El miércoles, el Senado de la Nación convirtió en ley la legalización del aborto. Además de la sanción de la Ley 27.610 también se votó en unanimidad el Plan de los 1000 días, que propone el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
La promesa electoral de Alberto Fernández tuvo su concreción gracias a la construcción de una estrategia diferente a la utilizada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el primer presidente de la democracia en abrir el debate a partir de un proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, rechazado en seis oportunidades.
Despenalizado y legalizado. El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación se impuso por 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. El freno en 2018 se había dado por 38 en contra y 31 a favor. La nueva ley ya no castiga con cuatro años de cárcel a las mujeres que aborten. Las interrupciones legales de embarazo solo se permitían en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.
El armado. Si bien a nivel público la incertidumbre y un virtual empate (con la posibilidad de que fuera Cristina Fernández de Kirchner quien tuviera que definirlo) caldeaba el ambiente y tensionaron las intervenciones públicas tanto de verdes como de celestes, el grupo transversal que jugó fuerte en 2018 y se amplió en 2020 por lo bajo mostraba un poroteo político cuya hipótesis de mínima eran 37 a favor y 32 en contra, y de máxima 38 y 32.
Siempre del lado del sí, aunque con mucha cautela dadas las presiones que recibieron los indecisos para torcer la voluntad afirmativa comprometida con las armadoras del triunfo.
Este poroteo contradecía las tendencias que pronosticaban un resultado más ajustado. De acuerdo a una fuente parlamentaria, esta votación fue un hito diferente a 2018 porque a aquellas diputadas verdes se sumaron senadoras, también a favor, y el Ejecutivo, a través de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
“Ese proceso permitió llegar con mayor fortaleza al Senado, con menos ruido respecto a los cambios, aportes de las indecisas que mejoraron la ley, para que salga”, dice la misma fuente, agregando que esa construcción previa permitió llegar con un alto nivel de certezas.
Sin embargo, si bien tenían el número “muchos senadores y senadoras no querían que se conociera su postura, porque estaban hartos de las presiones en sus provincias y estructuras partidarias”. A la zona de riesgo en la que ingresaron los indecisos -ya garantizados por la construcción transversal multipartidaria- se sumaron los ruidos mediáticos, que, de acuerdo a un referente del sector verde, fueron impulsados por los celestes: los rumores sobre un voto negativo de Ernesto Martínez, Laura Rodríguez Machado y Oscar Castillo, así como la posibilidad de que Juntos por el Cambio bloqueara la aprobación con propuestas de cambios al texto de la ley.
El trabajo puntilloso hacia el interior de cada bloque y la articulación en las tres patas -Diputados, Senado y Ejecutivo-, no se libró de tensiones durante la sesión.
De acuerdo al mismo referente, las dudas surgieron por los cambios en particular que pudieran solicitarse: “Si construían mayoría con cuatro senadores para las modificaciones, el resultado cambiaba: nadie los iba a aceptar y el proyecto volvía a Diputados”, analiza.
Judicialización. La misma fuente parlamentaria advierte que la diferencia obtenida en el Senado le da una mayor legitimidad a la Ley: “No es lo mismo ganarla por uno o dos votos que hacerlo por nueve. Sabemos que la van a judicializar. Hay que prepararse para que en enero presenten un amparo, con la complicidad de sectores conservadores del Poder Judicial, pero también tenemos la absoluta certeza de que cuando llegue a la Corte Suprema no le darán lugar, porque ya saldó la constitucionalidad con el fallo FAL”.
