La seguridad simplificada o el camino predecible hacia el fracaso en seguridad

En los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante aumento de los índices de criminalidad, tanto en nuestro país como en Córdoba en particular. Estos desbordes han superado los límites de lo que la ciudadanía considera tolerable, situando la cuestión de la seguridad en los primeros lugares de la agenda pública, y durante etapas electorales se convierte en un eje central del debate entre candidatos.

Es innegable que el debate fortalece la democracia al permitir la visibilidad de diversas perspectivas, intereses y valores que respaldan cada postura. Sin embargo, el imperio de las redes sociales y de la baja tolerancia cívica hacia discursos extensos, han llevado a la casi desaparición de los espacios de debate, imponiéndose como reguladores indiscutidos, los manuales de comunicación electoral.

Estos manuales tienden a comprimir y limitar las ideas y propuestas de soluciones, convirtiéndolas en slogans breves, concisos, fáciles de entender y simples de recordar.

En este contexto, la simplificación es el mandato trascendental, a pesar de su cercanía con aquella “simplificación demagógica” denunciada por Pierre Bourdieu en décadas pasadas. 

Pero lo más terrible es que esa simplificación, hoy ya especializada como la seguridad simplificada, es la que nos trajo a este punto, donde los ciudadanos salen de sus casas con temor a ser asaltados y donde todos fluctuamos entre el miedo y la bronca, al repasar las noticias cotidianas, saturadas de hechos violentos.

Pero las nefastas consecuencias de la seguridad simplificada no acaban allí. No permite abordar la complejidad de los problemas de inseguridad, que derivan de la complejidad de la conducta humana y sus motivaciones y es la razón por la que a su vez, resulta absolutamente superada.  

Para prevenir eficazmente las lesiones a las personas, a sus derechos y a sus expectativas de una vida en dignidad, necesariamente se  impone la complejización de los diseños para la acción. Integralidad en el abordaje, multisectorialidad, alianzas interinstitucionales y el foco en la persona y su contexto son los elementales principios de los cuales partir si se pretende evitar delitos y violencias.

Hoy, ya discurriendo sobre el terreno de la contienda electoral municipal, como ocurrió en el proceso provincial, no existen diferencias sustanciales sino de grado, pero siempre alrededor de la seguridad simplificada.

En el extremo más radical se escucha la propuesta de una transferencia de policías al municipio, aún en contra de los vallados constitucionales que asignan la conducción de las fuerzas de seguridad al titular del poder ejecutivo provincial. Y en el otro extremo se valoran desde una “policía de seguridad municipal” -también para analizar su legalidad-, hasta el reforzamiento de la guardia urbana, impuesta por el municipio capitalino, hace unos pocos meses.

Este caso, declamado por autoridades municipales como de responsabilización municipal en seguridad, lamentablemente tampoco pudo escapar de lo que ya a esta altura debemos identificar como el laberinto de la seguridad simplificada.  

La guardia urbana, o la replicación del modelo de “patrullajes” vehiculares, tal como lo establecería la más rancia tradición policial, impactó de lleno contra las políticas de protección ambiental que tan exitosamente Córdoba había instituido y presentaba como una innovación casi con características de exportación.

Mientras la Unión Europea decidió reducir al 100%, para el 2035, las emisiones de carbono producidas por motores de combustión interna, impulsando a sus policías a incorporar automóviles eléctricos, la municipalidad incrementó esas emisiones de carbono con la incorporación de más de 60 vehículos, echando por tierra significativos esfuerzos realizados desde muchas áreas, en el cuidado y la preservación del ambiente de los cordobeses.   

Así, la seguridad simplificada hizo perder la oportunidad de reforzar una imagen de municipio amigo del ambiente, interviniendo en el mercado para estimular el desarrollo y la aceptación de la movilidad eléctrica y hasta reduciendo el espacio que ocupan los patrulleros tradicionales usando autos más versátiles para ciudades con calles angostas y sobresaturadas de vehículos.

Aun así, la municipalidad habría podido “responsabilizarse” mucho antes y con un recurso que representaba la más sólida guía para salir del laberinto securitario.  Desde el año 2014, la Ordenanza 12.325 creó el Consejo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba -que nunca se puso en marcha-, instituido como órgano consultivo para asesorar a la Municipalidad en la elaboración de un plan que “centrado en las personas y bajo una matriz metodológica participativa, multisectorial, integral, contextualizada y preventiva, garantice el pleno goce  y ejercicio de los derechos humanos y propenda al desarrollo de las personas” y establece sistemas de empoderamiento ciudadano a través de, entre otros dispositivos, la transparencia en el manejo de los datos de la seguridad. El resto del articulado define lo que debiera haber sido el norte para actuar en seguridad ciudadana en nuestra Córdoba.

En resumen, esta seguridad simplificada nos está dejando abandonados en un laberinto reduccionista del que no podremos salir si abandonamos los discursos y las metodologías tradicionales que nos pusieron en esta situación no deseada por nadie.   

Quizás también sea hora de incidir en esa evidente resistencia al cambio en las instituciones de seguridad, lo que perpetúa modelos obsoletos e ineficaces. Solo así podremos aspirar a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y construir una sociedad más segura y justa para todos.

(*) Director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal