La recisión del contrato a Movypark podría tener un costo de $ 800 millones

Movypark, la empresa que tenía concesionado el servicio de estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba, confirmó que presentará una demanda contra la Municipalidad de Córdoba por daños y perjuicios, ya que al corte de servicio que llevó adelante el municipio, se suma el contrato que había firmado la compañía y, por ende, no será cumplido.

Si bien desde la empresa evitaron mencionar el monto de la demanda, diversas fuentes consultadas por PERFIL CÓRDOBA lograron establecer el ‘costo’ que afrontará la Municipalidad tras la baja del servicio y a partir de allí tratar de establecer de cuánto sería el monto de una eventual demanda.

De los datos públicos que se conocen, se puede determinar que la recaudación de Movypark era de $ 500.000 por día, lo que supone que en 24 días hábiles (contando cuatro medias jornadas los sábados) el monto es de $ 12 millones por mes. En el pliego estaba establecido que Movipark se quedaba con el 39% de la recaudación, es decir $ 4,6 millones por mes, lo que eleva el monto a más de $ 450 millones.

Ahora bien, las mismas fuentes añadieron que si la Municipalidad pone en marcha el servicio de estacionamiento medido, tal como quedó establcido a través del Concejo Deliberante, y debe afrontar como inversión promedio el costo operativo de Movypark ($ 3,5 millones por mes), el monto por los 8 años previstos podría rondar los $ 350 millones.

“Teniendo en cuenta estos números, la rescisión le podría costar a la Municipalidad hasta $ 780 millones tomando una foto de hoy e incluyendo daños, perjuicios y hasta lesión de marca”, añadieron las fuentes. Sin embargo, fijar el monto de la demanda es ‘complejo’ por las múltiples variables que se pueden analizar, pero el mismo sería ‘muy importante’.

“Hay muchas consideraciones a tener en cuenta y es la última decisión que quisiéramos tomar, pero nos vemos obligados a hacer algo que no queremos y que en definitiva van a terminar pagando los cordobeses, todo por una decisión apresurada y sin fundamento de parte del municipio”, sostuvo el presidente de la compañía, Carlos Zipillivan.

El empresario dio algunas precisiones de la presentación judicial en el programa ‘Aunque parezca tarde’, que se emite por Punto a Punto Radio. Allí, sostuvo que presentaron “un recurso contencioso administrativo y un amparo para que se nos restablezca la actividad, ya que no hay ninguna razón legítima para la interrupción del servicio y menos para la rescisión, tal como decidió la Municipalidad”.

En ese sentido, añadió que en la semana “la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba admitió a trámite nuestro reclamo y ya se lo transmitió a la Municipalidad, que debe responder. Si a través de esa vía no nos restablecen nuestro derecho, no nos quedará más que avanzar con una demanda, que será millonaria no sólo por el corte del servicio sino por los ocho años de contrato que teníamos que cumplir”.

—¿De cuánto sería la demanda?
—No quiero adelantar cifras, ya que primero hay que definir las circunstancias en las que vamos a presentar la demanda: cada mes que pasa implica pérdidas de ingresos y también hay que sumar los gastos, pero sin dudas pesan los ocho años de contrato. Es una cifra muy importante. Hace poco salió una condena contra la Municipalidad de una empresa prestataria de servicios y el monto estaría en órdenes similares a esas cifras.

—¿Qué inversiones realizó la empresa?
—Fueron unos $ 50 millones, a lo que hay que sumar las pérdidas en los dos primeros períodos operativos, ya que hubo retrasos por parte del municipio.

—¿Quién debe reintegrar los montos a los usuarios?
—La Municipalidad, ya que nosotros prestamos un ser v icio y cobramos por cuenta y orden una tasa que va a la Municipalidad: rendimos el ciento por ciento de lo recaudado y cobrábamos el 39% por los servicios prestados. Si se restablece el servicio, la gente va a poder usar esos fondos. Por presiones, la Municipalidad apretó la tecla equivocada y hoy el sistema de estacionamiento medido no existe: las playas privadas están en una situación de quiebra, porque el espacio libre no tiene control y porque las cooperativas de naranjitas, con quienes convivimos muy bien, hoy están desmanteladas, cobrando con dinero en mano. En números, el impacto es grande: las playas privadas empleaban a unas 500 personas y hay que sumar otras 500 personas de las cooperativas. Asegurar que esta situación se da por la pandemia es una falacia: Rosario y La Plata siguen cobrando el estacionamiento medido. Y a eso hay que sumarle las pérdidas de ingreso del Municipio: unos $ 100 millones anuales. Todo por una mala decisión e ilegítima.