La aprobación del Presupuesto 2023 le está costando más de lo pensado al gobierno nacional. Aunque no tanto por las dudas y trabas que plantean desde las bancadas opositoras. Hoy gran parte de las resistencias constituyen lo que podría llamarse el “fuego amigo”: el conglomerado político que componen las organizaciones y movimientos sociales y que tienen representantes asociados al Frente de Todos.
El oficialismo plantea un incremento de las partidas sociales en torno al 72%, contra una inflación estimada en el proyecto de ley del 60%. La clave es que se trata de una subestimación de la dinámica de suba de precios que para muchos analistas rondará el 100%. En ese recorte real los movimientos sociales están enfocando su presión y comenzaron a exigir un incremento de las partidas sociales, condicionando el apoyo a la aprobación del Presupuesto.
Es la última postal que refleja el poder de fuego –y de veto- que lograron cosechar las agrupaciones que copan las calles día a día.
Hace 10 días, el acampe piquetero que concretó en Córdoba el Polo Obrero, Barrios de Pie y otros movimientos sociales fue uno de los más fuertes, con la presencia de carpas, ollas populares y el despliegue y movilización de unas 7.000 personas sobre la avenida Chacabuco. Se extendió durante dos días y generó el colapso del tránsito, caos vehicular y la furia de comerciantes y vecinos.
Esta movilización y acampe responde una nueva lógica de protesta urbana. La calle no la gana un gremio en reclamo de un incremento salarial, el despido de compañeros trabajadores o de mejores condiciones laborales. Es una protesta que no tiene referentes visibles o fácilmente identificables. Tampoco una demanda puntual, acotada y coyuntural. Las consignas que se enarbolan son, con todo, igual de válidas y totalmente atendibles a la luz de una macroeconomía que no da tregua a los bolsillos domésticos: más ayuda y presencia estatal para arañar las condiciones de una vida digna. Es un reclamo que viene repitiéndose, que no estaba presente de forma masiva décadas atrás y que difícilmente desaparezca con una inflación de la canasta básica alimentaria (lo que se requiere para cubrir los gastos mínimos en comida y no caer en la indigencia) que anotó una suba del 7,6% en agosto y acumula un alza del 60% en lo que va del año.
Conforme el proceso inflacionario sigue sumando más elementos para incrementar su inercia y el mercado laboral no aparece con la robustez suficiente para generar empleo privado de calidad y bien remunerado, la tensión escala y estalla en las calles. Pero, de nuevo, esa presencia en las calles está hace tiempo signada por las organizaciones y movimientos sociales antes que por las gremiales consolidadas.
En el fondo, se viene gestando desde la salida de la crisis de 2002 una profunda transformación en la estructura del mercado laboral argentino y, por decantación, en la representación que sobre ese universo logran las centrales gremiales y hoy, más que nunca, las organizaciones paragremiales o pseudosindicales que suman más y más representados de un mercado informal que no parece tener techo.
Nuevo mapa. En un análisis de la estructura del mercado laboral, donde no solo se incluye a los trabajadores activos sino también a los inactivos en edad de trabajar, es posible detectar a unas 25 millones de personas.
De ese total, los asalariados registrados son unos 8,4 millones, incluyendo a los que trabajan en el sector privado y en el público; luego tenemos unos 16,5 millones en otras condiciones. A saber: hay 6,3 millones de inactivos (podrían incorporarse al mercado laboral y tienen edad para hacerlo, pero no lo hacen); hay 4,8 millones de no asalariados; hay 4,095 millones de asalariados no registrados (informales); y luego hay 1,6 millones de desocupados.
Este desmenuzamiento del mercado laboral argentino fue parte de una presentación que realizó el economista Jorge Colina, presidente de Idesa. Y con este marco es que avanzó para describir cómo se está reconfigurando hoy la representación, discusión, disputa política, territorial y salarial de los derechos de los argentinos en edad de trabajar.
Así, se detecta que el universo “abarcable” de las centrales gremiales y sindicatos consolidados es de solo 8 millones de personas. Del otro lado, hay 16 millones de argentinos que pueden tomarse por representados por las organizaciones sociales, movimientos como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, el Movimiento Evita, el MTR, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entre otros.
“Cuando en 2004 comienza la bonanza económica, hasta el 2012, aumentan los formales, aunque no baja la informalidad. El Ministerio de Desarrollo Social empezó el reparto de planes entre la gente adulta inactiva. Cuando la economía se estanca, a partir del año 2013 entonces se estanca el crecimiento de los asalariados formales, sigue creciendo la cantidad de informales y fundamentalmente la franja de inactivos. Y ahí es donde van a moverse las agrupaciones piqueteras. Y a los no asalariados, los trabajadores en negro, los puesteros. Van a buscar también a las mujeres pobres o a las abuelas al cuidado de los hijos y que es común verlas en las marchas. Son personas que no trabajan ni buscan trabajo y que hoy tienen por trabajo ir a las marchas”, plantea Colina.
Y sostiene que el empleo asalariado privado está estancado en 6 millones desde 2013, creció el empleo público y creció en forma importante el no asalariado y el sector inactivo.
“De allí se nutren mucho las organizaciones piqueteras para las marchas. Son personas que cumplen con las organizaciones, tienen presencia y hasta incluso respetan y muestran cierta disciplina. Cuando les dicen que tienen que estar a tal hora para la marcha están. Ellos no perturban a la gente, los que perturban a todos son los que organizan el corte o la marcha”, afirma.
-¿La informalidad encontró su techo o va a seguir creciendo?
-Va a seguir creciendo la informalidad y la formalidad no va a crecer en la medida que no haya inversiones, ni una modernización de las instituciones laborales. En particular hay que permitir que las pymes se puedan salir, con acuerdo de los trabajadores, de los convenios colectivos sectoriales. Porque el convenio colectivo sectorial se volvió de imposible cumplimiento ya.
-¿Qué rol cumplen para el Estado estas organizaciones? ¿Hay una delegación de las tareas de contención?
-En parte sí, el Estado está tan desordenado, tan desestructurado que no tiene forma de llegar a los pobres, entonces termina usando a las organizaciones sociales para contener a los pobres. Pero en parte termina siendo usado el Estado porque las mismas organizaciones se asignan una representación de los pobres que a veces no es tanta. Y no creo que sea posible desmontar eso, va a quedar por varios años más, porque no va a ser fácil generar un crecimiento de la formalidad. Es gente con mucho déficit de empleabilidad, tiene bajo nivel de formación, baja experiencia laboral, no es fácil para ellos entrar al mercado laboral formal.
-¿El Puente al Empleo de Massa como lo ve?
-En 2017 Macri lanzó el Empalme y fracasó, en 2021 Alberto hizo algo parecido y fracasó y esto va a fracasar también porque no hay crecimiento del empleo formal. Hoy tenemos gente con buena capacidad laboral y no consigue empleo formal, andan monotributeando imagínate lo que queda para los otros. Y por otro lado, se busca el blanco puro por los convenios colectivos y hoy son imposibles de aplicar porque no son trabajadores con tanta productividad como para pagar los salarios que exigen los convenios.
-¿Hay un problema de fondo de baja productividad entonces?
-Sí, ese es el problema de fondo. Se ha degradado la productividad, entonces los convenios colectivos, que son muy viejos, quedaron desfasados. Por eso hay que permitir a las pymes salir de los convenios que hoy son irreales.
-Si hace una década el mercado laboral argentino podía ser como el de Italia o España, ¿cómo será para adelante? ¿Más parecido al de Paraguay?
-Va a ser como el de Perú. O mejor dicho, ya es como el de Perú o el de Paraguay, donde la mitad de la gente está informal, y la otra mitad trabaja en empresas o son empleados públicos.
Libro: “Una nueva Buenos Aires”
Esta semana Jorge Colina estuvo en la feria del Libro Córdoba para presentar “Una nueva Buenos Aires”, un trabajo del que es co autor con el hoy exsenador nacional Esteban Bullrich y Enrique Morad. Allí plantean que gran parte de las trabas en el desarrollo del país se explican por la configuración política y territorial de la provincia de Buenos Aires. Sostienen que sólo un tercio habita y produce en la zona agroindustrial, pesquera y turística. Mientras los otros dos tercios, o 12 millones de habitantes, viven en bolsones estructurales de pobreza, violencia y hacinamiento en el Conurbano Bonaerense.
Y avanzan con una propuesta concreta: dividir el interior de la provincia en 3 nuevas provincias, Buenos Aires del Norte con capital en San Nicolás, Buenos Aires del Sur con capital en Bahía Blanca y Buenos Aires Atlántica con capital naturalmente en Mar del Plata. Así se busca aumentar la representación en el Congreso Nacional de las zonas más productivas y compensar la sobre-representación de las provincias más atrasadas que viven mayoritariamente de las transferencias nacionales.
Finalmente, proponen avanzar en un despiece del Conurbano en otras 2 provincias, Provincia de Lujan y Provincia de La Plata, para que saquen su mirada desde la Ciudad de Buenos Aires.
