El próximo jueves se iniciará en la Cámara 3° del Crimen un juicio contra una banda que controla parte de barrio Maldonado. Entre los acusados están José Luis y Sergio Alejandro Vélez, considerados referentes del sector, además de otras seis personas, imputados por los delitos de comercialización de estupefaciente y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de tres o más personas”.
El fiscal que actuará es Marcelo Hidalgo. Desde su perspectiva, durante las audiencias se debatirá el significado de un territorio copado por narcos. “No son puntos aislados, hay puntos de ventas infranqueables, sin control, sin posibilidades que haya personas fuera de las familias que mandan”, explicó el fiscal a PERFIL CORDOBA.
“El copamiento de un barrio es el germen del desarrollo de actividad de narcotráfico que tiene consecuencias sociales, porque deteriora en forma irremediable la estructura de vida de sus habitantes”, advirtió y a continuación sostuvo que “conforme las informaciones técnicas, el copamiento territorial es el inicio de la colombianización”.
Además, existe la posibilidad de que algunos de los acusados asuman responsabilidad para liberar de culpa a las cabezas. Ante ello, Hidalgo sostuvo: “Esto demuestra el grado de compromiso de algunos que a costa de su libertad son capaces de salvar a los grandes narcos que manejan la situación”
Acusados. Los acusados son Josefa Banegas, Karina Andrea García, Carlos Diego Cantero, Ricardo Andrés Pereyra, Eduardo Emanuel Barrera, Adriana Luisa Quinteros, Gonzalo Andrés Avallay y los primos Sergio Alejandro y José Luis Vélez. La causa se inició por una denuncia anónima sobre kioscos que vendían droga. El 13 de abril del año pasado la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó tres allanamientos en domicilios de Maldonado y barrio Yapeyú.
En uno de los domicilios se secuestraron numerosos envoltorios que, sumados, alcanzaron más de cinco kilos de cocaína mezclada con fenacetina, cafeína, almidón, paracetamol e ibuprofeno y 60.000 pesos.
Buenos contactos. Entre los numerosos testigos que declararon, varios vecinos y también consumidores, un relato da cuenta de que Josefa “tenía conocimiento que la policía la buscaba pero no le importaba, mencionaba que hacía unos días la misma había sido alertada de la realización de un control por parte de la policía a uno de los compradores”. El dato da cuenta de los vínculos que le permitían prevenir los futuros procedimientos. Entre los roles distribuidos hay niños de 11 y 12 años, a quienes llaman “teros” y están en las esquinas para informar los movimientos en el barrio. Según testimonios que constan en la acusación “les pagaban dos mil quinientos pesos por semana”.
Otros relatos expresan el miedo con el que viven. Vecinos indicaron que “no podían ni salir a la vereda porque siempre estaba llena de gente que iba a comprar droga, gente que estaba drogada y era peligrosa, que si les decías algo eran capaces de pegarte un tiro”.
El fiscal señaló su expectativa de “poder acreditar y llamar la atención sobre lo que esto significa porque no es el único barrio que sufre este flagelo”.
