Desde el 2020, cuando fue imputado –luego procesado y condenado– el titular de la Fiscalía Federal de San Francisco, Luis María Viaut, fue designada para subrogar esa dependencia la fiscal federal de Villa María, María Schianni. Divide sus jornadas entre las dos jurisdicciones. Además, integra la mesa de coordinación entre los fiscales provinciales del fuero de Narcomenudeo y los fiscales federales que tienen competencia en materia de narcotráfico en el interior.
Schianni reconoció que San Francisco, por sus características, es una frontera “permeable”. Mostró como positivo el trabajo conjunto con sus pares provinciales. Opinó sobre la efectividad de la ley de desfederalización para la investigación del narcotráfico. Reveló cuáles son las actuales dificultades para detectar la existencia de grandes bandas.
—¿Cómo define la situación actual?
—La frontera es permeable. El paso de Santa Fe a San Francisco es fluido, dinámico, fácil de trasponer. En enero, tuvimos un procedimiento importante. A las 6 de la tarde en la ruta se secuestraron 500 kg de marihuana. Fue detectado de forma sencilla, en un control de rutina. Los efectivos pudieron hacer un secuestro importante.
—¿Se pudo determinar de dónde venían y quiénes eran los proveedores?
—Venían de Santa Fe. Sobre el origen de la droga, está en investigación. Se le dará un abordaje rápido por la situación de detención de los que participaron de la maniobra de transporte, pero la investigación debe profundizarse en cuanto a los proveedores.
—¿Hay presencia de bandas en San Francisco?
—No tenemos reportes.
—¿Se puede hacer un trabajo de inteligencia para detectar las posibles conexiones con bandas de mayor envergadura, como los comandos brasileños?
—Es difícil. Se está trabajando en eso. A colación, viene el convenio con el Ministerio Público Provincial. Una de las cosas que trajo la desfederalización es la disociación del fenómeno que hace que la investigación de narcomenudeo la lleve la Provincia. Ahí está el cúmulo de información más accesible. Esa disociación de la información produjo una baja en los niveles de investigación federal. Este acuerdo a lo que tiende es a reunir esa información, para poder llegar a los proveedores y a quienes ponen el dinero para la existencia de estas organizaciones.
—¿Hay coordinación en San Francisco?
—Son muchas las personas que intervienen: fuerzas de seguridad, operadores judiciales. No solo los fiscales. Hay que trabajar en los vínculos en todos los niveles del sistema judicial. Las fuerzas de seguridad tuvieron una reunión en Córdoba con los fiscales generales de la Provincia (Juan Manuel Delgado) y de la Cámara Federal (Alberto Lozada) con Gendarmería, Policía Federal, la FPA, de todas las jurisdicciones. El mensaje transmitido fue el de conformar equipos de trabajo –el objetivo de máxima– o, al menos, vincularse para que la información sea fluida, justamente porque está en el último eslabón y es necesario también ir subiendo.
—¿La Justicia Federal tiene recursos para investigar las estructuras económicas sobre las cuales se asienta el crimen organizado?
—Tenemos un área en la Procuración General a la que acudimos constantemente, la Procelac, para poder realizar investigaciones patrimoniales que son el golpe duro posprocedimientos de drogas. Nos apoyamos en el análisis de los especialistas.
—¿Después de la causa por narcolavado por la que fueron condenados el dirigente del club Sportivo Belgrano, Pablo Esser, y el barrabrava, Brian Requena, hubo más bandas desarticuladas?
—Esa fue la última. Hay investigaciones en curso pero llevan su tiempo.
—La escasa detección de bandas nos plantea por lo menos dos hipótesis: las organizaciones de narcotráfico no hacen base en Córdoba oestán presentes y nos pasan por arriba.
—Tenemos investigaciones abiertas. Obviamente no puedo revelar la información porque no tendrían éxito. Reconozco que es difícil. Tenemos imposibilidad de intervenir WhatsApp u otras redes sociales porque son de difícil acceso. Hay que mandar oficios a Estados Unidos, no es fácil obtener información que se requiere en el momento para advertir las maniobras como un transporte o la bajada de estupefacientes. Eso complica. Si me pregunta cuál es la mayor dificultad, es esta. Mientras las comunicaciones eran solo telefónicas, la tecnología que poseemos permitía intervenir para establecer el movimiento de la banda. Hoy nadie habla por teléfono, todo es por WhatsApp, Instagram, Telegram y juegos en red. Carecemos de recursos para intervenir ahí. Por eso lleva más tiempo establecer cómo será el itinerario, dónde está el líder.
—¿Hay algún reporte a nivel nacional que marque la frontera entre Córdoba y Santa Fe como una zona de riesgo para el narcotráfico?
—En la reunión con las fuerzas de seguridad que mencioné se plantearon diferentes situaciones de cada jurisdicción. En Villa María, por ejemplo, tenemos la autopista que es accesible para el transporte de drogas. Se puso el ojo ahí. En San Francisco, se advir tió la permeabilidad de la frontera. Es evidente que la droga pasa desde Santa Fe, pero las fuerzas de seguridad que manejan la información, no establecieron que hubiera bandas de alta peligrosidad.
—¿Ayudó la desfederalización del combate al comercio de drogas?
—Ayudó en el trabajo enfocado al narcomenudeo. La FPA trabaja potentemente en su función. Y presta colaboración a la Justicia Federal en muchas investigaciones, gracias a la buena voluntad de los fiscales provinciales con quienes estamos en contacto. Pero no ayudó para atacar el fenómeno en sus estadios superiores, los eslabones más altos.
