A más de cuatro años de que estallara la investigación por presunto contrabando a partir de la importación irregular de motos, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega amplió los cargos a tres personas que ya estaban imputadas en el expediente conocido como Cerro Motos. Ellos son: Claudio Guillermo Barrera, ex presidente de Cerro Automotores SA, y los despachantes de Aduana Lucas Alejandro Salazar y Ernesto Oliva.
En el nuevo requerimiento se analizaron constancias de más de 40 operaciones a lo largo de 2010 y 2011. Los despachos incluyeron la importación de motos por un valor FOB total US$1.732 millones. Es decir, el costo de cada unidad más el del transporte y los derechos de exportación. Cuando se inició la causa – por una denuncia de la Aduana– fueron siete los imputados, entre los cuales figuran los mencionados, quienes estuvieron detenidos y luego recuperaron la libertad.
La maniobra consistía en importar los vehículos según un régimen aduanero o fiscal diferente. Para eso, presentaban Certificados de Importación de Motocicletas (CIM) con códigos de otro tipo de operaciones e incluso de empresas o entes oficiales que nada tenían que ver con Cerro Automotores SA. Con la profundización de la investigación, se detectaron las mismas maniobras en períodos diferentes a los incluidos en las primeras promociones de acción penal firmadas, por entonces, por el fiscal jubilado Gustavo Vidal Lascano.
En febrero pasado el fiscal Casas Nóblega solicitó ampliar las imputaciones a Barrera, Salazar y Oliva, endilgándoles responsabilidad penal por una operación realizada en noviembre de 2009 en la que se importaron 37 motocicletas modelo R9 CE 125T/8 por U$S17.575; otras 20 operaciones en 2010 y 22 durante 2011. En promedio, cada compra significaba operaciones por unos US$40 mil. Obviamente había transacciones por menores montos y otras por cifras sustancialmente superiores.
Flojos de papeles. Según el fiscal, Salazar era quien se encargaba de presentar los certificados falsos utilizando las claves únicas de la administración pública de diferentes personas jurídicas, como la Provincia de Santiago del Estero. También se encontró una operación justificada en un expediente referido al “Uso racional y eficiente de energía”, que en realidad correspondía a un programa del Ministerio de Planificación que nada tenía que ver con la actividad comercial de Cerro Automotores. En síntesis, habrían ingresado al país los vehículos sin la autorización correspondiente de la Secretaría de Comercio Exterior.
Calificación legal. A partir de la descripción de las maniobras concretadas con la documentación apócrifa que permitió el ingreso ilegal de mercadería, Casas Nóblega consideró que estas configuran el delito de “contrabando agravado por la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos”.
Lo que sigue. A pesar de haber transcurrido ya más de cuatro años de los allanamientos y secuestros de documentación y contenido informático, todavía no se han terminado de procesar los datos. Está pendiente una pericia sobre las computadoras, lo que podría arrojar más información. El material se encuentra en Policía Científica y el mes pasado fue reclamado por el juzgado de Alejandro Sánchez Freytes.
