Finalmente, el jueves último el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) abrió el debate oral y público para confirmar o no la existencia de una asociación ilícita fiscal que habría actuado en Río Cuarto a mediados de los años 2000. Sin embargo, la sorpresa mayor en la apertura del juicio fue el anuncio de una presentación que realizó Afip, querellante particular en la causa, por la desaparición de informes de las inspecciones que realizó el ente a varias empresas agropecuarias del grupo Mengo, que constituyen parte de la prueba para la pesquisa judicial. El faltante fue detectado en diciembre último. Se trata de 30 cajas con legajos de las empresas Cereales y Pasturas SA, FLG Agropecuaria SA, Soybeans SA y Oro Verde SRL. Por su volumen, se había dispuesto su guarda en un depósito de Afip, ubicado en calle Guillermo Reyna 2860 de barrio Alberdi de nuestra ciudad.
PERFIL CORDOBA consultó si el sitio o sus cerraduras fueron vulnerados. La respuesta fue negativa. Además, se trata de un lugar con permanente custodia de la Policía Federal Argentina. Por la gravedad de lo sucedido, el hecho fue denunciado a la Fiscalía Federal 1, actualmente de turno, que deberá investigar cómo se esfumó esa valiosa documentación.
Una vez informada la situación por el presidente del tribunal, Julián Falcucci, las defensas y los acusadores no realizaron ningún pedido especial al respecto. Es imprudente predecir en esta instancia cuál será el efecto de la desaparición de los documentos para el juicio. Fuentes del tribunal señalaron que serán las partes acusadoras quienes deberán sortear el inconveniente al sostener su posición, porque muchos de los informes están basados en la documentación faltante.
La causa. Los hechos que se analizan en este juicio consisten en la presunta venta de granos en negro, evadiendo el pago de la carga tributaria. Para ello, los acusados con diferentes roles y participación habrían ocultado al verdadero productor con artilugios como el movimiento físico del cereal y manipulación financiera.
Durante la instrucción se detectó el reclutamiento de personas, en general de bajos recursos, a quienes mediante la promesa de dinero y con la finalidad de burlar el sistema tributario se los habría instado a inscribirse en el régimen impositivo de monotributistas. Luego, se les habría hecho firmar en blanco documentación necesaria para la comercialización de cereales, como cartas de porte. Así, los compradores de esos granos habrían obtenido beneficios del cómputo del crédito fiscal del IVA y la deducción del costo respectivo en Ganancias.
Además, se burlaban los regímenes de retenciones impositivas, ya que estos sujetos no estaban alcanzados por carecer de solvencia económica.
Para cerrar el circuito habrían emitido una serie de cheques por montos inferiores a $50 mil, también a nombre de los falsos ‘monotributistas’. Los terminaron cobrando -con intermediación de entidades crediticias o dedicadas a negocios financieros- otras personas físicas o jurídicas.
Por esos años (alrededor de 2007) María Pía Cardoso se desempeñaba en el área de Saneamiento de Títulos de la Municipalidad de Río Cuarto. El contacto con personas de escasos recursos le habría servido para ‘reclutar’ a personas de escasa instrucción y situación económica apremiante, con la colaboración de Claudio Fabián Giles y Vanesa Romina Moyano.
Uno de los principales acusados es Atilio Omar Mengo, titular del directorio de FLG Agropecuaria SA y Soybeans SA. Sus hijas, Francina y Luisina, por su parte, figuraban como presidenta o directoras de las mencionadas sociedades. Leonardo Fabián Petitti y Gabriel Alberto Ludueña eran integrantes de la financiera Gordon SA con domicilio en Córdoba capital. Según la acusación, ellos habrían movido valores pertenecientes a las empresas del grupo Mengo.
Sebastián Guillermo Barreiro y Sergio Raúl Bertoni eran gerentes de las empresas Cereales y Pasturas SA y Oro Verde SRL, respectivamente. Al igual que las de los Mengo, fueron investigadas por haber llevado a cabo operaciones de comercialización de granos, figurando como vendedores del cereal numerosos ‘monotributistas’, quienes reconocieron que habían sido inscriptos a cambio de dinero.
En tanto, Eduardo, Diego y Gabriel Meta también habrían hecho circular cheques emitidos por las empresas relacionadas a Atilio Mengo.
LAS DEFENSAS INSISTEN EN NULIDADES
Después de que se leyó la acusación, los defensores de los 14 acusados pidieron que se declare nula la elevación a juicio y se suspenda la audiencia. Ya en 2014 el mismo tribunal, con otra integración, había devuelto el expediente al juez instructor, al señalar que la investigación no había concluido. En esta nueva instancia, los defensores sostuvieron que a pesar de aquella advertencia el juez de Río Cuarto no incluyó más pruebas y reiteró el pedido de elevación con importantes omisiones.
Tanto Afip como el fiscal acusador, Carlos Gonella, rechazaron la pretensión al indicar que en noviembre de 2018 el Tribunal Oral había resuelto cada una de esos cuestionamientos sobre los que volvieron, insistentes, los defensores.
La audiencia se reanudará el miércoles próximo y allí se conocerá la resolución del tribunal sobre los planteos.
EL JUICIO
◆ El tribunal está presidido por Julián Falcucci e integrado por Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier.
◆ Son juzgadas 14 personas por presunta asociación ilícita fiscal.
◆Acusador: Carlos Gonella, acompañado por Facundo Trotta.
◆ Querellante: Afip. Está representada por Elisa Diez y Roberto Marun.
◆ Defensores: Ezequiel Mallía (Petitti y Ludueña); Julio Deheza y Héctor Villegas Ninci (Mengo), Justiniano Martínez (Meta); Fernando Martínez Paz (Barreiro); Germán Gianotti (Cardoso), Jorge Perano (Giles y Moyano); Jorge Valverde (Agüero) y Carlos Ríos (Bertoni).
