La higiene, alimentación, atención médica y las comunicaciones con familiares son los puntos sobre los cuales la jueza de Control N° 9, María Celeste Ferreyra, solicitó informes al Servicio Penitenciario. Lo hizo al dar trámite al Habeas Corpus presentado por la Asociación Civil Espacio de Derecho Popular, en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Coronavirus.
La magistrada se declaró competente para analizar y resolver sobre las condiciones de alojamiento de los detenidos del complejo de Bouwer, incluido el establecimiento donde están las mujeres privadas de la libertad, la Colonia Abierta de Montecristo y la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido).
Solicitó a las autoridades del servicio penitenciario que a la mayor brevedad le informen sobre las condiciones de habitabilidad, si se encuentran debidamente individualizados los internos que integran los grupos de riesgo, el acceso al agua potable –si el servicio es constante y permanente–, disponibilidad de medicamentos y atención médica en los pabellones.
En cuanto a la higiene, también pidió que especifiquen la cantidad y tipo de elementos que entregan a las y los internos, cómo y con qué periodicidad se desinfectan las celdas y pabellones. Además, espera que le indiquen cómo se garantiza el contacto con los familiares.
Al mismo tiempo, la jueza Ferreyra ofició al Ministerio de Salud de la Provincia que le remita el protocolo actualizado de actuación sanitaria para las unidades penitenciarias en el marco de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional. Por último, por la naturaleza del planteo también dio participación a la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia y a la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la recepción de aportes orientados a la promoción y protección de los derechos humanos en las cárceles de la Provincia de Córdoba.
Incomunicación. Un efecto directo del aislamiento social obligatorio fue la suspensión de las visitas, justamente porque no está permitido a la población circular, con contadas excepciones. Para salvar la dificultad de comunicación de detenidas y detenidos con sus familiares, el abogado Iván Mochkofsky presentó el viernes último otro Habeas Corpus Correctivo solicitando que se permita el uso de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios de la provincia mientras se mantenga la cuarentena y la imposibilidad de que asistan familiares a visitarlos.
Tomó como antecedentes decisiones, en ese sentido, que adoptaron jueces en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán. Además, el pedido incluye la posibilidad de acceso a información sobre su situación procesal y el desarrollo educativo y cultural de los internos.
HACINAMIENTO, FALTA DE AGUA, MOSQUITOS Y RATAS
Cada semana este medio recibe testimonios de diferentes detenidos vía telefónica. El miércoles pasado se comunicaron desde el módulo E2 de Bouwer Hugo Cánovas Badra y el exintendente de Pilar, Diego Bechis, quien también es médico. Ambos están con prisión preventiva. Cánovas Badra fue condenado pero su sentencia fue casada y Bechis está siendo juzgado en un proceso que debió ser suspendido por la emergencia sanitaria. Cánovas relató que entre los numerosos reclamos que hay en el interior del penal, está la escasez de agua. “La cortan progresivamente y dicen que es por problemas en la bomba”, explicó y agregó que otro de los pedidos es por la comida. “En ocasiones es muy buena, pero en otras es incomible”, sostuvo. Bechis, por su parte, remarcó las condiciones de hacinamiento y la falta de mantenimiento e higiene. “Este pabellón era para 400 personas y actualmente somos 1.600, a la noche es imposible estar por la cantidad de mosquitos en un momento en que hay dengue, hay ratones, pero nadie nos escucha”. También se refirió a la alimentación a la que calificó como “calamitosa”. Dijo que por todas estas circunstancias hay malestar y contó que días pasado “pararon la comida (no la dejaron entrar al pabellón) como medida de fuerza; luego vinieron las autoridades y asumieron algunos compromisos para el día de hoy (por el miércoles)”. Agregó que es comprensible que por razones sanitarias no se reciban visitas, pero sostuvo que “maltratan a los familiares” que van a dejarles cajas con comida, los hicieron esperar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y a eso le agregó que, al no permitir la entrega de dinero hacia el interior de la cárcel, “no hay forma de conseguir tarjetas telefónicas para comunicarnos”.
