Para algunos fue un acuerdo “histórico”, otros prefieren llamarlo “inédito”. Lo cierto es que el pasado 7 de marzo, la alianza que sellaron los gobiernos de la Nación y la Provincia de Córdoba tiene un poco de ambas realidades porque marcará el inicio efectivo de la convergencia de las telecomunicaciones en la Argentina. Se trata de un convenio que tendrá impacto económico, social y hasta político.
Concretamente, en la sede del Gobierno local, el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, firmaron el Convenio Específico de Conectividad que servirá de marco institucional al Plan Provincial de Conectividad. ¿Qué significa esto?
De acuerdo a lo establecido en el acuerdo, ambas jurisdicciones compartirán y transportarán fibra óptica a través de 3.800 kilómetros de infraestructura: 1.900 de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (ARSAT) y más de 1.900 que la Provincia de Córdoba ejecuta en el marco del Programa Integral de Gasoductos. Esto significa que ARSAT y el Estado de Córdoba se convertirán en proveedores mayoristas de fibra óptica -de relevancia- en una provincia (la única del país) donde la fusionada Cablevisión /Telecom, a través de sus marcas Fibertel y Arnet, está a un paso de quedarse con el 95% del mercado de la banda ancha del mercado local, lo cual se efectivizará cuando la Comisión de Defensa de la Competencia se expida sobre la fusión
Ambicioso plan. “El principal objetivo es impactar en precios”, confió a Perfil Córdoba el secretario de Comunicaciones y Conectividad de la Provincia, Manuel Calvo. Según pudo conocer este diario, el plan que está elaborando la Administración Schiaretti, y que se presentará en los próximos días, incluye tres ejes estratégicos:
1) Presionar fuertemente a la baja los precios de acceso a Internet, ofreciendo a todos los operadores (Telefónica, Claro, cooperativas, operadores privados menores) que quieran alquilar su infraestructura, una tarifa plana que podría llegar a ser inferior a la que acaba de bajar la propia ARSAT. En efecto, el jueves último, la empresa nacional fijó su servicio de Internet mayorista en US$14 por mega (estaba en US$18). “Podemos poner a disposición esa fibra de propiedad de la Provincia (que tiene 48 pelos y por ende, con disponibilidad de transporte) a través de una licitación pública”, explicó Calvo.
Al intervenir en el mercado mayorista con esos precios (cuyo rumbo trazó definitivamente la ARSAT), la Provincia podría motivar una baja de entre el 10% y el 30% en los precios finales de acceso a Internet; reducción ésta que en cada operador de milla final variará según sea el monto de infraestructura que deba amortizar y el volumen de clientes que tenga.
Como quiera que se dé ese impacto, lo real es que la dupla ARSAT-Provincia introdujo una cuña significativa en el sistema de precios de la industria en la provincia, donde el monopolio de tendido lo tiene, por ahora, Arnet-Fibertel y donde los otros dos grandes operadores (Claro y Telefónica) deberían hacer grandes inversiones para poder equiparar esa fortaleza en infraestructura.
“Lo que vamos a provocar es un fuerte desarrollo de los privados”, enfatizó el ministro Ibarra en diálogo con PERFIL Córdoba. Lo que tanto Nación como Provincia tienen in mente es no sólo potenciar la competencia entre los tres grandes (horizontalizando el acceso a tendido), sino también favorecer a las cooperativas y los operadores Pyme del interior.
2) Un segundo eje estratégico que evalúa el Estado provincial es su participación como operador comercial o “de última milla”. Esto implicaría entrar “con todo” al ruedo del negocio. “No está descartado, lo estamos evaluando”, admitió el secretario Calvo, al tiempo que reconoció un hecho contundente: en 30 localidades del interior ya están haciendo cableado domiciliario, aprovechando la infraestructura que desarrolla Ecogás; próximamente “se agregarán otras 40 localidades más”, anticipó.
Aun cuando la Provincia no se largue a ser operador final de servicios convergentes, lo cierto es que será la propietaria de una de las redes con mayor penetración en todo el territorio provincial y ello la convierte en un jugador mayorista atractivo, con fuerza negociadora.
La gran incógnita es cuánto despliegue buscará la Provincia en la Ciudad de Córdoba, un mercado significativo para Clarin-Telecom. “Nada está descartado” insistió Calvo ante la pregunta puntual en este sentido, y aclaró sugestivamente: “Acá también ya están los tendidos de EPEC”, que en definitiva son de propiedad de la Provincia y podrían integrarse al Plan Provincial de Conectividad.
3) El tercer eje estratégico que contempla el gobierno de Schiaretti en materia de digitalización no tiene que ver con la intervención sobre los precios, sino en la asequibilidad del servicio. El objetivo es llevar conectividad a todos los puntos de la provincia y a todos los segmentos sociales, como una plataforma básica para generar oportunidades.
Lo dijo el gobernador, desde su percepción ideológica: “La conectividad es la nueva forma de generar justicia social”. Un punto interesante en este sentido que anticipó el ministro Ibarra es que “en los lugares de la provincia donde no se pueda llegar con cableado (fibra óptica), los satélites de ARSAT serán el canal para conectar a la población”. Este es otro aspecto de coincidencia al que arribaron con la Provincia. Las escuelas, los hospitales, las dependencias administrativas, de justicia y seguridad serán la prioridad, tanto en capital como en el interior.
Más allá de una ley. Muchos observadores y analistas de la industria auditaban de cerca los pasos de Mauricio Macri en relación a una nueva Ley de Telecomunicaciones, para entender hasta qué punto su Gobierno estaba dispuesto a ceder ante el poder que habilitó la fusión Clarín-Telecom.
“Lo que hay que mirar es esto: dónde se están generando las infraestructuras para bajar precios de acceso y las resoluciones cortas que se están dictando”, explicaba a PERFIL Córdoba una fuente nacional. “En unos seis meses recién habrá ley nacional, cuando Defensa de la Competencia se expida sobre la fusión; pero para entonces, mucho del funcionamiento del mercado ya estará definido”, explicaba esta fuente.
¿A qué se refiere? Centralmente, a cinco medidas (algunas ya adoptadas y otras en curso):
1- Desde el 1° de enero de este año, Telefónica y Claro pueden brindar "cuádruple play" –telefonías fija y móvil, Internet y televisión– en aquellas localidades que cuenten con más de 80.000 habitantes y cuyo servicio no sea prestado por cooperativas o Pymes. En principio, las telefónicas tenían “permiso” sólo para CABA, Rosario y Córdoba, pero esta autorización se amplió a todo el país, lo cual las favorece para crecer en escala durante este año.
A partir del 1°de enero de 2019, todos los operadores podrán dar servicios en cualquier localidad, tengan más o menos de 80.000 habitantes. De esta forma, no quedarán localidades blindadas contra la competencia a partir de esa fecha.
2- Como Telefónica y Claro no tienen el nivel de tendido que logran Cablevisión y Telecom fusionadas, se avanzan en convenios como los firmados en Córdoba (que es caso testigo); pero también se obligará a la fusionada a compartir infraestructura. Además, en las obras o empresas donde el Estado nacional tenga decisión mayoritaria deberá garantizar a los operadores de telecomunicaciones el acceso a las llamadas “infraestructuras pasivas” (como son los gasoductos, por ejemplo) para el despliegue de redes de fibra óptica.
3- En los próximos días, el Gobierno nacional firmaría el DNU para que las telefónicas puedan dar servicios de TV satelitales. En este segmento, ARSAT pondrá a disposición su infraestructura para alquilar servicios.
4- La fusionada tendrá que devolver 80 MHz de espectro por superar el límite de 140 MHz establecido. Se abre una ventana de dos años para negociar esa devolución, período que las telefónicas consideran “una concesión” por lo que podrían también acortarse los plazos.
5- Finalmente, se habilitó la provisión del servicio básico telefónico mediante el uso del espectro radioeléctrico atribuido para la prestación de servicios móviles en tecnología 4G. De esta forma, la telefonía fija podrá ser provista por la infraestructura móvil.
EN 2019, TODOS CONTRA TODOS
Históricamente, el rol de los grandes grupos empresariales (y de comunicación, en particular) con posición dominante fueron críticos en el devenir de los gobiernos y más aún en periodos electorales.
¿Será 2019 el primero de los años de un nuevo ciclo?
Es temprano para afirmarlo; sin embargo, lo que sí se puede anticipar es que el mercado de las empresas de telecomunicaciones y contenidos está entrando en una fase de plena competencia en la Argentina, en la que se reescribirán las porciones tradicionales de poder que cada una posee. Y esto ocurrirá por la confluencia de tres factores: nuevas regulaciones, expansión de infraestructura y tecnologías y un tsunami de cambios de paradigmas de la industria a escala global. Nada es lo que era, y lo que es tiene ciclos de vida útil cada vez más cortos.
A partir de 2019 no habrá límite alguno para que todos los participantes del negocio compitan ofreciendo cuádruple play, y luego avancen al segundo nivel del negocio: la generación de contenidos.
En la cancha están: Telefónica, Clarín-Telecom, Claro (Telmex), América, Viacom (Telefé), Albavisión (Canal 9 del mexicano Remigio Ángel González), AT&T (Direct TV), Telecentro, Crónica, Octubre, lo que quedó de Grupo Indalo, 400 cooperativas telefónicas, sistemas de TV paga independientes (Gigared, Cablexpress y otros), Colsecor (cables cooperativos), Iplan, Metrotel, el Estado Nacional (ARSAT y RTA) y la participación de Estados provinciales, como el caso de Córdoba.
Según los expertos se viene una “dispersión y fragmentación de ofertas con cruces en el uso de plataformas”. El primer impacto será “más voces que se harán oír”. En una segunda instancia, comenzará un proceso de selección de “los más eficiente”, donde los modelos de negocios harán la diferencia.
En cualquier caso, la información vivirá un escenario de atomización de productores y distribuidores que, necesariamente, transformará la relación histórica entre empresas-poder político.
