A un año y medio meses del inicio de su mandato, el gobierno de Javier Milei transita una etapa decisiva. El ajuste fiscal, la fuerte contracción monetaria y el freno a la emisión han producido un efecto visible: la inflación, que alcanzaba cifras mensuales de dos dígitos en diciembre, muestra una marcada desaceleración. Se corroboró con el 1,5% sobre el dato de mayo pasado, el bajo en 5 años. Sin embargo, esta victoria inicial tiene costos evidentes, y el futuro económico está atado a decisiones políticas clave que aún no se concretan.
Durante una charla organizada por la Fundación Mediterránea, el presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, analizó la coyuntura con una mirada crítica, pero con concesiones. “El gobierno ha puesto todo el énfasis en bajar la inflación, incluso a costa de sacrificar otros objetivos, como contemplar la vulnerabilidad productiva del país”, señaló. Esta estrategia de estabilización —dura pero efectiva en términos nominales— ha dejado expuesta la fragilidad estructural de muchas empresas, atrapadas en un entorno donde los precios dejan de ser una defensa frente a la ineficiencia.
Uno de los aspectos más mencionados por Giordano fue el deterioro acumulado en la productividad argentina. “Producimos menos que hace dos décadas”, subrayó. Según si visión, el país arrastra una baja incorporación de capital y tecnología, y en las últimas décadas se afianzaron prácticas improductivas —como el sobrestockeo o el manejo financiero de pagos— que en contextos inflacionarios eran herramientas defensivas. Con inflación a la baja, esas mismas prácticas se vuelven un lastre.
Para el Ieral, la situación se agrava por la falta de reformas estructurales. Giordano cree que no basta con estabilizar la macroeconomía; se necesita un entorno que facilite la adaptación de las empresas. Esto implica revisar la política impositiva y laboral. “La diferencia de costos con Brasil no se soluciona con una devaluación del 30%, porque eso tiraría por la borda el esfuerzo antiinflacionario. La salida tiene que ser por el lado institucional”, afirmó.
El contexto regional también complica el panorama. Brasil —principal socio comercial de la Argentina— ha avanzado con reformas que fortalecieron su competitividad lo que explica que hoy seamos un 30% más caros que Brasil, según alertó recientemente la Unión Industrial de Córdoba. En ese línea, se destaca que en los primeros cinco meses del año, las importaciones industriales desde Brasil aumentaron un 50%, mientras que las exportaciones argentinas hacia el país vecino permanecieron estancadas. Esto pone en jaque a sectores industriales que empiezan a plantearse decisiones drásticas: “¿Sigo produciendo, importo o achico?”, es una duda que va tomando cada vez más espacio en el sector.
La salida no será sencilla. Aunque el gobierno de Milei cuenta con apoyo social por su lucha contra la inflación, su viabilidad política es limitada. En octubre se renueva solo el 30% del Senado, por lo que continuará necesitando acuerdos con la oposición. “Aunque al gobierno le vaya bien en las legislativas, va a tener que hablar con los mismos interlocutores de siempre: los gobernadores”, profundizó Giordano.
La actitud de los mandatarios provinciales fue otro de los focos del análisis. En el Consejo Federal de Inversiones (CFI), según Giordano, por primera vez se vio un gesto de “contemplación positiva” hacia el Ejecutivo nacional. Pero advirtió que las expectativas de las provincias estaban por encima de lo real. “Esperaban una mejora en la actividad y la recaudación que no se cumplió, y algunos cambios impositivos micro los afectaron directamente”, sostuvo.
Volviendo a la economía real, el crédito aparece como un factor dinamizador, aunque limitado. Con el Estado retirado del mercado financiero, se liberó capacidad para que el sector privado acceda a préstamos. Esto generó un rebote en el consumo de bienes durables —como autos—, pero es una recuperación “aletargada”, según sus palabras.
En este contexto, el gobierno enfrenta un dilema: continuar con la disciplina fiscal sin margen para reactivar la economía, o abrir el juego a una segunda fase donde la recuperación productiva y la competitividad sean protagonistas. El riesgo es evidente: una estabilidad nominal con destrucción de capacidad instalada y pérdida de empleo.
A pesar de todo, el economista no es pesimista. Considera que algunos pasos —como la convocatoria al Consejo para avanzar en reformas— son señales alentadoras. Pero advierte que octubre marcará un punto de inflexión. “Podría haber sido mucho peor. La actitud de los gobernadores fue constructiva. Pero ahora hay que abordar el otro frente: el de las reformas estructurales. Si no, esta estabilidad será solo una pausa”, concluyó.
Desafíos urgentes. Del mismo Ieral también se desprende un reciente análisis del economista Jorge Vasconcelos que en la publicación “Novedades Económicas” escribe sobre el desafío de pasar de la reactivación al crecimiento.
En su último análisis, Vasconcelos advierte que el nivel del Producto Bruto Interno ya habría alcanzado en febrero de este año el pico de 2017. Esto implica que, para sostener el crecimiento, ya no alcanza con rebotes estadísticos: “Se requieren dosis adicionales de inversión y productividad, en relación con el período de recuperación”, sostiene. Y añade que, sin reformas estructurales profundas, esa mejora podría estancarse o incluso revertirse.
Uno de los síntomas más visibles del freno está en la recaudación impositiva. Los tributos ligados a la actividad económica –como IVA, Seguridad Social e impuesto al cheque– tocaron su máximo en marzo, pero luego cayeron en abril y mayo en términos reales, lo que sugiere una posible meseta en la recuperación. “Hay que prestar atención a este indicador, a la espera de los datos del INDEC”, apunta Vasconcelos.
La debilidad de la masa salarial es otro factor crítico: a pesar de cierta convergencia entre inflación y salarios nominales, la productividad laboral se encuentra en su punto más bajo de los últimos 15 años, lo cual limita la mejora del empleo y del ingreso real. A ello se suma la desaceleración del crédito al sector privado en pesos, que complica el financiamiento para el consumo y la inversión.
El fenómeno de la “dolarización endógena” –impulsado por las últimas medidas del gobierno– también tiene efectos ambivalentes. Mientras que podría mejorar los depósitos y préstamos en dólares, desalienta la operatoria en pesos, que históricamente ha tenido mayor efecto multiplicador sobre la economía. Según Vasconcelos, por cada 100 pesos depositados se prestan 81,2, mientras que en dólares esa cifra baja a 49,5.
Otro efecto colateral del nuevo tipo de cambio es el desvanecimiento de la “Provincia 25”: la demanda proveniente de consumidores de países vecinos, que aprovechaban la brecha cambiaria para hacer compras en Argentina. Ahora, con el derrumbe de esa brecha, son los argentinos quienes cruzan a países limítrofes para abastecerse.
En términos de inversión, el panorama es mixto. Si bien se detecta un leve repunte desde el primer semestre de 2024, el dinamismo sigue siendo débil. Las importaciones de bienes de capital subieron su participación del 38% al 42% entre 2024 y 2025, pero no se trata de un “boom”. La tasa de inversión pasaría de 17,8% a 19% del PBI en 2025, pero Vasconcelos advierte que no hay lugar para el conformismo. “La rentabilidad de las nuevas inversiones, las reformas estructurales pendientes y la subsistencia del cepo a personas jurídicas son factores que condicionan la evolución de esta variable”, concluye.
Así, la gestión Milei enfrenta una encrucijada: sin avanzar en reformas de fondo y sin un shock de confianza que reactive la inversión, el riesgo de quedar atrapados en un nuevo estancamiento está latente.
