Enterrar "fantasma" de expropiación, prioridad del empresariado cordobés

“No se fijen tanto en lo que digo, sino en lo que hago”, a esa frase se aferran los dirigentes empresariales de Córdoba que se pusieron al frente de las iniciativas que buscan frenar la expropiación de Vicentin. Es lo que les dijo el presidente Alberto Fernández a un grupo de dirigentes locales que lo visitaron en diciembre en Casa Rosada.
El caso Vicentin convulsiona la agenda y cambia de rumbo hora a hora. El viernes por la tarde el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que entiende en el concurso de la agroexportadora, decidió restituir la gestión a manos del directorio de la empresa y bajar a la categoría de “veedores” a los interventores designados por el gobierno nacional. Tras eso, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, señalaba que tenía luz verde de Fernández para avanzar con una propuesta alternativa que implicaba una intervención administrada por la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe y se interpretó que el gobierno nacional dejaba de lado el plan de expropiación. Pero ayer por la mañana Fernández volvió a patear el tablero al ratificar la intención de expropiar. Lo hizo lanzando un ultimátum al juez: “o aceptan la propuesta de Perotti o expropiamos”, dijo el jefe de Estado.

Para la tribuna. Así las cosas, las cámaras empresariales de Córdoba son conscientes de que no pueden bajar el nivel de presión y que la expropiación, aunque ya no es el “plan A” aún no fue oficialmente descartada. Con todo, los contactos entre empresarios y dirigentes locales consolidan una idea: el gobierno lanza la amenaza de expropiar para la tribuna, pero trabaja para una salida que no rompa los límites legales. “Lo primero que pensé cuando ví a Alberto diciendo que la única alternativa, si el juez rechaza la propuesta de Perotti, es la expropiación es que él le habla a su núcleo duro y le mete una presión extraordinaria al juez. Creo que él está buscando, al menos por lo que nos dicen sus allegados, una salida constitucional y más prolija, pero a su vez tiene que contener a los suyos y darle mística al discurso. Queremos interpretarlo por ese lado”, dice un dirigente local con dialogo con diputados nacionales oficialistas y opositores.

Mientras el gobierno nacional reconfigura su estrategia, el sector privado de Córdoba buscará maximizar los logros de la semana y replicar lo alcanzado (el apoyo empresarial, de ciudadanos del interior y la presión a legisladores) hacia otras provincias y entidades nacionales. Con todo, los dirigentes locales reconocen que a nivel nacional hay tensiones internas y más disgregación. “A nivel nacional la cohesión que tenemos acá no está, eso es obvio. Pero el pronunciamiento de Ianizotto (Carlos, presidente de Coninagro) en contra de la expropiación es un paso muy grande. Buzzi en definitiva no representa a nadie, es un expresidente de Federación Agraria”, remarcan dirigentes que participaron esta semana de los encuentros cruzados con las distintas cámaras.

“Nosotros tuvimos una manifestación muy fuerte, de todo el arco productivo de Córdoba, para darle un marco de seguridad jurídica a esto y eso le da un respaldo adicional a Schiaretti. Yo lo interpreto como un espaldarazo para que pueda negociar”, remarcó Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, en diálogo con PERFIL CORDOBA.

Las bases. Sobre lo que viene y el grado de compromiso de las bases y productores, Luis Magliano, al frente de la Sociedad Rural de Jesús María, advierte que hay diferencias entre este conflicto y el de 2008: “la gran diferencia con la 125 es que hoy logramos una consolidación más amplia. La 125 fue muy del sector y luego se transformó en un reclamo de la sociedad. Esto hoy es percibido como un tema para la sociedad, el gran desafío es no perder el objetivo de que es un tema de la sociedad. Ese es el sentido de la protesta. Nosotros acompañamos las protestas de productores y comerciantes autoconvocados. Si el Estado va a expropiar a todas las empresas que les va mal va a tener mucho trabajo porque hay muchas empresas que van a cerrar”.

En ese sentido, remarca que la prioridad sigue siendo frenar los intentos de expropiación: “el remedio está en la ley. Hay que salvar a la empresa de alguna forma, sin salvar a los dueños, pero el remedio está en la ley. Por eso el juez, sin ser kamikaze, resolvió que siga la administración con los dueños y nombró a los interventores como veedores. Patea la pelota afuera cuando no declara la inconstitucionalidad, podría haber sido un camino. Pero lo que hay que trabajar es dentro del concurso para lograr una solución con los acreedores. No podemos alterar la ley. Si hay una propuesta de salvataje hay que llevársela al juez del concurso. Eso ya se estaba trabajando con la Provincia de Santa Fe, con ACA, los acopiadores y los corredores”.

“Hoy la idea de la expropiación no está caída, por eso tenemos que pedir que se dé una importancia sustancial a la seguridad jurídica de la propiedad privada. Que no pueda venir cualquier poder del Estado a quitarte la propiedad privada, algo que está consagrado en la Constitución. Esta negociación ayer se perfilaba para un lado, pero no estaba definida. Esto es tan dinámico que requiere un seguimiento permanente”, concluye de Raedemaeker.