Desde el 10 de diciembre se dio en Córdoba un escenario inédito desde que comenzaron los gobierno peronistas, por primera vez la oposición tendría mayoría en el Tribunal de Cuentas, esto es el principal órgano de control de gastos para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Defensor del Pueblo. Como se sabe, al Tribunal cuenta con tres vocales, dos de la mayoría (la actual oposición) y uno por la minoría (el oficialismo) y hay dos instancias de control, pueden ser previa a la concreción de un gasto o posterior al mismo.
Cabe recordar que hacia fines del año pasado, antes del recambio en la Unicameral, el oficialismo –por entonces con amplia mayoría en el recinto legislativo- aprobó una ley que, según la oposición limitaba varias de las atribuciones de control del Tribunal. Se abría la puerta, según la oposición, a una serie de cambios que bajaba los niveles de exigencia para auditar los gastos y limitaba la capacidad de control de los mismos.
A casi 3 meses de que la oposición esté a cargo del Tribunal de Cuentas ya se estarían verificando muchos de esos obstáculos. En diálogo con PERFIL CORDOBA, su presidente, Beltrán Corvalán asegura que se encuentran con muchas acciones operativas y propias del nuevo marco legal que limitan la capacidad de control del gasto que está realizando el oficialismo provincial.
“Hicieron varias cosas. Primero nombraron a todos los directores, subdirectores y jefes de área del Tribunal para ellos, a la planta política en vez de irse les dieron cargos directivos; segundo cambiaron la Ley, sacaron algunas incumbencias y bajaron los tiempos máximos con que contamos para ver de forma preventiva los gastos, podemos ver menos expedientes de lo que históricamente se veían; y después redujeron el Presupuesto. Todo esto para evitar que el Tribunal de Cuentas cumpla con su función que es controlar al gobernador”, dice Beltrán Corvalán.
Y remarca: “A pesar de todo esto, estamos controlando y vamos a seguir controlando, por primera vez en 24 años el Tribunal de Cuentas no es una escribanía. Ya hemos observado un montón de gastos y pedido muchas explicaciones. Han llegado expedientes globales sin información, por ejemplo, de a quien se contrataba. Ni la información básica. Estamos viendo también casos de sobreprecios y ya empezamos a pedir información. A cada rato nos encontramos con cosas, pero vamos a cumplir con la función constitucional que tenemos. Lo estamos llevando adelante. Hay expedientes globales de obra pública, de $1.000 millones a los que les faltan muchas especificaciones. Los expedientes de obras, por los general son muy grandes, pero ahora han llegado expedientes de 20 fojas”.
Para el funcionario hay un punto clave que complica la fiscalización del gasto previo: y es que se fijó como tiempo máximo 15 días desde que el expediente se analiza: “antes no había tiempo límite para analizar un expediente y el tiempo promedio era 40 días. Ahora, con la nueva ley con la que nos sacaron atribuciones, una de las cuestiones es que se fijaron 15 días, pasado ese tiempo se aprueba el expediente per se o en forma ficta. Hay muchos expedientes que los vemos por arriba, porque no tenemos días. Son 6 días para las líneas, el área técnica y 3 días para la vocalía, incluida la presidencia. Yo tengo 3 días. Nos han acotados al máximo los tiempos, no los estamos pudiendo analizar de la manera que debemos, no podemos ver todo, vemos la parte más importante, lo otro lo vemos más o menos porque no tenemos tiempo material para analizarlo. Hay expedientes sensibles en obra pública porque son dineros importantes.
La falta de personal es otro punto que subrayan: “Nos falta gente. Si antes lo hacíamos en 40 días hoy tenemos 15 días de tiempo, haría falta el doble de gente, pero tenemos menos. Hoy hay 270 personas en el Tribunal. En teoría y al principio veíamos 100 expedientes por día, ahora ese número bajó sustancialmente. No sabemos si es por algo estacional o por el lio interno que tienen porque hay designaciones que se han demorado y eso demora el ingreso y envío de expedientes”.
