Los primeros días de diciembre de 2016 ingresaba al Poder Legislativo de Córdoba el proyecto para modificar la Ley Provincial 9.814, con el fin de actualizar el mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos.
Pasó más de un año y esa asignatura sigue pendiente. Aquella iniciativa oficial no pudo ser tratada por la fuerte resistencia de no pocas organizaciones sociales que denunciaron la falta de un proceso participativo tal como lo establece la Ley Nacional 26.331 de presupuestos mínimos.
El problema es que el decreto reglamentario de la norma nacional, 91/2009, había fijado un plazo de cinco años para que todas las provincias adhirieran y establecieran su propio mapa con la demarcación de las zonas que preservar.
Córdoba aprobó en 2010 la Ley de Bosques Nativos 9.814. Pero era necesario llevar adelante un proceso de actualización porque es una realidad dinámica que se modifica constantemente, a causa de incendios forestales, desmontes legales e ilegales. La iniciativa presentada hace poco más de un año pretendía eso. Pero careció de la suficiente participación que permitiera garantizar su tratamiento.
La resistencia de organizaciones sociales y ambientales en las calles y la falta de apoyo político en la Legislatura provocaron la postergación indefinida de su tratamiento. Por esa razón, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa) acaba de presentar un amparo judicial que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de 19º Nominación, a cargo de Marcelo Villarragut.
Fondos nacionales. No actualizar el mapa de bosques, según prescribe la ley nacional de presupuestos mínimos, tiene sus consecuencias.
Darío Avila, abogado patrocinante del amparo, explicó a PERFIL Córdoba que “la ley nacional ata a esa actualización el envío de fondos a la Provincia”. Y puso como ejemplo que “los propietarios de los predios en cuyo interior se encuentran bosques de mayor valor de conservación reciben –una vez que son aprobados los planes de conservación– dinero para mantenimiento y enriquecimiento de esos bosques”.
La idea es preservar y mejorar los ecosistemas. Pero si no se lleva a cabo en forma inmediata y perentoria la actualización del mapa, se corre el riesgo de que el envío de los fondos se corte. “Los que hoy están llegando –continuó Avila– son por períodos vencidos de 2016; pero si no se procede de acuerdo con la norma, los dueños de los predios se verán impedidos de continuar recibiéndolos; por eso es fundamental aprobar la ley provincial”.
En síntesis, mientras los legisladores aún no encaminan el tratamiento postergado del nuevo mapa de bosques, el amparo que se tramita en la Justicia apunta a que se retome la discusión y se intime a la Provincia para que garantice el proceso de participación ciudadana.
El Gobierno había dado, hace tiempo, el puntapié inicial en este proceso a través de la resolución 100 del Ministerio de Ambiente. Se designó a Sergio Nirich al frente de la Unidad Ejecutora, pero solo convocó a un par de talleres y no dio verdadero impulso a la discusión que plantea no pocas discrepancias por los intereses en juego en relación con la propiedad y utilización de las tierras en las diferentes regiones de la provincia.
