La pobreza en la provincia de Córdoba llega cuanto menos al 28%, tomando como referencia las mediciones realizadas por Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia. ¿Podría llegar al 34,2%, como sostiene el INDEC? En verdad, esa diferencia de seis puntos podría estar en las propias caracterísiticas del método con que se mide la pobreza.
Una mirada disruptiva de este drama social viene advirtiendo -desde hace años ya- que la forma en la que la Argentina mide oficialmente la pobreza de su población a través de los ingresos corrientes de los hogares (método de Línea de Pobreza) es un método insuficiente, en el mejor de los casos. En el peor, se volvió un método viciado de sesgos que ayuda a esconder la ineficacia de las políticas públicas y la forma en la que el gasto social clientelista fue profundizando las condiciones de pobreza estructural.
“Actualmente, no pocos especialistas señalan la necesidad de revisar el modo en que se mide la pobreza. Se afirma que la pobreza es mucho más amplia que la insuficiencia de ingresos y que tanto la pobreza como las condiciones de vida que experimentan las personas y los hogares no pueden ser evaluadas de manera ‘indirecta’, incluso aunque se moneticen los recursos no monetarios”, señala Eduardo Donza, responsable de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, Período del Bicentenario 2010-2017, un estudio llevado adelante por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).
La mirada de la UCA rompe paradigmas tradicionales porque denuncia que “las exclusiones sociales incluyen privaciones en distintas dimensiones, tales como: seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda, empleo, empoderamiento, discriminación, seguridad personal, y muchas otras que difícilmente pueden ser evaluadas a través del ingreso o el gasto corriente”, explica Donza.
La perspectiva desde la cual la UCA propone medir la pobreza está en directa consonancia con el profundo trabajo de investigación que viene haciendo en la Argentina el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP), que mide el desarrollo social a partir de tres dimensiones: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Esta mirada transversal de la pobreza también está ganando consenso en institutos de investigaciones privados como el Ieral, de Fundación Mediterránea, el cual siguiendo la línea del PNUD, elabora el Índice de Desarrollo Regional por Provincias (IDRP). “El desarrollo humano tiene que ver con la expansión de las libertades y capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y tienen razones para valorar”, define Gerardo Alonso Schwarz, economista Jefe del Ieral.
Diferencia sustancial. La medición multidimensional de la pobreza se diferencia de la tradicional medición por ingresos en el enfoque que la primera le da a los derechos que les corresponden a las personas, adicionalmente a la cantidad de dinero que cada persona u hogar logre reunir por mes.
Es esta diferencia crucial la que vuelve estéril cualquier discusión que busque sostenerse entre el Indec y la Dirección de Estadísticas de la Provincia, sobre el caso del perfil de la pobreza en Córdoba.
¿Por qué? Porque las transferencias monetarias y no monetarias (programas y planes sociales de todo tipo), un salario que le gana a la inflación e incluso más puestos de trabajo no son dimensiones que alcancen para justificar un proceso de erradicación genuino de la pobreza.
Hogares cordobeses que han mejorado su condición en algunas de esas tres dimensiones citadas, siguen atrapados en condiciones de riesgo alimentario; con escaso acceso a cobertura de salud integral; viviendo en casas precarias o en condiciones de hacinamiento sin acceso a servicios sanitarios básicos; con jefes/as de hogar sin educación media completa, con alto porcentaje de abandono escolar en la población adolescente y sin capacitación en oficios que permitan a familias vulnerables superar la dependencia del asistencialismo; sin acceso a recursos de información y teniendo que desarrollar sus vidas en barrios dominados por la inseguridad y la criminalidad crecientes. (Ver abajo datos duros en “Rompecabezas de la pobreza”).
“A pesar del esfuerzo, las transferencias condicionadas que realiza el Estado a los hogares excluidos no les alcanzan para vivir en forma digna”, señala Eduardo Donza, de la UCA, al explicar una realidad que no sólo le cabe a la Provincia de Córdoba sino a la actuación de la Nación en ese mismo sentido. Esto es tan real como que en el ejercicio 2017, el gasto social realizado por la Provincia para servicios de promoción y asistencia social, salud, educación, trabajo y vivienda ascendió a unos $59.000 millones y, aún así, la pobreza sigue rondando el 30%.
“Si hay un gasto significativo pero los resultados no son satisfactorios, el problema podría estar en la orientación y en la eficiencia en la asignación del mismo”, apunta el doctor Rubén Mercado, senior economist y director del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, del PNUD.
Medir la pobreza en forma multidimensional, a partir de la matriz de los derechos, permite poner en evidencia los resultados de las políticas públicas y también el desempeño mismo de la estructura productiva, que es la que debería accionar la lucha de fondo contra la pobreza.
Las series estadísticas de la Encuesta de la Deuda Social Argentina permiten observar que se fue consolidando en el país “un sector micro-informal extenso con baja productividad y escasas remuneraciones”, apunta Donza.
En el caso particular de Córdoba, el Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP) del PNUD muestra que la provincia está entre las ocho de más crecimiento y, sin embargo, entre las 10 con más baja inclusión social.
“No siempre el crecimiento impacta correlativamente en la inclusión social, particularmente en el corto plazo, algo que se relaciona con el tipo de empleo que se genera, que a su vez depende del tipo de estructura productiva que se está desarrollando. Esta es una hipótesis general, que habría que profundizar en el caso de Córdoba”, concluye el doctor Mercado, del PNUD.
EL ROMPECABEZAS DE LA POBREZA
Algunos datos duros que permiten reconstruir el perfil de la pobreza en el Gran Córdoba, más allá de los niveles de ingresos:
• 55% de la población de 0 a 17 años padece “al menos una privación” respecto a las siete dimensiones de derechos a los que todo niño debe acceder (vivienda, saneamiento, alimentación, información, salud, educación y estimulación). Esta privación reviste el carácter de “severo” para el 18,5% de los niños y adolescentes cordobeses.
• 33% de los hogares no tiene acceso a recursos de información (no cuentan con computadora ni Internet, o que en su defecto no tienen biblioteca familiar).
• 30% de los hogares con déficit de recursos educativos (expresa para niños y adolescentes, la situación de no asistencia a una institución educativa formal y la situación de no adquisición, por parte de ningún componente adulto del hogar, de un nivel mínimo con relación a las credenciales educativas)
• 27% de los hogares tiene déficit de acceso a cobertura de salud (son hogares que en los últimos 12 meses no realizaron gastos en atención médica o medicamentos por motivos económicos. En ellos, el principal aportante de ingresos no tiene obra social)
• 32% de los hogares tiene déficit de acceso a conexiones de red cloacal, agua potable y fuentes de energía (luz y gas).
• 21% de hogares no tiene acceso a vivienda digna, padece de hacinamiento o vivienda precaria.
Fuente: Encuesta de la Deuda Social Argentina, Período del Bicentenario 2010-2017.
