La fiscal federal Nº 3, Graciela López de Filoñuk, recibió el viernes el contenido de una denuncia anónima que llegó a los tribunales federales a través de un correo electrónico hace 10 días aproximadamente. En el escrito se hace referencia a una resolución administrativa de la Procuración General que lleva el número 2497/2017 y que fue firmada por la entonces titular, Alejandra Gils Carbó.
Allí se resolvió el pago de $705.600 a Luis Fernando García Montaño, dueño del inmueble donde funciona la Fiscalía Federal Nº2 cuyo titular es Gustavo Vidal Lascano. La casona está ubicada en Wenceslao Paunero 2025, frente al palacio central de los tribunales federales locales. Se llega a la cifra mencionada con los siguientes conceptos: retroactivos correspondientes a alquileres mensuales de $48.500 entre el 10 de septiembre de 2016 y el 9 de febrero de 2017. A ello se suman otros siete meses por $66.157 entre el 10 de febrero de 2017 y el 9 de septiembre de 2017.
El contrato continúa vigente y data del año 2011 cuando, según la misma denuncia, García Montaño fue el único oferente ante la convocatoria lanzada desde la Procuración. Los contratos de alquiler son abonados con presupuesto del Ministerio Público Fiscal y, por lo general, son gestionados en cada distrito por los titulares de las dependencias que requieren de esas sedes.
Una de las cuestiones que habrá que determinar es si los valores abonados se corresponden con los del mercado inmobiliario en ese sector circundante al Parque Sarmiento. Según la denuncia, representan el doble. Otro aspecto cuestionado es que el dueño del inmueble con quien se acordó el alquiler es esposo de quien fuera secretaria de la Fiscalía de Cámara, ya jubilada, planteando la duda sobre presuntas incompatibilidades en el negocio. Aclara, a continuación, que un hijo también trabaja en los tribunales federales, en la Fiscalía N.º 1.
