“Hay un grado de violencia que no se vio en años, la escalada excede lo habitual”

L as crón icas policiales y judiciales de las últimas semanas evidencian la creciente violencia social. Villa El Nailon, una barriada popular, se estremeció por un doble crimen con disputa de barras de fútbol como telón de fondo, mientras se viralizaban videos de adolescentes portando armas largas a plena luz del día y por las calles del barrio.

En el lapso de dos días, dos homicidios intrafamiliares: un hombre fue asesinado por el hijo de su pareja y una mujer de 87 años fue atacada por su nieto con un tijeretazo. Un policía con carpeta psiquiátrica se quitó la vida al ser perseguido por sus pares después de robar un auto. La subcomisaría de Ciudad de Mis Sueños recibió dos ataques, el último con una bomba molotov. Son fotos dramáticas de la violencia extrema que se vive en la ciudad de Córdoba.

Son las manifestaciones de lo que bulle en la sociedad hasta explotar.

PERFIL CÓRDOBA pidió una opinión al fiscal General, Juan Manuel Delgado, porque las fiscalías tienen el termómetro del fenómeno. No sólo afirmó que hay una escalada de violencia en las últimas semanas, sino que advirtió que la pobreza en aumento causará peores escenarios.

—¿Qué están advirtiendo?

—Hay un grado de violencia que no se vio en los últimos meses ni tampoco en años. Es una escalada de violencia que excede lo habitual.

—¿Cuál es la causa?

—Hay multicausalidad. Pobreza, marginación, falta de trabajo, problemas económicos son factores desencadenantes. También el consumo de estupefacientes, la falta de proyectos de vida, la desintegración familiar, falta de educación, de formación; la falta de liderazgos importantes en la sociedad. Todos son factores que contribuyen a que la escalada de violencia haya aumentado. Por las agresiones a la Policía, tuvimos que poner al fiscal Raúl Garzón para que atienda los casos de delincuentes que se rebelan y producen daños a los efectivos policiales. A tal punto se volvió frecuente el desconocimiento de la autoridad, que nos obligó a establecer que un fiscal se ocupe de este tema.

—Cita como causas de la violencia creciente a factores que exceden al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial, ¿cómo es posible contener y revertir esto?

—Todos los poderes del Estado, incluyendo el Judicial, tenemos que contribuir a la prevención. Si a una persona no se le brinda educación, trabajo, salud, ni herramientas básicas para que se pueda desarrollar, estas cosas seguirán sucediendo. El Ministerio Público no es ajeno, tiene un eslabón en esta cadena. Todas las instituciones se tienen que comprometer a mejorar la vida de la gente, que está atravesando una situación muy difícil. La violencia familiar y de género es cultural. Hay que educar desde el jardín de infantes. Se perdieron, socialmente, conductas que se valoraban positivamente, como el respeto. Sucede en el tránsito, hay exasperación, insultos, peleas, que no siempre estuvieron. Ahora suceden con frecuencia.

—Cuál sería exactamente el aporte de la Justicia, ¿sería su función represiva, poner límites?

—Tenemos la Justicia penal restaurativa, medidas en los procesos donde a las personas que incurrieron en delitos se les hace un seguimiento, tratamiento psicológico. No obstante, eso no es suficiente. Se ataca una parte del problema. Hacen falta soluciones de fondo. Si a una persona se le garantizan los derechos constitucionales básicos –alimento, vivienda, educación, salud– todas estas conductas se pueden minimizar. Esto es lo que no está sucediendo. Por eso, vivimos en un clima social en ebullición, intolerancia. Hay precariedad social.

—¿Por qué el estallido se dio en tan poco tiempo? ¿Tiene que ver con las recientes medidas económicas del Gobierno nacional?

—No puedo opinar sobre medidas económicas. El análisis que hacemos en la Fiscalía General es objetivo. A mayor pobreza, desintegración social; a menor trabajo, hay más delincuencia y violencia. Se ve estadísticamente. Desconozco si la situación actual deriva de las medidas de este gobierno o del anterior. Hoy la crisis está golpeando los bolsillos de la gente. Muchos quedan fuera del sistema y se vuelcan al delito.

—¿Cree que este panorama preocupante se puede agravar?

—Si crece la pobreza, se puede agravar. Son fenómenos necesariamente vinculados.

—Los ciudadanos piden más seguridad y se sienten vulnerables ante tanta violencia, ¿Córdoba está dando respuesta a esta demanda?

—El MPF no crece en su capacidad desde hace décadas. Recién a fin del año pasado se dictó la nueva Ley de Seguridad. Nos han dado nuevas fiscalías que seguramente contribuirán para dar una mejor respuesta. La que se da hoy es la posible, según los recursos disponibles. Nos han dotado de nuevos recursos, pero se irán sumando en el tiempo. Si aumenta la generación de delitos pero no la generación de personal para responder, se produce el desfasaje.

—Un aspecto que mencionó es el consumo problemático de sustancias. ¿Cómo se hace si la inmensa mayoría de detenidos presentan esa situación?

—Venimos pidiendo que se reformule la ley de salud mental, que se abran lugares específicos para atender esta problemática. Si no se aborda desde la salud pública, no se resolverá desde el sistema penitenciario.

—¿Considera que en la estadística de violencia, la delincuencia juvenil es un problema?

—La estadística no es alta. No tiene tanta incidencia como se cree. Pero los menores que no pueden ser detenidos por imperio de la ley, obtienen inmediatamente la libertad y siguen en el camino del delito. Tampoco hay un tratamiento adecuado. En nuestro país, no hubo una discusión sobre la responsabilidad parental. Si un adolescente de 14 años está cometiendo un delito, ¿dónde están los responsables parentales de este menor?