Fiscal General pide que Cancillería firme acuerdo ofrecido por Brasil
Alejandro Moyano consideró que es legal adherir a las condiciones que fijó Brasil para acceder a información del Lava-Jato. Dictaminó que la autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
FIRMA. El dictamen fue enviado al Tribunal Superior de Justicia para su remisión a la Cancillería argentina. |
Cedoc Perfil
El fiscal General, Alejandro Moyano, solicitó que la Cancillería argentina firme el acuerdo propuesto por Brasil que permita acceder a las declaraciones y pruebas contenidas en la causa Lava-Jato, donde existen referencias de pagos de coimas en Córdoba.
El dictamen tiene varios puntos importantes. Por un lado, considera que el “Acuerdo de Compromiso de Especialidad y de Limitación del Uso de Pruebas”, que contiene una serie de condiciones, es legal y es posible suscribirlo. Y por otro, pondera la necesidad de acceder a la información que puedan aportar las autoridades del vecino país para esclarecer si existieron hechos de corrupción en Córdoba, en aquellas obras públicas de las que participaron y participan empresas brasileñas.
No obstante ello, Moyano estima que ese posible acuerdo excede la competencia que puede tener un fiscal provincial y por ello solicita que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el que lo suscriba, ya que lo haría en representación del Estado argentino.
La causa que motivó el pedido de información al juez de Curitiba, Sergio Moro, se tramita en la fiscalía Anticorrupción N°1. Su titular, Hugo Amayusco –actualmente de licencia y próximo a efectivizar su jubilación– libró el año pasado el exhorto. La respuesta que llegó de aquel juzgado consistió en una serie de condiciones contenidas en el acuerdo ya mencionado. La cuestión medular del pedido radica en un compromiso que debe asumir la justicia argentina de no perseguir penalmente a ninguno de los arrepentidos que colaboraron para el esclarecimiento de los hechos de corrupción en Brasil.
En los considerandos el dictamen de Moyano refiere a ello señalando que “la autoridad Central Brasileña, condicionó la remisión de documentos vinculados al diligenciamiento del exhorto, a la suscripción por parte del Estado Argentino de un acta de compromiso de no utilizar los documentos contra el colaborador Alberto Youssef, contra cualquiera de las empresas del Grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal Brasileño, que haya firmado acuerdos de declaración de culpabilidad negociada en el marco del caso ‘Lava-Jato’”. Youssef es el cambista arrepentido que entregó un cuaderno con anotaciones donde figuran tres menciones de supuestos pagos de sobornos en Córdoba por 36 millones de dólares, lo que todavía no pudo probarse.
Moyano consideró que “no solo no resulta objetable a nivel constitucional, sino que por el contrario, tal limitación tiene acogimiento en nuestro ordenamiento, erigiéndose como garantía constitucional derivada del derecho de defensa en juicio”. Y añadió: “Contar con la prueba requerida al vecino país, permitiría eventualmente avanzar en la investigación, logrando el correspondiente juicio y castigo de funcionarios locales y/o demás partícipes, que hubieren presuntamente intervenido en los hechos de supuesta corrupción estatal denunciados. Es precisamente en este punto, donde se evidencia la importancia de incorporar dichos elementos probatorios”.
