Narcos, policía y Servicio Penitenciario: arranque caliente de la gestión Llaryora

Juan Pablo Quinteros asegura que el objetivo central de su administración en el Ministerio de Seguridad es darle una pelea frontal al narcotráfico. Los delitos que cometen los excluidos probablemente van a continuar, aunque el control tiene otra naturaleza. Después, según el funcionario, están los delitos con violencia y allí aparece la droga, que actúa sobre los individuos y les impide discernir. Por esa razón, asegura sin dar demasiadas vueltas que “Córdoba va a ser un territorio hostil para el narcotráfico”.

El funcionario confirmó que pedirá una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que envíe fuerzas de seguridad para colaborar en la lucha contra el narcotráfico.

En el gobierno provincial cuentan que el gobernador Martín Llaryora le ofreció el ministerio de Seguridad a través de un dirigente del peronismo. Quinteros contestó que estaba dispuesto a asumir, pero le dijo al intermediario: “Quiero saber si esto va en serio, porque si van a hinchar los h…, busquen a otro”.

El flamante ministro venía trabajando desde hace tiempo en temas relacionados al narcotráfico y lo puso de manifiesto cuando pasó por la Legislatura provincial, donde integró un bloque con Aurelio García Elorrio y Liliana Montero. Curiosamente, Montero y Quinteros ahora integran el gabinete de Llaryora y tienen funciones relevantes.

Cuando el exconcejal hizo la advertencia sobre que él se sumaba si el trabajo iba en serio, Llaryora le avisó de inmediato que tenía respaldo total y que avanzara con su plan. El lunes pasado, en Río Cuarto, el funcionario recibió el espaldarazo del gobernador porque abrió el acto con un breve discurso en el acto en el que se presentaron 50 nuevos efectivos policiales, 40 suboficiales y 10 oficiales.

El narcotráfico fue un talón de Aquiles para las administraciones justicialistas, que nunca encontraron respuestas adecuadas para impedir su crecimiento. Ni José Manuel de la Sota ni Juan Schiaretti hallaron salidas que neutralizaran el andar de los narcos y siempre sobrevoló la sospecha de los vínculos con la Policía, la política y la Justicia.

Ahora Quinteros repite a diario la frase que suena como una consigna: “Córdoba va a ser un territorio hostil para el narcotráfico”. Casi sin respirar, aclara que, si no hay frutos en un mediano plazo, su gestión no habrá tenido éxito. Lo dice con tranquilidad, pero esa calma no esconde la contundencia. Dicho en otras palabras, el pensamiento del ministro podría resumirse en un intransigente “ganamos o me voy”.

Cambios en la Policía. El recambio de la cúpula policial comenzó a pensarse hace algunas semanas y hubo un cambio de posición, ya que inicialmente se consideraba adecuada la continuidad de Liliana Zárate Belletti hasta el final del período vacacional, teniendo en cuenta que el operativo verano estaba prácticamente en marcha. En el entorno de Llaryora no querían sacudir tanto el tema y evitar decisiones que podían pecar de apresuradas. Sin embargo, Quinteros comenzó a buscar respuestas, según comentan los nuevos habitantes de El Panal. Así, habrían empezado a tirarse nombres sobre la mesa, no sin discusiones –algunas fuertes según reconocen–, antes de arribar a la decisión final.

El miércoles por la mañana Llaryora y Quinteros se reunieron para darle un corte a la situación y poco después se anunció al nuevo Estado Mayor, con el jefe de la Policía a la cabeza. Héctor Gutiérrez juró el viernes último como jefe de la fuerza, y Alejandro Mercado como subjefe.

“Quiero que el policía vuelva a sentirse orgulloso de vestir el uniforme, hay que acompañarlo y valorar su trabajo, que es muy grande”, le dijo Quinteros a la nueva cúpula, antes de que asumiera sus funciones.

Escándalo en el Servicio Penitenciario. Llaryora debutó como gobernador con una situación más que incómoda, como lo fue el avance de la investigación judicial por asociación ilícita contra el exjefe del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier, quien fue detenido junto a otros miembros de la cúpula.

El gobernador dispuso el relevamiento de Bouvier y decretó la intervención del organismo que tiene bajo su órbita el funcionamiento de todas las cárceles provinciales. En esa función designó al exfiscal general de la Provincia y exfiscal federal, Gustavo Vidal Lascano.

El interventor pidió que su función en el Servicio Penitenciario se extendiera durante seis meses y no un año como estaba previsto, porque estima que en ese lapso puede normalizarse el organismo.

En la investigación judicial se habla de una asociación ilícita para cometer delitos en las cárceles, como anticipar las salidas en libertad de los reclusos, ingreso de droga y teléfonos celulares, entre otros.

Los conocedores de la intimidad del Servicio Penitenciario tienen la convicción de que la situación excede la figura de la asociación ilícita y sospechan de la existencia de una verdadera mafia, que logró sobrevivir durante toda la gestión de Bouvier, que se inició en marzo de 2008 durante la primera administración de Schiaretti. La pregunta obvia es saber si este accionar delictivo tuvo un paraguas político.