El juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, sobreseyó a una mujer trans de la sospecha de supresión de identidad de un bebé que nació en abril de 2018 y que fue inscripto a su nombre y el de la madre gestante. El DNI del niño, actualmente de cuatro años, tiene los apellidos de ambas.
La causa llegó a la Justicia Federal porque el fuero de Niñez de la Justicia Provincial, que intervino desde el alumbramiento por la situación vulnerable de la madre que lo dio a luz, ordenó que se remitiera el caso al fuero penal. Así fue como llegó al Juzgado Federal de Sánchez Freytes, por tratarse de un delito de competencia extraordinaria.
Lo grave de la historia es que esa sospecha inicial hizo que la Justicia apartara al pequeño de Damaris Álvarez, la mujer trans que lo reconoció como propio y lo cuidó hasta que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y los equipos técnicos de tribunales, sugirieron que fuera entregado a una familia del registro de adoptantes. La sugerencia no sobrevino porque Damaris maltratara o no cuidara al niño, sino por la duda sobre la inscripción del bebé.
A pesar de haber sido exculpada por la Justicia Federal, Damaris no puede obtener la restitución del niño pero no pierde sus esperanzas. El paso del tiempo hizo que el pequeño se incorporara a la familia que pretende adoptarlo.
El argumento que llevó a la jueza de Niñez que interviene en el expediente en la actualidad, Laila Córdoba, a mantenerlo en situación de adoptabilidad, se basó en los informes técnicos elaborados y en lo que consideró como “el interés superior del niño”, según explicó a PERFIL CÓRDOBA.
“Arrancarlo nuevamente de un contexto afectivo sería revictimizarlo”, precisó la magistrada, quien señaló que en las entrevistas con presencia del niño él ya incorporó a la mujer pretensa adoptante como “mamá”. “La llama de ese modo”, enfatizó.
La jueza Córdoba negó rotundamente que su decisión esté basada en prejuicios hacia Damaris por su condición de mujer trans. Recordó que en otro caso otorgó a un niño en adopción en una situación similar. Reconoció, no obstante, que esta es una “causa compleja y difícil”.
Damaris apeló esa resolución y desde abril de este año el expediente está en la Cámara de Familia de 1ª Nominación, donde las abogadas que la patrocinan acaban de presentar el fallo del juez federal que sobreseyó a Damaris para solicitar su restitución. Así como la sospecha de supresión de identidad pesó en su contra, ahora debería ser tenida en cuenta para subsanar las decisiones que se derivaron, erróneamente, por aquella duda.
Familia comunitaria. El bebé nació el 8 de abril de 2018 en la maternidad de barrio San Vicente. Fue inscripto ocho días después en el Registro Civil como hijo de quien lo dio a luz y de Álvarez. Intervino la Senaf por el contexto vulnerable de la gestante, una mujer con problemas de adicción que impactaron en la salud del recién nacido.
Según fuentes de los tribunales de Niñez consultadas por este medio, el relato de la madre biológica del bebé y de Damaris fue disímil. Esos datos “confusos” –a entender de las trabajadoras sociales del hospital– habrían motivado la sugerencia de que los tres niños (la madre gestante ya tenía dos hijas) quedaran a cargo de la abuela materna.
Pero, cuando se hacían las visitas a esa casa, se constató que los niños eran cuidados en otras casas por otras personas, todas diferentes. El bebé estuvo a cargo de Damaris, quien lo acogió en su hogar desde que fue dado de alta en el hospital.
Demoras en el ADN. Alegando la necesidad de garantizar el derecho a la identidad del niño se ordenó un examen genético. El resultado de ADN arrojó que el niño no era hijo biológico de Damaris. Esa información abonó la sospecha de la supresión de identidad y la Cámara de Familia ordenó, recién después de dos años y medio, remitir los antecedentes a la Justicia penal.
Damaris no se opuso a la extracción de sangre y respondió a cada llamado de la Justicia. Se allanó a cada decisión en la creencia de que estaba haciendo todo por el bien del niño: lo cuidó mientras estuvo bajo la guarda de la abuela materna. Todos los informes afirmaron que era una madre que se hacía cargo del bebé, en la absoluta convicción de que era su hijo.
En materia de adopciones, la existencia de la “familia comunitaria” debe ser tenida en cuenta. Son los lazos afectivos, no sanguíneos, que funcionan de contención y amor. En este caso, el ADN negativo pesó más que la actitud de Damaris como familia comunitaria.
Violencia. Zulma Palmero fue la primera jueza de Niñez que intervino y declaró la adoptabilidad del niño cuando tenía dos años. A Damaris no le pidieron que lo lleve a sede judicial. Llegó la policía al barrio y hasta confundió al pequeño con un primo. “Fue una situación traumática”, relató una fuente allegada al expediente.
En los primeros meses no hubo conexión entre el pequeño y la madre que pretendía su adopción, algo que acreditan informes de peritos judiciales. Por ese motivo, la Cámara de Familia envió el caso a otro Juzgado –el de Laila Córdoba– y ordenó que confirmara si había vínculo afectivo con Damaris. Fue en septiembre de 2020.
“Pasaron nueve meses y el niño continuaba con la pretensa adoptante”, relataron las abogadas de Damaris, Paola Dauria y Sabrina Kenis. “El informe de mayo del 2021 fue lapidario: dijo que no conectaba con esa mujer, que el nene estaba mal, por lo que el mismo equipo sugirió que se restablezca el vínculo con Damaris” para valorar los lazos afectivos con ella.
“El propio Estado consolidó la situación injusta –señalaron Dauria y Kenis–; no había ningún motivo para que el niño no pudiera estar con Damaris”.
¿Hubiera sucedido esta historia si el que reconoció al bebé fuera un hombre con un ADN que descartara su paternidad y reclamara por quien considera su hijo? La pregunta contrafáctica solo sirve como ejercicio para reflexionar si la condición de mujer autopercibida de Damaris es la verdadera causa de su calvario.
DAMARIS ALVAREZ: “Si no hay delito ni ninguna otra cosa, me lo sacaron por ser una chica trans”
Damaris Álvarez se quiebra emocionalmente cada vez que nombra a “su hijo”. Para ella no hay otra opción. No entiende en su buena fe y dedicación hacia el niño, que la Justicia haya decidido sacarlo de su ámbito familiar para ponerlo en adopción.
Responde a la entrevista de PERFIL CÓRDOBA porque brega para que ese niño sea restituido al ámbito afectivo primigenio que ella le brindó. Tiene las esperanzas intactas, a pesar de todas las vicisitudes negativas que le tocaron vivir con la Justicia.
—¿Hace cuánto no lo ves?
—A mi hijo lo vi hace cinco o seis meses. Cuando me lo sacaron y la Cámara retrocede todo hacia atrás porque habían hecho todo mal. Con las abogadas hemos estado pidiendo que lo pueda visitar: nunca me dieron la posibilidad de verlo.
—¿Cómo fue el encuentro en tribunales para verificar el vínculo entre ambos?
—(A la madre pretensa adoptante) La citaron dos veces y no fue. En tribunales trabajaban 15 días sí y 15 días no, por la pandemia. Finalmente se concretó el encuentro y ahí mi hijo le dijo mamá a ella una sola vez y después se quedó conmigo en una pieza jugando casi 40 minutos. Me dijeron que tenía que estar con el barbijo puesto. Imagínense, si a un adulto le cuesta identificar a alguien con media cara tapada…
—¿Qué sentís?
—A mí me discriminaron desde el primer momento. No quieren que mi hijo sea criado por una mamá trans. Nunca se fijaron en el sufrimiento de él ni el mío como personas. Cuando me lo sacaron, al mes le dieron el papel de adoptabilidad. Se lo dieron a una mujer profesional, hija de jueces (N.deR.: no son de Córdoba). Decime si no hay un acomodo. Yo conozco gente que hace más de 10 años que espera para adoptar.
