Las imágenes que se observaron esta semana en la huelga policial de la Provincia de Buenos Aires trajeron inmediatamente a la retina de los cordobeses los trágicos e imborrables episodios del 3 y 4 de diciembre del 2013. Con diferencias sustanciales entre lo que se pudo observar y lo ocurrido aquí, el fondo del problema es prácticamente idéntico: un reclamo salarial y el modo de protesta.
Más allá de los matices políticos, las circunstancias y las consecuencias de cada una de las revueltas policiales ponen en discusión las formas de protesta de los efectivos: hasta qué punto es válido y constitucional y cuándo constituyen una extorsión o ponen en peligro la institucionalidad.
Palabra de fiscal. El 28 de mayo del 2018 la Cámara 12ª del Crimen condenó a 52 policías por la huelga policial del 2013, que derivó en los saqueos.
Los condenaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a la autoridad con penas de entre seis meses y un año de prisión, pero ninguna efectiva. Además, se les aplicaron multas de hasta 12.500 pesos e inhabilitaciones.
Mariano Antuña fue el fiscal de Cámara de ese juicio y en diálogo con PERFIL CÓRDOBA consideró imperioso que se busque algún engranaje para canalizar los reclamos policiales y así evitar situaciones violentas: “Si bien es un tema complejo, no se pueden desconocer las condiciones en que muchas veces trabajan los policías. No es admisible la forma en la cual reclamaron porque claramente ellos tienen un trabajo muy especial y estoy de acuerdo en que, por su función, no puedan hacer un paro. Pero sí deberían tener alguna representación porque muchas veces no encuentran un interlocutor válido y todo se hace muy desorganizado. Entonces considero que deberían encontrar algún representante gremial o legal para encauzar el reclamo”.
Con dos fallos, uno en el 2017 y otro en agosto de este año, la Corte Suprema de Justicia ratificó que los policías no pueden sindicalizarse. El fallo más reciente rechazó un amparo presentado por la Unión de Policías y Penitenciarios de Córdoba, quienes están preparando una apelación ante organismos internacionales por la negativa a la sindicalización.
Sobre este punto Antuña entiende como un error este parámetro tan rígido: “Se debería encontrar alguna forma para canalizar reclamos y así evitar una explosión y que salten esquirlas para todos lados. Insisto en que algún tipo de representación gremial, o lo que fuere, el trabajador policial y penitenciario deberían tener. Obviamente no con las facultades de un gremio tradicional, pero sí al menos para evitar que reclamar un aumento salarial o mejores condiciones de trabajo se les transforme en algo ilegal. Además, serviría para ir administrando el conflicto de otra manera”, analiza.
Situación actual de los policías condenados. En mayo, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena a los 52 policías que se autoacuartelaron. El fallo aún no está firme, ya que se presentó un recurso de queja federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según explicó a este diario Miguel Ortiz Pellegrini, abogado de los policías, al no estar firme la sentencia, 45 de los 52 policías condenados están actualmente prestando servicios.
Ortiz Pellegrini asegura que hay puntos de comparación entre la huelga de los policías de Córdoba y la reciente protesta de la bonaerense: “El origen del reclamo es el mismo. Llevaron la situación de los policías a un estado límite de ingresos salariales y de malas condiciones de trabajo. Cuando llega un punto en que se aprieta tanto, no queda otra que la protesta y en el caso de los policías es el último paso, porque saben que se juegan toda la carrera”.
Sin embargo, el abogado marca una diferencia trascendental entre un reclamo y otro: “Acá tuvimos saqueos en menos de 24 horas de protesta. En Buenos Aires, tuvieron tres días de paro y no se denunció un solo ataque. Esto demuestra y ratifica que en Córdoba hubo una introducción política del gobierno de Cristina Fernández, en ese momento, para derrocar o intervenir a la provincia”.
Por último, Ortíz Pellegrini admite que desde aquellos penosos días que se vivieron en Córdoba a esta parte lo único que cambió o se mejoró fue netamente salarial: “No hubo ningún cambio en el trato o en la articulación y comunicación con los policías, solo mejoras salariales. Los problemas de tipo económico y social no se solucionan con órdenes. Un jefe de policía está únicamente mirando si la tropa está alineada y funciona de manera disciplinada y se desinteresa de las condiciones en que esa tropa presta los servicios”.
