control de todo lo que pasa en el mercado a las inmobiliarias”.
Reclamo al gobierno
Los inquilinos exigen al gobierno que:
-Extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola.
-Plan de desendeudamiento de las familias inquilinas.
-Control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses.
-El gobierno, y en especial el ministro de desarrollo territorial y hábitat Jorge Ferraresi, siguen en silencio frente a la incertidumbre de cientos de miles de familias.
