En la Argentina la alta incidencia de la pobreza es un problema crónico. Desde hace décadas no baja del 25% de la población total y en episodios críticos, como la crisis macroeconómica del 2018 o el confinamiento estricto de la pandemia, se aproxima a la mitad de la población. Actualmente, 4 de cada 10 argentinos son pobres.
La pobreza está asociada a una multiplicidad de factores. A los fines de simplificar el diagnóstico resulta pertinente distinguir la pobreza coyuntural de la estructural. El grupo de pobres coyunturales lo integran personas que entran y salen de esa situación en función de la situación económica. Por el contrario, la pobreza estructural trasciende los vaivenes de la económica. Este segmento constituye un piso más difícil de perforar que explica que la pobreza nunca sea menor al 25%.
El determinante más importante de la pobreza coyuntural es la inflación y la erosión que ella provoca en las remuneraciones de los trabajadores. El fenómeno se potencia por la muy alta incidencia el trabajo informal, ya sea como asalariados no registrados, fundamentalmente en pequeñas empresas, o como cuentapropistas no profesionales.
La remuneración de los trabajadores informales tiene menos capacidad de defensa frente a los impactos de la inflación. Por eso, aumentos de la inflación necesariamente implican incrementos de la pobreza.
En el núcleo duro de la pobreza inciden además factores más estructurales que trascienden el ciclo económico. En este sector de la población, carencias más extremas llevan a una situación de vulnerabilidad que no puede ser superada ni siquiera en ciclos macroeconómicos más favorables.
¿Qué puede hacer el Estado?
La heterogénea composición de la pobreza impone diferentes tipos de estrategia desde el punto de vista de las políticas públicas. Van desde acciones orientadas a recomponer ingresos -como los planes asistenciales de transferencias de ingresos- a acciones con perspectiva de más largo plazo, como mejorar la educación y las condiciones de vivienda de las familias.
La particularidad que distingue los últimos años es la centralidad que tienen las transferencias asistenciales. En los últimos 10 años la cantidad de beneficios otorgados aumentó en más del 100% y alcanza el 4% del PBI.
A pesar de que la inversión en asistencialismos tiene niveles inéditos (lo que necesariamente tiene aparejado sacrificar otras funciones del Estado) la incidencia de la pobreza no cede. Las evidencias muestran una preocupante paradoja: se gasta más en asistencialismo y sube la pobreza. Se convierte en un ciclo vicioso. Se trata de un contundente fracaso que merecer ser evaluado a los fines de replantear estrategias.
El círculo vicioso tiene explicación
La explicación de la paradoja es que la política asistencial argentina adolece de serios errores de diseño que se potencian por severas deficiencias en la instrumentación. Una conformación caótica donde prevalecen los intereses políticos de sus ejecutores por sobre el interés de las familias en situación de vulnerabilidad.
El Estado ejecuta la política asistencial de manera desordenada en cientos de programas bajo la responsabilidad de una gran cantidad de organismos distribuidos en los tres niveles de gobierno. La primera consecuencia es que los hogares vulnerables son obligados a gestionar en múltiples ventanillas las ayudas asistenciales. Los solapamientos llevan a que las mismas personas, por la misma necesidad, reciban asistencia por mecanismos diferentes. Esto no sólo complica la vida de las familias vulnerables, sino que multiplica los costos administrativos, las ineficiencias y las oportunidades de corrupción.
Para colmo, en varios casos la gestión de la ayuda social está privatizada en las organizaciones piqueteras. El más emblemático, pero no el único, es el Programa Potenciar Trabajo. Estas organizaciones actúan como “empleadores” de mano de obra barata financiada con dinero estatal. El sometimiento de la gente a las directrices que fijan los líderes de las organizaciones llega a situaciones extremas como las que actualmente se hicieron públicas en Chaco y hace algún tiempo en Jujuy.
A esto se suma que, en la actual situación fiscal, la expansión del gasto asistencial se financia con más emisión. Los excesos de emisión se trasladan a precios y esto erosiona los ingresos de la población en general, pero particularmente las remuneraciones de los trabajadores informales. En este punto, una cuestión clave que frecuentemente se pasa por alto es que la principal fuente de ingresos de los hogares pobres son las que derivan del trabajo informal y no la asistencia social.
Por lo tanto, aumentar el gasto asistencial financiado con emisión aumenta la pobreza, ya que el refuerzo de ingresos que significa recibir un plan difícilmente compense la pérdida que provoca que la remuneración sea licuada por los aumentos de precios. Se arma este círculo vicioso que provoca que el gasto asistencial aumente, y aumente la pobreza.
Romper la paradoja
El paso más importante es tener una macroeconomía sana. Estabilidad de precios y aumento de empleos de calidad es, por lejos, la política más progresista. Si esto va acompañado de un replanteo de la política social las aumentan las probabilidades de eliminar la pobreza coyuntural de manera relativamente rápida.
Para el núcleo más duro de pobreza estructural es necesario la perseverancia en inversiones cuyos resultados demandan más tiempo para ser efectivos, como por ejemplo la inversión en educación, salud e infraestructura social.
Coordinadora de Investigación Idesa
