Pasaron las elecciones, pero sigue la incertidumbre. Javier Milei asume en un momento crítico, con indicadores económicos y sociales que desnudan una extrema vulnerabilidad.
Ariel Maciel: “La incertidumbre mayor está en que no se sabe todavía cuál es el plan de estabilización" |
Télam
Virginia Giordano
Pasaron las elecciones, pero sigue la incertidumbre. Javier Milei asume en un momento crítico, con indicadores económicos y sociales que desnudan una extrema vulnerabilidad. Las reservas netas se encuentran en un nivel negativo inédito, las leliq y pases en niveles inéditamente altos y la inflación viaja al 200% interanual. Aun cuando está en niveles muy altos, se espera que la situación sea peor.
La inflación está reprimida a través de atrasar precios regulados (tarifas de los servicios públicos, salud, educación privada, dólar) y pisar el dólar. El dólar paralelo se ubica por encima de los 1000 pesos, marcando una brecha cambiaria en niveles históricamente altos. La deuda de importadores alcanza máximos históricos, mientras que el déficit fiscal se sitúa por encima del 5% del PBI, la deuda pública se encuentra en su punto máximo para esta gestión, y la tasa de pobreza afecta al 40% de la población. El abordaje de estos desafíos demanda desplegar una agenda de políticas titánicas.
No se sabe cuan peor puede llegar a ser la situación en diciembre. Tampoco hay certeza sobre los planes del presidente electo. Las dudas sobre la viabilidad de un plan de dolarización, en un marco de escasez de dólares, llevan a múltiples elucubraciones. Así, aumentan las probabilidades de que se adopte un régimen bimonetario.
Donde no hay dudas es en la cuestión fiscal. Independientemente del régimen monetario que se elija, si se desea reducir la inflación, es imperativo equilibrar las cuentas públicas. Hoy en día ya pocos dudan de que la condición necesaria para reducir la inflación es la disciplina fiscal. Esto es fácil de decir pero muy difícil de alcanzar. El antecedente de más de medio siglo de crónico déficit fiscal demuestra que en la Argentina gastar por encima de los ingresos es una política de Estado.
¿Cómo se equilibran las cuentas públicas?
Que el ajuste lo tiene que hacer la política y que se aplicará la regla de que ministro que gaste de más se va, como lo planteó el presidente electo, son principios generales correctos pero manifiestamente insuficientes. Más allá de la ambigüedad del concepto, hay mucho para ahorrar en materia de gastos de la política. Es obvio que se necesita el férreo compromiso de todo el gabinete nacional en reducir erogaciones. Pero se necesita un plan audaz e integral para revertir arraigadas prácticas fiscales insostenibles.
En términos prácticos, la mitad del problema es bajar el gasto público. Allí la agenda es frondosa porque hay mucho por hacer en todas las áreas del Estado. Solapamientos entre los tres niveles de gobierno, subsidios a las tarifas de los servicios públicos y el déficit de empresas públicas, son aspectos de relevancia crucial. Más austeridad, equidad y eficiencia son pasos esenciales para lograr una gestión fiscal más sostenible y eficaz.
Pero una medida que es imprescindible abordar, y que casi nulo protagonismo tuvo durante la campaña electoral, es el ordenamiento del sistema previsional. El gasto previsional es el principal factor de desestabilización de las cuentas públicas. Pretender bajar el déficit fiscal sin adaptar las reglas del sistema jubilatorio es una causa perdida.
Ordenar el sistema previsional es imprescindible a nivel nacional, pero también en cada una de las provincias que mantienen la administración de las jubilaciones de sus empleados públicos. El desafío es mucho más amplio que cambiar la fórmula de movilidad: se necesita adaptar las normas previsionales a la realidad y contemplar los cambios que permitan absorber los impactos del envejecimiento poblacional.
No todo es cuestión de gastos
La otra mitad del problema es ordenar el sistema tributario. Para quienes dudan de la importancia, prioridad y urgencia de reformar el sistema tributario, basta con señalar que si Argentina tuviera los niveles de cumplimiento tributario de Uruguay o Chile, no tendría déficit fiscal. En otras palabras, alcanzaría con reducir la evasión a los niveles de los países vecinos para equilibrar las cuentas públicas.
Pero además del enorme impacto que tendría sobre las finanzas públicas reducir la evasión, no hay ninguna posibilidad de que la producción crezca de manera sostenida si se mantienen impuestos tan distorsivos como los que tiene Argentina. La simplificación y racionalización del sistema impositivo son esenciales para fomentar la inversión, estimular el crecimiento económico y mejorar la competitividad.
Para lograr bajar la evasión, y además establecer un sistema tributario más amigable con la inversión, la generación de empleos y las exportaciones, se necesita un replanteo integral que tome como eje la unificación de impuestos entre niveles de gobierno. No va más que la misma persona por un mismo hecho imponible pague varios impuestos.
El cambio más trascendental es unificar IVA con ingresos brutos y tasas municipales. Para ello es imprescindible un acuerdo con las provincias. Esta medida no sólo simplificará el cumplimiento tributario para los contribuyentes, sino que también eliminará la duplicidad de cargas impositivas y promoverá un entorno más propicio para el desarrollo económico sostenible, incentivando la inversión y generando un ambiente favorable para la creación de empleo.
Que el que gaste, recaude
El acuerdo es la oportunidad para incorporar un principio ampliamente avalado por la teoría de las finanzas públicas: la corresponsabilidad fiscal, es decir que quien gaste sea el responsable de cobrar los impuestos para financiar ese gasto. Esto incentiva la austeridad y la eficiencia en la gestión.
En este esquema, el Estado nacional se debería financiar con los impuestos al comercio exterior, la seguridad social y el impuesto a los ingresos (mal llamado actualmente impuesto a las ganancias). Las provincias con sus municipios, con un IVA que absorba ingresos brutos y tasas municipales; la AFIP debería seguir administrando el IVA unificado, sólo que en lugar de distribuir aplicando la coparticipación, debería hacerlo en función de la producción y consumo de cada provincia.
Bajo estas reglas es factible sustituir la coparticipación, que es una de las principales causas de la decadencia argentina. En general, a las provincias del centro y la Patagonia la coparticipación les impone un drenaje de recursos que cercena su progreso. Paradójicamente, también cercena las posibilidades de progreso de las provincias del norte, ya que los abundantes recursos que reciben son destinados mayoritariamente al empleo público espurio y otras prácticas clientelares. Estableciendo como regla general el autofinanciamiento de las provincias, es factible sustituir la coparticipación por un Fondo de Convergencia. El Fondo es una mejor herramienta que la coparticipación para promover el desarrollo de las provincias más rezagadas.
Desde el punto de vista político, el acuerdo con las provincias es un desafío complejo, pero no imposible. La Constitución no obliga a unanimidad sino a mayorías simples, como se requiere para aprobar una ley en el Congreso de la Nación. Obviamente que tratándose de un tema tan sensible e importante esto es muy difícil. Pero la enorme trascendencia del tema amerita el esfuerzo. La construcción de consensos y la búsqueda de un diálogo abierto y transparente son fundamentales para superar las divergencias y alcanzar acuerdos que beneficien a todos los argentinos.
