Si los menores de 16 años son inimputables y no pueden ser detenidos para garantizar sus derechos consagrados en leyes nacionales y convenciones internacionales, ¿qué puede hacer la Justicia y el Estado cuando se encuentra con un caso como el de Joaquín Sperani, donde uno de sus mejores amigos, de sólo 13 años, es señalado como el autor del homicidio?
Sobre el tema en particular, las derivaciones ordenadas por los Juzgados Penales Juveniles de niños o adolescentes menores de 16 años al Complejo Esperanza, existe un fuerte contrapunto hacia el interior del Poder Judicial. Tal intensidad adquirió la cuestión que asesores letrados de ese fuero presentaron, en marzo pasado, un habeas corpus reclamando dos cosas: el cese de las privaciones de libertad de seis jóvenes de 14 y 15 años –en ese momento alojados en el Complejo Esperanza– y el establecimiento de pautas claras que impidan a futuro la reiteración de esa situación.
“Son detenciones lisas y llanas, sin eufemismos”, subrayó a este medio uno de los funcionarios firmantes del escrito, más allá de que los jueces aduzcan razones de “resguardo o de diagnóstico”.
En el Complejo Esperanza tienen barrotes y guardias, si hay algún tipo de desorden ingresan grupos especiales y los jóvenes no pueden salir y sólo reciben visitas una vez por semana. Es un régimen de privación de libertad.
El primer aspecto solicitado en el recurso fue declarado abstracto porque al momento de producirse la resolución los seis jóvenes habían sido externados. No obstante, la jueza que dictó ese fallo, Nora Giraudo, nada dijo sobre el segundo aspecto que plantearon los asesores letrados. Por esa razón, el planteo se encuentra actualmente en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
No es la primera vez que el máximo tribunal se expedirá sobre el particular. En diciembre del 2021, con la firma de los vocales Sebastián López Peña, Aída Tarditti, Marta Cáceres de Bollatti y Luis Angulo, el TSJ declaró “incompatible” las detenciones de menores inimputables con la Convención del Niño y con jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto.
Lo que cabe, en estos casos, son “acciones preventivas para evitar el contacto con el sistema penal juvenil, mediante alternativas enfocadas en la responsabilidad y asistencia parental y estatal y, excepcionalmente, que se recurra en los programas estatales al acogimiento fuera del hogar familiar como medida de último recurso y durante el período más breve posible y debe estar sujeta a revisión judicial”, explicó el TSJ en su resolución.
Y puntualizó: “La regla es clara y no deja alternativa para la subsistencia de las medidas tutelares, especialmente las privativas de la libertad y deberá, en su caso, revisarse la posibilidad de la validez constitucional con la regla en pugna”.
Así se refería al artículo 94 bis incorporado a la ley 9944 en 2019, que habilitó a los jueces a dictar “medidas de resguardo o de coerción” a menores de 16 años por un máximo de seis meses. Al parecer, aquel fallo no fue suficiente porque continuaron dictándose las detenciones.
En procura de una ratificación y mayor aclaración de la posición asumida por el TSJ, es que se impulsó el habeas corpus mencionado.
Si no pueden ser detenidos, ¿qué hacer? Decir que un menor de 16 años es inimputable significa que no puede ser juzgado ni recibir condena. Oportunamente, Argentina firmó convenios internacionales y resolvió ese límite.
Magistrados del fuero Penal Juvenil entrevistados por PERFIL CÓRDOBA relataron qué se hace con estos casos en la actualidad.
Primero, toman contacto directo con el adolescente, junto con los padres o tutores y con el asesor letrado. Si bien la ley no lo obliga es usual que se haga. El objetivo es conocer cómo se siente, qué le sucede y si sabe por qué se encuentran en esa situación. Es una conversación libre: hay adolescentes que hablan y otros que se mantienen en silencio.
El tribunal informa a los padres el hecho en el que se vio involucrado su hijo y en un mes aproximadamente los equipos técnicos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) realizan estudios psicológicos y sociales para elevar un informe al tribunal. E
se reporte con recomendaciones aportará elementos al juez para resolver qué tratamiento y residencia corresponderá al joven. En muchos casos, se ordena que no vuelva al mismo barrio o la misma ciudad, que pueda ser acogido por algún otro familiar y en el extremo de que no existan ámbitos de contención, vaya a una residencia de Senaf.
Lo importante es el seguimiento posterior, no sólo en lo relativo al tratamiento psicológico sino también en su inserción educativa, actividades lúdicas y deportivas, porque el objetivo no es punitivo sino que se reinserte a la sociedad.
Resonancia magnética. En el menú de estudios hay uno de particular importancia: la resonancia magnética cerebral, un complemento del informe psiquiátrico, indicativo sobre la existencia o no de patologías físicas de base que permite medir la reincidencia en conductas violentas. Si hay indicios de peligrosidad será el psiquiatra quien dará las pautas a seguir. Y si el joven requiere internación, el Juzgado seguirá a cargo de él.
¿Qué pasa con las víctimas? En hechos de baja intensidad (menos graves y violentos) se habilita un proceso de mediación con entrevistas a las partes y se procura un acercamiento. En ocasiones, los niños incursos en delitos escriben cartas para manifestar su arrepentimiento y está en la víctima aceptarla o no.
Si bien todo este proceso está previsto para los adolescentes de 16 a 18 años, no está prohibido para los menores de esa edad y en la práctica se llevan a cabo. Son los principios de la denominada “justicia restaurativa”.
SENAF TIENE UN PROGRAMA PARA MENORES NO PUNIBLES, PERO NO HAY RESIDENCIA ESPECIAL
El homicidio de Joaquín Sperani (14) es un hecho impactante y excepcional por la presunta intervención de otro menor, amigo muy cercano a la víctima, de 13 años de edad. No obstante, por la edad, en Córdoba hay otros adolescentes inimputables que participaron en homicidios.
El jueves último, PERFIL CÓRDOBA entrevistó a Georgina Tavella, titular de de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), a su regreso de Laboulaye donde había viajado luego del crimen de Joaquín para conocer cuál es el trabajo en esos casos.
—¿Qué hace Senaf con los menores de 16 años en conflicto con la ley penal?
—El año pasado cuando se puso en marcha la nueva Ley Penal Juvenil, en Senaf se creó un área para trabajar con jóvenes no punibles. Es un programa inédito en el país. Depende de la Subsecretaría de Protección de Derechos e intenta un abordaje novedoso sobre los chicos y chicas menores de 16 años o mayores pero con delitos de baja intensidad.
—¿En qué consiste?
—Si el delito es de baja intensidad, entonces el juez penal juvenil puede decidir remitir la causa a este organismo de protección de derechos y empieza a trabajar el equipo de no punibles. Hace un análisis del joven o la joven y según sus condiciones decide si regresa a su centro de vida o no. Puede suceder que no tenga adultos que puedan hacerse cargo o exista un entorno adverso, por ejemplo vecinos que busquen represalia. En estos casos, ese joven va a una de las residencias.
—¿Qué pasa cuando hay delitos graves, como homicidios?
—Se trabaja igual pero en forma más intensiva, en la cantidad de actividades y el seguimiento de la salud mental, contemplando también problemática de adicciones. Desde que se formó este equipo, hace un año y medio, seguimos aún a los jóvenes de 14 años que recibimos por estar involucrados en casos graves.
—¿Hay residencias para menores no punibles?
—Generalmente estos chicos vuelven a sus centros de vida. No tenemos una residencia especial para chicos menores de 16 años. Es un proyecto contar con una residencia. Actualmente hay 16 residencias del Estado provincial donde viven niñas, niños y adolescentes y en algunas de ellas viven jóvenes que cometieron delitos junto a otros que no cometieron delito. No es un régimen de encierro. El objetivo es que logren reinsertarse en la sociedad.
—¿Qué significa justicia restaurativa?
—Parte del concepto de adquirir la capacidad de responsabilizarse del hecho. Trabajamos con los jóvenes, en el territorio, para que vuelvan a la escuela, hagan deportes, se integren a la vida social, pero que tengan la capacidad de darse cuenta que cometieron un delito. Quien decide cuánto tiempo va a acompañar es el mismo equipo técnico de la Senaf. Intervención en Laboulaye
—¿Cuál es la tarea en Laboulaye?
—Fuimos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no solo como Senaf. Fue un pedido de la ministra, Laura Echenique, para asistir a las víctimas, junto a la Subsecretaría de Asistencia a las personas, en el marco de las competencias que tiene la Dirección de Asistencia a las Víctimas, que ya ha abordado otros casos de nuestra provincia. Lo primero es la asistencia psicológica a los padres de Joaquín, a sus cuatro hermanitos varones y a las primas que lo encontraron. Hubo contactos con los equipos municipales y provinciales para coordinar cada intervención. También, como Secretaría de Niñez, fuimos a ver la situación para el abordaje del niño que está en el Complejo Esperanza. Me reuní con el juez, informé que el niño está contenido y que recibió la visita institucional de otros jueces y fiscales.
—¿Cómo encontró a la sociedad en general?
—Muy consternada. Aunque temo que la mirada se dirija sólo al caso y no se esté mirando a los chicos y chicas de esa comunidad . Estoy preocupada por los adolescentes, por las cosas que circulan en grupos de WhatsApp y en los medios.
