Juzgan a siete policías por un procedimiento y condenan a otro por tentativa de femicidio
La semana pasada, además del caso Blas, dos Cámaras del Crimen integradas con jurados llevaron adelante audiencias por hechos de diferente naturaleza, pero con un denominador común: los imputados son miembros de la Policía de Córdoba.
ASESINATO Y ENCUBRIMIENTO. Un policía está acusado de homicidio en exceso de legítima defensa y los seis restantes, por falsear testimonios, pruebas y plantar un arma. |
Fino Pizarro
La concomitancia de los debates evidencia falencias en la formación, capacitación y controles. En un caso, un sargento fue condenado a 12 años de prisión por tentativa de femicidio. En la Cámara 5ª juzgan a siete efectivos por matar a un ladrón y encubrir el hecho.
EL ENCUBRIMIENTO QUE IMPIDIÓ SABER QUÉ PASÓ EN UN OPERATIVO
El 18 de diciembre de 2020, a las 5 de la madrugada, tres ladrones esperaron que un vecino de barrio Urca abriera el portón de su casa para perpetrar un robo. Un entregador –el guardia contratado en forma privada en el sector– había brindado el dato sobre los movimientos de la familia.
Cuando ingresaron a la vivienda, la esposa avisó a su hijo y el adolescente llamó de inmediato a la Policía.
Los delincuentes querían dinero en efectivo. Al no encontrar nada, comenzaron a cargar en mochilas objetos que iban viendo a su paso por toda la casa. El primer efectivo en entrar, mientras el dueño de casa había sido reducido por los cacos, fue el sargento ayudante Ariel Esteban Adavid. Uno de los asaltantes alertó a sus compañeros: “Viene la cana".
Según los testimonios, Adavid entró a los gritos, dio la voz de alto varias veces y disparó, hiriendo mortalmente a Isaías David Luna, a una distancia de 4,6 metros. El joven se desplomó porque la bala le impactó en el cráneo, desde atrás.
Luego, ingresaron el comisario Fernando José Navarro, el principal Sebastián Raúl del Valle Colella, el oficial inspector Jonathan David Tabares, los sargentos Pedro Manuel Benka y Adrián Aníbal Carranza, y el cabo primero Jorge Raúl Aguirre.
El juicio contra todos ellos y los asaltantes comenzó el lunes pasado en la Cámara 5ª del Crimen, integrada con jurados populares.
Según la acusación, los ladrones no tenían armas. Sin embargo, una pistola apareció en la mano de Luna, quien yacía en el piso de la cocina. Había sido plantada por los efectivos. Era un revolver viejo, oxidado, descargado y de operatividad nula. La instrucción determinó, además, que produjeron declaraciones, actas y reportes falsos. Movieron los móviles para que las cámaras no captaran algunos movimientos.
El caso adquirió gran notoriedad por la violencia del suceso. La jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, que había asumido poco tiempo antes, tras el crimen de Blas Correas, se apersonó en el domicilio de las víctimas. Esa misma tarde, en una conferencia de prensa, el entonces ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y la plana mayor de la fuerza felicitaron a Adavid.
Tras la investigación penal el sargento elogiado terminó imputado por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber y defensa de terceros. El resto de sus compañeros, por encubrimiento agravado.
En la audiencia, el viernes último el fiscal de Cámara Marcelo Fenoll sentó posición sobre los testimonios y pruebas que se analizaron hasta ahora. Pidió agravar las calificaciones legales. A los delitos de encubrimiento agravado y falso testimonio en contra de quienes plantaron el arma, le sumó abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, omisión de los deberes de funcionario público y adulteración de objeto de prueba.
Al inicio del juicio, cuando presentó el caso a los jurados, Fenoll había dicho: “No podremos conocer qué ocurrió realmente porque hubo policías que falsearon información, desviaron las cámaras de los móviles y plantaron un arma”. A
hora, los acusados se enfrentan a la posibilidad de penas mayores, que podrían escalar de los 10 a los 18 años de prisión, por la nueva acusación. En el caso de Adavid, se mantendrá la ya existente, cuya pena –en caso de haber condena– prevé un máximo de seis años de cárcel. Es decir que para el fiscal fue más grave la adulteración posterior de la escena del crimen.
DEFENSAS. Los abogados defensores justifican el procedimiento policial y advierten que la víctima fatal fue un ladrón. Intentan formar opinión en los jurados populares.
Los asaltantes. También son juzgados. Llegaron acusados de robo, pero podría caberles un agravante. Dependerá de las secuelas que dejaron en las víctimas, para quienes se ordenó nuevas pericias psicológicas que permitan dimensionar el trauma causado.
Las defensas plantearon una falsa dicotomía: señalaron que “no se está juzgando a los asesinos de Blas Correas sino de un delincuente”. Lo que se debate en el juicio es por qué el policía que ingresó disparó de atrás e hirió de muerte al ladrón. Y por qué sus compañeros intentaron ‘aliviar’ su situación empeorando aún más el procedimiento policial. No se pone en tela de juicio el operativo por el robo, sino el ilegal procedimiento policial con consecuencias irreparables.
GATILLÓ TRES VECES, LA BALA ATRAVESÓ EL CUELLO DE LA VÍCTIMA PERO SE SALVÓ
VIOLENCIA DE GÉNERO. Cristian Agustín Molina fue condenado a 12 años de prisión por disparar en el cuello a su pareja con el arma policial. La mujer se salvó de milagro.
El 25 de marzo de 2021, el sargento de la Policía de Córdoba, Cristian Agustín Molina (47), le apuntó con el arma policial. Gatilló dos veces pero la bala no salió. En el tercer intento, se produjo el disparo que le atravesó el cuello a la mujer, que salvó su vida milagrosamente, ya que la bala no impactó en ningún órgano vital.
Previo a ese desenlace, Ester Villán (47) –la víctima le había pedido que se retirara de la vivienda y le advirtió que si persistía en los actos violentos que le dispensaba lo denunciaría. “Tené cuidado con lo que haces, hija de puta”, le respondió Molina y continuó un largo improperio: “Vos sin mí no sos nada, maldita la hora en que tu madre te parió, si no vas a ser para mí, no vas a ser para nadie”. Inmediatamente después de recibir el ataque con el arma, la mujer huyó del lugar pidiendo auxilio pero ningún vecino salió a ayudarla. Molina salió tras ella y la llevó al dispensario.
La Cámara 1ª del Crimen, integrada con jurados populares, lo condenó a 12 años de prisión por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por uso de arma de fuego y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. El veredicto fue por mayoría.
No había denuncias previas por parte de la víctima. Aunque reconoció que durante la relación él la maltrataba verbalmente, la disminuía en su condición de mujer, normalizó la situación sin dimensionar su gravedad.
El caso demuestra la falta de controles sobre la situación psicológica de los efectivos, siendo que los policías son funcionarios públicos a quienes el Estado les entrega armas para garantizar la seguridad.
