El ministro Martín Guzmán, en representación del Estado argentino, anunció el acuerdo con los poseedores de bonos bajo ley extranjera, evitando caer formalmente en default. Despejar el horizonte de obligaciones financieras acuciantes que había dejado el gobierno anterior es un logro relevante.
Sin embargo este acuerdo es una condición necesaria y urgente pero no la única que deberá encarar el gobierno de Alberto Fernández. EL acuerdo logrado terminará de materializarse hasta el 24 de agosto y reestructura un stock de deuda extranjera de cerca de US$ 67.000 millones y, mediante la Ley aprobada en el Congreso Nacional, se habilita también un tratamiento equitativo entre los tenedores de deuda bajo legislación extranjera y local. Hasta el 2024, se consiguió reducir vencimientos de la astronómica e incumplible suma de US$ 63.700 millones a solo US$ 7.560.
Paralelamente se consiguió una reducción sustancial de las tasas del 7% original a un promedio de 3.1% Se espera que ambas medidas permitan recrear el mercado de capitales local y robustecerlo para ser alternativa a fin que el ahorro local no termine destinándose a moneda extranjera, sino invertida en el mercado de capitales local para acompañar el crecimiento. Así como lograr descomprimir la demanda de dólares, las tensiones cambiarias y poder destinar los fondos fiscales para atender otras prioridades -como son las necesidades derivadas de la situación de pandemia-, permitir la recuperación de la producción y el consumo.
Seguramente el ratio Deuda/PBI continuará siendo alto porque se establece tomando en cuenta la deuda capital en la cual la quita no ha sido significativa, sino que el acuerdo se centra en la reducción de intereses y alargamiento de plazos. Pero a esta situación no llegamos por arte de magia, sino por una desastrosa administración de la deuda por parte del gobierno de Macri que lo recibe con un endeudamiento nominado en moneda extranjera muy bajo y lo entrega luego de un violento proceso de dolarización y toma de deuda seguida de habilitación de fuga de divisas, con un 80% de la deuda emitida en dólares y un 90 % de deuda bruta sobre PBI.
Lo que no ocurrió nunca fue la lluvia de inversiones que se nos prometía, cancelación de lo exigido por los llamados ‘Fondos Buitres’ mediante, y tampoco el shock de confianza.
La política seguida por el Estado nacional de 2015-2019, habilitó también la misma modalidad de toma de deuda por parte de las administraciones provinciales y municipales que, ante la insuficiencia de fondos fiscales ya sea para cubrir gastos corrientes o de infraestructura, recurrieron en muchos casos al endeudamiento externo.
Las deudas de las provincias tomadas en dólares tuvieron un salto a partir de la escalada devaluatoria del 2018. Tal es el caso de Córdoba donde casi el 93% de la deuda está dolarizada. Si bien la provincia atendió hasta ahora sus compromisos, recurriendo a algunas medidas de ajuste, ante la renegociación de la deuda nacional, seguramente se acogerá a conseguir la suya porque es poco probable que tenga posibilidades de enfrentar los importantes vencimientos del 2021.
Para el Gobierno nacional, un capítulo pendiente será las negociaciones de deudas provinciales, que quedaron habilitadas a partir de la renegociación nacional. Las provincias no generan dólares propios en sus ingresos, por lo que consumen para afrontar sus compromisos en el ámbito nacional que el Estado nacional difícilmente estará en condiciones de ceder. Otro capítulo pendiente será la negociación con el FMI no tanto porque existan vencimientos próximos sino por el paradigma de condicionamiento de las políticas públicas que el organismo generalmente impone a los países para refinanciar sus endeudamientos.
Graciela Treber es contadora pública
