El gobierno de la Provincia habría utilizado la estrategia de la redeterminación de los precios de las obras de los gasoductos troncales, a lo largo de tres procesos licitatorios que iniciaron en el 2009, sufrieron un ajuste de precios en el 2012, dos nuevas relicitaciones en el 2015 y finalmente el estallido del escándalo que surgió por sospechas sobre la eventual propuesta de sobornos de parte de constructoras brasileñas.
Esta historia comienza en junio del 2009 cuando se adjudicó a la UTE integrada por las empresas Andrade Gutiérrez, Iecsa y Britos las obras de Infraestructura para la gasificación por ductos de los Sistemas Regionales Centro, Sur y Ruta 2 de la provincia. La obra contemplaba un tendido de 1.770 km. con un presupuesto de US$257 millones, que los ganadores propusieron financiar a través de créditos aportados por el brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Los contratos con esta UTE se suscribieron en diciembre del 2010; fue entonces cuando comenzaron los trámites ante el Ministerio de Economía de la Nación (Mecon) y el BCRA para hacer operativo el crédito concedido por el BNDES. En junio del 2011 (durante el tercer gobierno de José Manuel De la Sota) concluyeron positivamente las gestiones ante el Mecon y el BCRA. Lo que restaba era la autorización del Banco de la Nación Argentina (BNA), que debía emitir las letras de cambio necesarias para concluir los avales. Esto último nunca llegó.
El Nación se despega. En una carta remitida a De la Sota, el 12 de febrero del 2013, por el entonces presidente del BNA, Juan Carlos Fábrega, se advirtió al Gobierno provincial que debía reiniciar los trámites del crédito desde cero por “cambios en las condiciones iniciales del contrato”. Para la Administración De la Sota, esta negativa era parte de la disputa que la Provincia mantenía con la Nación y al supuesto interés de Cristina Kirchner de perjudicar a Córdoba.
Antes que a presuntos enconos de poder, Fábrega se habría atado a protocolos que de no haber cumplido, hoy le significarían estar dando explicaciones ante la Justicia. Ocurre que los papeles que llegaron a sus manos incluían un aumento de casi el 50% del monto acordado inicialmente. Esta redeterminación del precio se produjo por decreto Nº270, del 16 de abril del 2012, donde se autorizó una actualización del 15% para los bienes de origen extranjero cotizados en dólares que se usarían en las obras, lo que impactaba en un encarecimiento final de la obra en $800 millones (unos US$122 millones, al cambio de la época).
“Esas modificaciones no cambian los porcentajes en que se debe ir desembolsando, por lo tanto el banco no tiene por qué hacernos repetir todos los trámites”, aseguró en conferencia de prensa del 5 de marzo del 2013, el por entonces ministro de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia, Manuel Calvo, quien admitió la cifra agregada al monto inicial.
Resultan significativos los argumentos explicitados en el decreto que pretende justificar el incremento de precios. El documento dice, puntualmente: “La recomposición contractual evitará el enriquecimiento sin causa del Estado Provincial en detrimento de la contratista, lo que se verificaría por la desproporción de las prestaciones a ejecutar”.
Lo que cayó y la que se juntó. Sobre el final del último mandato de José Manuel De la Sota (2014), y ante la caída irremediable del financiamiento del BNDES, el gobernador rescindió el contrato con la UTE formada por Iecsa, Britos y Andrade, pero previamente les abonó US$6,7 millones en concepto de “tareas preliminares” que presuntamente hicieron para una obra que nunca inició. Acto seguido, De la Sota volvió a licitar los gasoductos.
En este nuevo intento, los kilómetros de obra se extendieron a 2.336 (antes eran 1.770), pero se dividieron en dos bloques: uno de seis tramos (936 km) y el otro de cuatro (1.440km). El primer bloque de seis tramos es el que volvió a ser adjudicado a una de las integrantes del “cartel de las brasileñas”. En la primera ocasión fue Andrade Gutiérrez, en esta es Odebrecht.
Con un BNDES ya involucrado en los procesos de investigación del Lava Jato, por supuestamente triangular sobornos en toda América Latina donde las constructoras del cartel hacen obras, Córdoba ya no podía contar con su auxilio financiero. La salida fue, entonces, asegurar a Odebrecht que la Provincia obtendría los fondos por su cuenta, un modelo que no se repitió para el bloque de los cuatro tramos, a cuyas empresas se les exigió financiamiento asociado.
Fue así que Odebrecht obtuvo por Licitación Pública Internacional N° 61/2014, la construcción de los Sistemas Regionales Oeste, Punilla II, Centro, Ruta II, Sureste y anillos de Córdoba-Gran Córdoba. El costo de la obra es de US$260 millones para 936 kilómetros de tendido, lo que implica US$278.000 por kilómetro construido. Esto es un 92% más que los US$145.000 cotizados en la licitación original y un 30% superior a los US$214.400 que se pretendió hacer pasar en la redeterminación de precios del 2012. Vale decir que en esta segunda licitación se “actualizó la actualización”.
Para cumplir con este compromiso, la Provincia sancionó la Ley 10.339 y Decreto 80/2016, que permite la emisión de deuda hasta por US$800 millones, a una tasa del 7,1/8%.
Aquí, hay un dato adicional que suma inquietud a todo lo acontecido en torno a los gasoductos: entre el 2008 y el 2014, el Tesoro provincial ya había reunido un total de US$262 millones a través del Fondo Rural para Gasoductos que se cobra vía el Impuesto Inmobiliario Rural; fondo que se creó meses antes que se lance la primera licitación. La advertencia la hizo oportunamente (el 15 de agosto del 2014) Néstor Roulet, ex presidente de Cartez y vicepresidente de la Confederación Rural Argentina (CRA).
Estos fondos específicos nunca fueron utilizados para las obras troncales y su destino estará pronto bajo investigación por requerimiento de la oposición. Al 2017, el dinero aportado por los contribuyentes a este fondo debe haber superado holgadamente lo que se tomará de deuda para pagar a Odebrecht.
Segunda parte incierta. Si la licitación del bloque de seis tramos que lleva adelante la firma brasileña está colmada de interrogantes, la correspondiente a los otros cuatro tramos no resultó menos controvertida.
Inicialmente, las obras habían sido adjudicadas a dos UTE que lideraban Iecsa y Electroingeniería, respectivamente, en sociedad con dos compañías chinas.
Durante veinticuatro meses se realizaron gestiones para lograr el financiamiento de las entidades Bank of China y ICBC, pero este proceso volvió a ser frustrante y se cayó en abril de este año.
Vuelto el contador a cero, se lanzó una nueva ronda de licitación. En este caso los 1.440km se distribuyeron en ocho tramos (en lugar de cuatro), para los que se presentaron 11 ofertas, sobre cuyas propuestas el gobierno tendrá que expedirse en las próximas semanas. El monto de esta obra es de US$437 millones, lo que arroja un costo por kilómetro de US$312.000, vale decir un 115% más que la licitación del 2009 y 45% superior a la actualización intentada en 2012.
Si se promedia el incremento de precio de la obra que realiza Odebrecht con el que tendrá este otro bloque de obra, la diferencia respecto de la primera licitación arroja +103,5%. PERFIL CORDOBA llegó a este porcentaje tomando estrictamente los montos de obras comprometidos por pliego de licitación: esto es US$260 millones en un caso y US$437 millones en otro. El equipo de trabajo del legislador Juan Pablo Quinteros, del Frente Cívico, al hacer el cálculo considera el total de deuda que la Provincia está autorizada a tomar para financiar todos los gasoductos. En caso de que se gasten esos US$800 millones habilitados, el costo por kilómetro termina dando un 148% más caro que la licitación del 2009.
Las “Cuatro Hermanas”. Andrade Gutiérrez, OAS y Odebrecht: estas tres empresas constructoras brasileñas atraviesan la historia de los polémicos gasoductos cordobeses. La primera ganó una licitación en 2009, que luego se cayó; la segunda ganó una relicitación y empezó obras en el 2016 y la tercera aparece como la ‘dadora’ de supuestos sobornos con destino “Córdoba-gasoductos”, en la famosa “Lista Youssef”; la lista del cambista Alberto Youssef, quien habría pagado sobornos para 750 obras en toda América Latina, por orden de las constructoras brasileñas.
Estas tres empresas actuaban con la lógica de los Tres Mosqueteros: “uno para todos y todos para uno”. En su dinámica de generación de negocios internacionales no competían sino que estaban coludidas. Unificaban algunas cajas y procesos, entre ellos los que servían para amarrar contratos de obra pública.
"Si no hubiera existido la licitación 2008/2009, probablemente Odebrecht no hubiese llegado en el 20015, a la nueva licitación. Yo sostengo que la licitación que ganó la UTE formada por Andrade Gutiérrez, Iecsa y Britos, y en la que OAS salió segunda en sociedad con Electroingeniería, está vinculada a la licitación que finalmente ganó Odebrech", asegura el legilsador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico).
"Era un club en el que OAS, Andrade y Odebrecht actuaban como empresas cartelizadas que pagaban a través de una sola caja; así expandieron sus negocios en todo el mundo", señala Quinteros. "Esto no lo tenemos que ver como un fenómeno que ocurrió sólo en Córdoba, sino como un fenómeno global. El modo de ellos era llegar a un país, corromper funcionarios, pagar sobornos, quedarse con la obra pública, licitar por los precios reales, pero después cobrar exorbitantes sobreprecios. Eso está claro en esta obra. Tras la licitación del 2009 no se llegó a cavar ni un metro de zanja, pero en el 2012 aparece un llamativo decreto de redeterminación de precios, que no se hubiera dado si no hubiera un compromiso preestablecido", agrega.
En Brasil, estas compañías conforman lo que allá se da en llamar “las Cuatro Hermanas”, la cuarta firma es Camargo Corrêa. Ellas se encuentran entre las principales empresas de construcción del planeta y junto al BNDES fueron vértices estratégicos en la creación de empleo interno en Brasil y en la obtención de contratos en el extranjero que les permitieron ganar escala y acrecentar su poder y aporte a la economía brasileña.
Por ejemplo, de acuerdo con la Asociación de Comercio Exterior de Brasil (AEB), estas empresas aportaron US$13.000 millones a Brasil en 2014, ayudando a compensar un grave déficit del país por más de US$105.000 millones. La AEB también dice que esos contratos en el extranjero proporcionan empleo a 1,2 millones de brasileños, muchos de los cuales trabajan para miles de pequeñas empresas que suministran bienes y servicios a los gigantes de la construcción.
Aunque el poder de las Cuatro Hermanas y sus vínculos domésticos con la política y los contratos con el Estado se gestaron desde la década del ’60, fue con el Partido de los Trabajadores (PT) de Luis Inacio Lula Da Silva, que las constructoras se internacionalizaron fuertemente. ¿Cómo? Con el fondeo y las bajas tasas del BNDES sumados a la dinámica de las “propinas” (coimas) y financiamientos de campañas políticas a cambio de obra pública, estrategias que eran su modus operandi habitual en el país.
A Lula, el BNDES y las Cuatro Hermanas le sirvieron para expandir su influencia política e ideológica en la región, amén de acrecentar los resultados económicos de las constructoras insignes de su país. Según consta en la cusa Lava-Jato, el tercer país latinoamericano elegido por el BNDES para auxiliar con más fondos fue Argentina, al que se le destinó US$ 2.061 millones en créditos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para financiar proyectos a cargo de Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Bureau de Projetos. Con este mecanismo, Lula benefició al kirchnerismo, y probablemente también lo haya intentado en Córdoba.
Cuando la Justicia no responde. El legislador Quinteros, junto a sus pares Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) tienen una larga experiencia de tocar puertas en la Justicia de Córdoba, y no lograr ser atendidos.
La ‘Lista de Youssef’ (que revela la propuesta de sobornos de las constructoras brasileñas) se hizo pública en las últimas semanas; sin embargo, desde enero del 2017, estos legisladores vienen documentado la causa, haciendo presentaciones ante la Justicia e intentando abrir un espacio para que la sociedad conozca lo ocurrido.
El Fuero Anticorrupción de la Provincia, cuando estaba a cargo del fiscal Gustavo Hidalgo, fue el primero en hacerse a un lado, desestimando la presentación que oportunamente hicieron estos legisladores. Ante esa cerrazón institucional y la inacción del Poder Ejecutivo de Córdoba –que hasta el momento no atinó a ponerse en contacto con el Ministerio Público de Brasil para mostrar vocación de colaboración, de ponerse a derecho y aclarar la situación– los legisladores acudieron a las autoridades brasileñas que investigan el caso. Puntualmente: presentaron todos los antecedentes de la causa al fiscal Deltan Dallagnol, quien inició la Operación Lava Jato desde Curitiba. En su argumentación, los legisladores cordobeses advirtieron a Dallagnol que al estar involucrado el BNDES, necesariamente se ponen en juego los dineros e intereses de los contribuyentes brasileños.
De igual modo, los tres legisladores apuntaron a la Nación y realizaron una presentación ante el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodriguez. “Está afectado dinero nacional. Un tercio de esta obra (por la de Odebrech) la va a pagar el gobierno nacional, entonces si es una estafa también será una estafa para el Estado Nacional”, explica Quinteros.
Cinco tormentas en el horizonte. “En Brasil hay cinco tormentas que van a traer lluvia a Córdoba”, anticipa el legislador García Elorrio. “La primera tormenta es lo que Odebrecht ha revelado en los Estados Unidos, donde quedó claro que la empresa pagó coimas en la Argentina”, señala. Y completa: “La segunda tormenta son los 77 arrepentidos de Odebrecht que han hablado en Brasil; la tercera son los arrepentimientos de funcionarios de la empresa OAS; la cuarta, las delaciones de los ejecutivos de Andrade Gutiérrez y la quinta, la Lista de Youssef, que ya impactó en la Provincia, porque ese arrepentido (el cambista Alberto Youssef) reveló que él intervino en una supuesta coima entre la empresa OAS y quienes tenían responsabilidad de decidir en la licitación de los gasoductos de Córdoba, en el 2009. Él se lo ha confesado a la Justicia brasileña”.
Según García Elorrio, el gobierno de Córdoba tendría que haber movilizado al fiscal de Estado y al fiscal Anticorrupción para que se concretara un exhorto solicitado a la Justicia brasileña.“Nadie derramó una lágrima para que ese exhorto fuera a Brasil. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que no les interesaba que Brasil contestará qué paso?”, se pregunta.
Al día de hoy, y en virtud de lo desentrañado por la Operación Lava-Jato, están presos João Ricardo Auler (presidente de Camargo), Aldemário Pinheiro Filho (presidente de OAS), Marcelo Odebrecht (Odebrecht) y Otávio Marques de Azevedo (presidente de Andrade). Es decir, la ‘corrupción a cielo abierto’ que construyeron se desmoronó y el impacto del derrumbe afectó a todos los países hacia donde llegaron con sus obras y sus estrategias.
