La defensa de Horacio Busso, socio mayoritario de la Compañía de Tratamientos Ecológicos (Cotreco SA), planteó una serie de cuestionamientos al requerimiento fiscal. El abogado Manuel de Allende puntualizó, entre varias cuestiones, que la empresa está en un proceso de concurso preventivo lo que demuestra la voluntad de regularizar sus deudas; que en ese expediente se rechazó la existencia de un pasivo con Afip de $1.000 millones como se indicó en el requerimiento del fiscal Senestrari; que no puede haber retención indebida de aportes patronales porque los empleados no eran de Cotreco sino de Crese, y que hay una causa penal abierta en Buenos Aires por idénticos hechos.
Hay que recordar que en el requerimiento de acción penal promovida por Senestrari ante el juzgado de Bustos Fierro acusó a Busso, Debernardo y Cavallieri por presunta asociación ilícita a partir de la actividad de las empresas Guba SA, su sucesora, Cotreco SA y la última constituida, Urbacor SA. Las maniobras analizadas por la fiscalía abarcan desde 2010 a la fecha. E incluye a 13 personas que ocuparon cargos directivos en empresas y fideicomisos vinculados. Según el fiscal, la maniobra buscó eludir el pago de impuestos omitiendo la presentación de declaraciones juradas, la permanente generación y renovación de planes de pagos de las deudas y el cómputo de facturas apócrifas emitidas por empresas que ellos mismos controlaban. Tal es el caso de las firmas División Protonic SA, Nueva Serie SA, Futuro Sustentable SRL, Vanesin SA, e Intruder Service SA.
Entre los hechos principales está la retención de aportes patronales de sus trabajadores sin efectuar los pagos correspondientes a la Afip. Todo, con la utilización de fideicomisos creados presuntamente para tomar los dineros que no pagaban al ente recaudador, simular el origen legal y devolverlos al circuito económico regular.
El defensor De Allende mostró a PERFIL CORDOBA documentación para refutar cada uno de esos puntos, algunos de los cuales fueron incluso motivo de la declaración indagatoria de Horacio Busso, concretada el 11 de diciembre en el Juzgado Federal 1 de Córdoba.
Guba no es Cotreco. Durante su declaración en sede judicial, Busso no respondió preguntas, pero dijo que quería aclarar aspectos confusos del requerimiento fiscal. Señaló que Guba SA prestó servicios de limpieza y mantenimiento edilicio en la ciudad de Buenos Aires, donde sus principales clientes fueron consorcios edilicios y los ministerios de Educación y Salud.
A diferencia de Cotreco SA, una empresa que se dedica a la recolección de residuos sólidos urbanos y al tratamiento de rellenos sanitarios.
Con respecto a UrbaCórdoba SA, destacó que es una sociedad “cien por ciento de capitales internacionales, donde su empresa madre es Urbaser SA, con sede principal en Madrid y con capitales chinos”. Reconoció haber participado en la sociedad hasta el 13 de diciembre de 2018 cuando transfirió la totalidad de las acciones de Cotreco a Urbaser, con autorización del juez del concurso.
Acuerdo con Crese. En marzo de 2012, se realizó un acuerdo marco por el cual Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) “cedió” sus empleados a Cotreco. Ese trato tuvo el visto bueno del gremio de recolectores, Surrbac. Pascual Catrambone era por entonces director obrero de la empresa municipal y una de las principales espadas del Surrbac. Eso se mantuvo hasta fines de 2013. Desde el año siguiente los trabajadores volvieron a pertenecer a Crese. ¿Quién era entonces el empleador: Crese o Cotreco?
Causa similar. Hasta ahora, ninguno de los imputados planteó la incompetencia del juez cordobés Bustos Fierro. Sin embargo, esa carta se jugaría después de la feria.
Desde hace un año se abrió una causa de similares características en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N.º 5 de Buenos Aires, a cargo de Gustavo Meirovich. Fue por retención indebida de recursos de la seguridad social. A instancia de la unidad fiscal especializada en la materia (Ufises), el fiscal Pablo Turano imputó a Jorge Héctor Pedro Pereyra Campos, Diego Gustavo Pellarin y David Emanuel Druetta.
En esa causa son investigadas las deudas generadas desde 2016 a 2018. En Córdoba, Senestrari abarcó maniobras que no solo incluyen la retención de los aportes sin el correspondiente pago a la Afip, sino otras deudas impositivas y maniobras a partir de empresas y fideicomisos. ¿Son idénticas ambas causas?
El concurso preventivo. El juez a cargo del concurso en los tribunales porteños, Hernán Diego Papa, admitió créditos a Afip por $353 millones (con privilegio general) y $131 millones (quirografario). Con este argumento rechazan que haya un perjuicio al fisco de $1.000 millones como les endilgó el fiscal en Córdoba.
