El crecimiento del número de pobres es, sin dudas, el desafío más importante y urgente que enfrentamos. Resulta escandalosa la infantilización de la pobreza. Ahí los daños que se producen son irreparables. En nuestra provincia se dijo que “la pobreza en Córdoba la decide la política nacional”. Y resulta una verdad a medias.
Sin dudas, la combinación de alta inflación, deterioro del salario, destrucción de empleos y caída de la actividad económica resulta la mejor combinación para que la pobreza diera el salto que experimentamos. Sin embargo, dicha afirmación tiene solapada la intención de poner los problemas de los cordobeses en otras personas, bien lejos de Córdoba, como si no pudiéramos hacer nada al respecto.
Todos los órdenes de gobierno tienen la misma responsabilidad, pero pareciera que nadie está dispuesto a asumir su parte. No importa si llevan 4 años en la Nación, 8 en el Municipio, o 20 años en la Provincia tomando decisiones de poder, el acto reflejo de todos será no hacerse cargo del fracaso común.
En nuestra provincia, la pobreza aumenta de manera sostenida en los últimos años, de 21,1% de la población en 2007 a 35,7% en 2018, siendo una de las mayores de la Región Centro y por arriba de la media nacional. Equivale a 1.316.528 personas viviendo en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir una canasta básica de productos.
En el último año se sumaron 105 mil personas más a esa condición, a razón de 291 habitantes por día. La mitad de ellos son niños. Sin embargo, el Paicor -principal programa social de la Provincia- se mantuvo estancado en ese mismo periodo. Mientras en 2008 se ejecutaron $2.986 millones (expresado en precios de 2018) en el Paicor, el 2018 cerró con una ejecución de $2.896 millones, una reducción real del 3% respecto a 2008 (estos cálculos descuentan el efecto de la inflación). Igualmente, si tomamos el número de beneficiarios del programa, estos pasaron de 237.000 en el 2010 a 219.000 en el 2018.
Respecto al combate de la pobreza, es sabido que si bien es un fenómeno complejo, entre los principales instrumentos que tiene el Estado para combatirla a largo plazo se encuentran la educación y salud pública, ambas responsabilidades principales del Gobierno provincial. Lamentablemente, respecto a estas políticas tampoco hay mucho que festejar.
El gasto ejecutado por el Ministerio de Salud en 2015 expresado en pesos de 2018 (para considerar el efecto inflacionario) ascendió a $16.358 millones, mientras el gasto estimado al cierre de 2018 es de $14.394 millones.
Si se compara, entonces, con el año 2015, el presupuesto del Ministerio de Salud acumularía, hasta 2018, una caída del 12% en términos reales. Y si se trata de prioridades, recientemente estimamos que con el puente José Manuel de la Sota, que costó más de 100 millones de dólares, se podrían haber construido seis hospitales con 100 camas de internación cada uno, lo cual permitiría dar cobertura hospitalaria a 160 mil personas, o se podrían haber construido 431 aulas, que equivalen a 81 establecimientos educativos promedio donde podrían asistir en total 11.220 alumnos.
También se podrían haber realizado las obras para dar acceso al servicio de cloacas a 21.795 personas (casi el 20% de la población de la cuenca del lago San Roque actualmente sin servicio de cloacas). En síntesis, se puede hacer mucho desde la Provincia en torno al flagelo de la pobreza, y en especial la pobreza de la niñez y adolescencia. Es el principal problema y desafío que debemos asumir en delante. Por ello, resulta necesario reordenar las prioridades en las políticas públicas provinciales actuales.
