Evalúan crear fiscalías especiales para investigar los delitos rurales

Luego de las críticas del campo al silencio del Gobierno nacional sobre los reiterados ataques a silobolsas, tanto la ministra de Seguridad Sabrina Frederic como el ministro de Agricultura Luis Basterra manifestaron su “repudio categórico a todos esos actos de vandalismo".
Frederic adelantó que reactivarán un área específica dentro del Ministerio que requerirá información georreferenciada y judicializada para atacar el problema y, además, se hará un censo de silobolsas en todo el país para elaborar "un informe diacrónico" sobre los delitos que ocurren en zonas rurales.
En tanto, el jueves, en un encuentro entre Frederic, Basterra y dirigentes de la mesa de enlace, la ministra de Seguridad no solo admitió un crecimiento de los ataques contra silobolsas sino que también indicó que un 40% ocurrieron en junio de este año.
Según pudo saber PERFIL CORDOBA, en ese diálogo con las entidades del campo surgió la posibilidad de avanzar en la creación de fiscalías especiales que tengan como único objetivo investigar los delitos rurales.
Si bien por el momento es una intención que quedó reflejada en la reunión, se estima que en las próximas semanas avancen en la coordinación con las provincias su eventual implantación.
En el caso de la provincia de Santa Fe, el senador Rubén Pirola acaba de proponer la creación de una unidad fiscal especial sobre delitos rurales. En ese proyecto se busca “contar con una estructura y una organización judicial especializada en la investigación y persecución de los delitos rurales”.
En la semana se conoció un proyecto de ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja, que buscar crear la figura de “vandalismo rural” con penas de hasta 10 años de prisión.
El actual código penal sí tiene establecidos los delitos que se cometen en ámbitos rurales y están contemplados en los artículos 163, 166, 167 y 184 (hurtos, robos, daños, estragos, abigeato).

Innecesario. En diálogo con este diario el fiscal federal Maximiliano Hairabedián relativiza el proyecto de Massa: “Lo único positivo del proyecto es que eleva las penas del daño rural y simbólicamente da una señal de rechazo oficial a los ataques a instalaciones agropecuarias”. Y agrega: “Esta es una necesidad actual por el aumento de episodios en contra del campo, que generan mucho perjuicio en un escenario de indefensión propio de los lugares desolados”.
De todos modos, Hairabedián sostiene que no hace falta “inventar más delitos rurales”.
“Actualmente todas las conductas lesivas para el campo tienen sanción en el código penal y muchas veces agravados con penas más altas, precisamente por la relación con la actividad productiva del agro. Algunos sostienen que romper silobolsas hoy no es delito. Romper un silobolsa constituye el delito de daño (art. 183 del CP) y hasta puede agravarse si tiene motivaciones políticas o se comete en bandas de tres o más personas, precisa.
Hairabedián interpreta que el proyecto de Massa “no servirá a sus proclamados propósitos de llenar lagunas regulatorias para castigar el vandalismo rural, ni para dar respuesta judicial certera y eficaz a las víctimas. El grado de impunidad de estos atentados a la propiedad pasa por otro lado. Se vincula con la dificultad de prevenirlos y reprimirlos porque suceden rápidamente, en lugares alejados, generalmente al amparo de la noche, con malhechores que no suelen tener elementos que los comprometan, donde no hay policías, testigos, cámaras, teléfonos, alarmas, ni nada de lo que habitualmente está destinado a disuadir o detectar”.
Por último, sentencia:“La reforma anunciada no servirá para cambiar la realidad y será un parche más al recauchutado código penal. Es lo que se conoce como ‘inflación penal’: agregar delitos para dar la falsa sensación de que son la receta mágica a la solución de cualquier problema. Mientras los autores de los hechos sigan sin ser atrapados, poco le temerán a la letra de la ley en los papeles”.

Córdoba sigue sin detenidos. Según el relevamiento de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) desde enero hasta la fecha, se produjeron más de 60 casos de ataques a silobolsas en todo el país, esto significa unas 5.700 toneladas de granos dañadas.
Según CRA en el 2020, “asesinatos, rotura de silobolsa, incendios intencionales, robo de maquinaria, de cosecha, de agroquímicos, abigeato y la usurpación de campos, son solo muestras de la inseguridad que sufren a diario los productores”.
Villa María, Oliva, General Levalle, Cruz Alta, Adelia María, Cañada de Luque, Alcira Gigena, Río Cuarto son algunas de las regiones en la provincia de Córdoba donde se produjeron hechos de inseguridad rural, en especial la rotura de silobolsa.
Hasta el momento no hay ningún detenido por los últimos hechos ocurridos en la provincia.
Desde la Justicia aseguran que, si bien están trabajando para lograr alguna detención, admiten que resulta “muy dificultoso” poder identificar a los autores de estos hechos, por las características del delito, la extensión de los campos y el horario de madrugada en que se cometen este tipo de ilícitos.