Jueza instó a la Policía a capacitar a sus agentes sobre violencia de género

Un policía retirado, que actualmente trabaja como guardia de seguridad, fue condenado a tres años de prisión efectiva por haber agredido físicamente y amenazado de muerte con un arma de fuego a su esposa. En un juicio abreviado reconoció haberle pegado a su pareja, quien también es policía, provocándole lesiones graves que la obligaron a presentar una carpeta médica por el término de un mes.

El fallo fue suscripto por la jueza de Control Cristina Giordano, quien consideró que el hombre debe cumplir la condena en la cárcel para ser incorporado al Programa de Intervención para Varones en Situación de Violencia en la Pareja, dentro del establecimiento penitenciario. A pesar de que él había comenzado a asistir al Centro Integral de Varones y realizó un tratamiento psicoterapéutico individual, “lejos de modificar su conducta delictiva –tan solo dos meses después de ello- cometió el hecho de lesiones graves que aquí se le endilga”, dejó en claro la magistrada .

Los informes de los profesionales que lo asistieron subrayaron que evidenció “ideas misóginas, rígidas y machistas arraigadas”, destacó la jueza al evaluar que la condena se debía cumplir en forma efectiva.

El exagente fue juzgado porque un día tomó a su pareja del cuello, la tiró a la cama y le asestó golpes de puño en el rostro, cabeza y el cuerpo; después, la llevó de los cabellos al baño y la golpeó en la nariz; finalmente, continuó hiriéndola con el arma de fuego. El reconoció todos los detalles del hecho y dijo “estar arrepentido”.

Capacitación a policías. En el fallo, Giordano rescató la última estadística de femicidios en la Provincia de Córdoba referida a homicidios sucedidos el año pasado. Durante 2018 hubo 20 víctimas de femicidio y 13 intentos. “De ese total, el 15% de los agresores pertenecía a fuerzas de seguridad y, en todos estos casos, el hecho se cometió con armas de fuego”, subrayó y destacó el caso analizado en este juicio. “Nos encontramos frente a un hecho cometido por un policía retirado y una víctima también funcionaria policial -explicó-, por lo que teniendo en cuenta estas circunstancias y lo previsto por la Ley Nacional 27.499 (Ley Micaela), se pone en evidencia la necesidad de instrumentar una capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.

En particular, referido a la Policía de Córdoba, la funcionaria judicial instó a incorporar la temática de violencia de género dentro de las asignaturas en las escuelas de inicio, formación y ascensos (Escuela de Suboficiales, Escuela de Cadetes y Escuela Superior) rescatando su importancia porque “su función trae aparejado el permiso para portar armas de fuego”.

Agravantes y atenuantes. La jueza Giordano condenó al agresor por amenazas calificadas, por el uso del arma que la Policía le había entregado y por lesiones graves, como así también por el daño que le causó a la mujer, obligándola a curaciones e inhabilitación para trabajar durante un mes. Como atenuante valoró que se trata de una persona de 49 años, que está en edad de trabajar y tiene posibilidades para readaptarse laboralmente. Es padre de cinco hijos, dos de los cuales son pequeños menores de edad y por haber colaborado con la Justicia al confesar el hecho y reconocerse arrepentido.

Como agravante evaluó que es un hombre con capacidad para comprender los límites que existen en el trato con las personas y pese a ello “no trepidó en vulnerar el propio ámbito familiar al asumir estas conductas, más aún teniendo en cuenta que se trata de un funcionario policial retirado”.

COMO COMUNICAR

A propuesta de la Fundación Centro de Protección Familiar, las autoridades del distrito de la Policía de Córdoba de La Falda promueven la formación de los efectivos en la comunicación de los hechos de femicidio. La iniciativa surgió a partir del caso de Melisa Luna, quien fue asesinada por su expareja en febrero de este año y a la hora de informar, los policías atribuyeron el hecho a que había incumplido la orden de restricción que pesaba sobre el hombre.

Karina Lucero, secretariade la fundación, opinó que en ese modo de relatar lo sucedido se ignoran el contexto y las situaciones que atraviesan las mujeres víctimas de violencia.