La investigación judicial, cada vez más cerca de Cardozo pero sin impacto directo

Desde la semana pasada, el fiscal Iván Rodríguez tiene en su despacho un escrito que, si fuera de cualquier otro expediente, pasaría desapercibido. Se trata de una remisión de antecedentes que efectuó el fiscal instructor de las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal, Raúl Garzón.

El documento consiste en la declaración testimonial del director de Medicina Forense del Poder Judicial, David Dib, quien ante Garzón señaló –bajo juramento– que a mediados de mayo él había sido convocado por el fiscal Guillermo González ante una consulta que le había hecho el abogado Alejandro Escudero Salama, por entonces funcionario del Ministerio de Salud y vicedirector administrativo del Neonatal. La consulta era debido a que llamaba la atención la aparición de “pinchazos” sospechosos en bebés. González y Dib –según el relato– le dijeron a Escudero que debían formalizar una denuncia para que se pusiera en marcha una investigación. A partir de la declaración del forense, Garzón detectó que los partícipes de la reunión podrían haber cometido algún delito. Lo tipificó: encubrimiento.

El pedido fue remitido a Fiscalía General y, por sorteo, terminó en las manos de Iván Rodríguez. La noticia fue un misil dentro de tribunales, ya que se dividieron las aguas entre quienes opinan que González debió intervenir apenas tuvo noticia de las sospechas y quienes tildan a Garzón de sobreactuación. Recrudeció la interna que nunca se acalló tras la pandemia, disimulada pero presente, entre fiscales que ven con buenos ojos la centralización de investigaciones en unidades específicas y los que pugnan por la continuidad del esquema de distritos y turnos separados. Garzón y González son magistrados de larga trayectoria.

En cada recambio de autoridades en la Fiscalía General, ambos nombres emergen como candidatos a cargos expectantes.

Qué pasó el 16 de mayo. PERFIL CÓRDOBA obtuvo datos de tres fuentes. Una de ellas participó de la reunión que se realizó en el despacho del fiscal Guillermo González en el primer piso de Tribunales 2. El lunes 6 de mayo, Escudero Salama llamó al fiscal y le comentó que en el Neonatal había “pinchazos raros”. Ambos son amigos y generan colaboraciones recíprocas desde que el funcionario provincial estaba en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque trabaja en temas vinculados al colectivo LGTBIQ+ al igual que González.

El fiscal llamó al forense David Dib pero como se encontraba en Buenos Aires, decidieron hacer la reunión la semana siguiente. Se concretó el jueves 16 de mayo. En ese encuentro no se habló de bebés muertos y el consejo que le dieron tanto González (magistrado) como Dib (funcionario judicial) a Escudero Salama fue que el hospital presentara una denuncia.

Dib consultó explícitamente a Escudero: ¿hubo algún muerto? La respuesta fue que no. Y la sugerencia fue: ‘Si hay algún fallecimiento, hagan autopsia’.

¿Por qué González no abrió una investigación de oficio? Al no haberse hablado de muertes y solo de ‘pinchazos’, el delito que podría haberse configurado era el de lesiones y este no permite abrir una pesquisa sin que se interponga denuncia. Es una respuesta posible.

¿Por qué Escudero Salama no mencionó las muertes del 18 de marzo y del 23 de abril? La explicación provisoria es que ambos decesos recién se conectaron a los “pinchazos raros” a partir del 6 de junio cuando explotó la situación al producirse dos decesos en pocas horas.

Lo que resulta inexplicable a esta altura es que si desde los primeros días de mayo había preocupación en el hospital por los “pinchazos raros” por qué no se impulsó la autopsia al bebé fallecido el 23 de mayo, o no se judicializó su deceso.

Hasta aquí el relato y la interpretación que brindaron a este medio las fuentes consultadas.

Cualquier resolución que adopte el fiscal Rodríguez sobre la reunión abre escenarios gravísimos desde el punto de vista institucional.

• Si imputa a Guillermo González por no actuar apenas tomó conocimiento, es un escándalo: podría derivar en un jury y su destitución. 
• Si el expediente se archiva, se instalará la duda de por qué Garzón mandó a investigar a un colega y si usó la causa para cobrar facturas internas o trasladar a González el mote que le ha puesto la oposición, de “amigo del gobierno provincial”.

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Que el árbol no tape el bosque. Algo queda claro después de la escandalosa derivación que tuvo la causa la semana pasada: Diego Cardozo, el jefe de Escudero Salama, no podía desconocer lo que sucedía en el Hospital Neonatal desde, por lo menos, el mes de mayo. Si el abogado que él había puesto en la vicedirección administrativa del nosocomio, consideró preocupante la secuencia de pinchazos raros, Cardozo debía estar al corriente.

No solo no denunció, sino que habría bajado línea a la directora, Liliana Asís, para que se encare una investigación administrativa garantizando el hermetismo de lo que acontecía.

Sin embargo, mientras se digiere el impacto del pedido de un investigación a un fiscal y un funcionario judicial, se demora una eventual imputación de Cardozo y de su segundo, Pablo Carvajal, ambos eyectados del Ministerio de Salud a raíz del escándalo, al igual que Escudero Salama.

Este medio refirió, en ediciones pasadas, el armado que elegía Cardozo para los hospitales provinciales: médicas y médicos en las jefaturas y abogados en las vicedirecciones.