¿Por qué es necesario y urgente revisar los sistemas de cuidado y protección de las infancias?

El viernes, el Tribunal de Audiencias de La Pampa dará a conocer las penas que recibirán Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, condenadas por el asesinato de Lucio Dupuy. Detalles del trato horroroso que terminó en el asesinato del pequeño se conocieron durante el juicio que finalizó el jueves 3. El veredicto condenó a las dos acusadas a perpetua —por los agravantes— al determinar que asesinaron al pequeño de cinco años, pero a su madre, Espósito Valenti, se la absolvió del delito de abuso sexual, que se le atribuyó a su pareja, Páez. 

Por otra parte, Ana Clara Pérez Ballester, la jueza que le otorgó la tenencia a la progenitora de Lucio, es motivo de un pedido de juicio político por parte del oficialismo y oposición pampeanos. “Es la tercera asesina de Lucio Dupuy”, afirmaron. Así también, podrían reactivarse los sumarios para determinar responsabilidades de médicos y docentes.

En ese contexto, en las últimas semanas —también atravesadas por el caso Báez Sosa— volvió a estar en agenda el proyecto de ley Lucio.

¿Qué propone? 

“La prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), a través de la capacitación de los funcionarios públicos, la actuación coordinada de los organismos intervinientes y la difusión de los indicadores de violencia y medios de denuncia eficaces para la protección”, dice el texto legislativo firmado, entre otras, por las cordobesas Soher El Zucaria y Carla Carrizo. Esta última, diputada de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nacida en Quilino, advierte en conversación con PERFIL CÓRDOBA que solo un cambio de ley no erradica la violencia. Sin embargo, sí confía en “poder interpelar a todos los actores involucrados en la defensa de los NNyA y otorgarle un marco legal para que las leyes existentes que garantizan sus derechos se cumplan efectivamente, sin dar lugar a discrecionalidades”.

Recorrido del proyecto. 

“La ley tuvo un gran trayecto legislativo que quedó interrumpido en el Senado”, advierte Carrizo. La Cámara que integra la diputada la aprobó el 9 de noviembre del año pasado por unanimidad, con 228 votos a favor de todos los bloques. “Eran tres proyectos que se combinaron en un único dictamen (dos de JxC y uno del FdT) y demostró que hay temas en los que la política puede encontrar ámbitos de consenso”, suma, y aclara: “Con poco margen por el fin de la actividad parlamentaria, las tres comisiones del Senado emitieron también un dictamen unánime, pero la expectativa quedó trunca, ya que no se convocó a sesión para darle sanción definitiva”.

“Ya en 2023, el tema no fue incluido originalmente en la agenda del Poder Ejecutivo, que es el que determina los temas a tratarse en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, sino que se agregó luego del reclamo de la familia de Lucio y varios legisladores”. 

Al cierre de esta edición, Carrizo se lamentó de que “no hay ningún indicio de que el oficialismo, que cuenta con la mayoría en el Senado, vaya a convocar al tratamiento de la media sanción”. 

¿Otra ley Micaela? 

—¿Evaluaron el impacto de la ley Micaela para proponer este proyecto? 
—Es verdad que la ley Micaela, promulgada hace 4 años, significó un cambio de enfoque al reivindicar que el Estado también debe ser el ámbito para brindar herramientas contra la violencia de género y que podemos exigir más a aquellos/as que tienen la responsabilidad de tener una función pública. Desde un principio dijimos que si el Estado no tiene agentes capacitados, entonces la política pública es difícil de sostener y es muy posible que los dispositivos de atención no generen el impacto buscado. Cuando hablamos de implementar programas y políticas hacia las infancias y adolescencias sucede lo mismo. Una de las condiciones para que el sistema de protección integral funcione correctamente en nuestro país, es que todos los adultos que formamos parte de esta red de protección comencemos a visibilizar las distintas violencias que sufren cotidianamente las niñas/os y adolescentes en nuestro país. Se trata de avanzar hacia un cambio social y cultural, de romper con la cultura del “no te metas, no son tus hijos” y para esto es condición incorporar una capacitación específica con perspectiva de niñez hacia todos los actores de las instituciones públicas. Un punto clave que venimos advirtiendo es que a diferencia de la ley Micaela, la reglamentación del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de NNyA, que se incorpora en la ley Lucio, debe poder ofrecer capacitaciones diferentes según los perfiles y las responsabilidades de los actores que trabajan en cada institución. No es lo mismo un docente de una escuela que un agente del sistema de salud, por ejemplo. Para cada caso, se deberán incorporar contenidos aplicados según el ámbito.

Criterios de necesidad. 

—Hay mecanismos y herramientas para la protección de los derechos de la infancia y prevención contra las violencias de los NNyA, ¿por qué es necesaria esta ley? 

—En Argentina no es que falten leyes, en muchos casos lo que falta son políticas públicas que las apliquen y se sostengan en el tiempo. Por eso esta iniciativa va directamente a cuestiones muy puntuales para mejorar el sistema de protección de la infancia. No se crean nuevas estructuras ni organismos, son avances específicos con base en la experiencia.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la ley 26.061, que es la ley de protección integral de las infancias, que fue modelo internacionalmente, tiene ya 18 años y fue reformada una única vez en 2020. Hoy el sistema no funciona bien y el caso de Lucio es el ejemplo más claro en donde todas las alertas se ignoraron y todas las instancias fallaron: justicia, salud, jardín, policía. Por eso también es necesario revisar qué es lo que no termina de funcionar en un país donde las leyes son de avanzada, pero no llegan a los destinatarios.

—Explicitan que “el sistema actual es errático y descoordinado”, ¿alcanza con la capacitación obligatoria? ¿Qué otras herramientas deberían sumarse? 

—No, no alcanza. La capacitación es necesaria pero no suficiente. En términos de violencia contra la niñez, hay una agenda enorme para seguir trabajando: la implementación en todas las provincias del Registro Único Nominal, que permite consolidar la información de todos los ingresos al sistema de protección en el país; la historia clínica digital, para detectar múltiples ingresos en el sistema de salud a tiempo.

Según Unicef, los centros de salud solo detectan el 10% de los casos de violencia; institucionalizar las defensorías de NNyA en todas las provincias que lo adeudan, y que estos organismos no dependan del Ejecutivo, sino que lo auditen constantemente. Solo en cinco provincias existe una Defensoría local (Misiones, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero y Santa Fe), es un déficit enorme porque la infancia no puede estar más o menos protegida según el lugar donde se nace.

Pero además de las medidas concretas, lo que más urge es cambiar el enfoque adultocéntrico del Estado. Cada vez vemos más casos en los que NNyA resultan perjudicados como resultado de la intervención fallida del Estado y no hay responsables. Por eso, el ejemplo de Lucio conmovió tanto, porque detrás de su asesinato y abuso por parte de su madre y la pareja, hubo todo un Estado deficiente que no logró evitar su final, pese a las múltiples alarmas que tuvo. También sucede, por ejemplo, en los procesos de adopción, en los que las demoras del Estado repercuten negativamente en los derechos de las niñas/ os. Lo vimos con los casos de ‘Mimi’ y ‘José’ recientemente, que estuvieron en familias de acogimiento por más de tres años sin que nadie lo advirtiera y luego la Justicia impunemente decidió separarlos. Cuando el Estado falla, la culpa no la pueden tener los chicos. 

—¿Qué rol ve en escuelas, hospitales, clubes y otros espacios de sociabilidad para cumplir el propósito de la ley?

— Por eso todos los puntos que se incorporan en la ley Lucio se vinculan en gran parte con la actuación de estos actores. Sabemos, según datos de Unicef, que el 70% de las denuncias sobre violencia infantil se registran en el ámbito familiar. Sin embargo, los NNyA no se encuentran todo el día en el hogar, van a la escuela, al jardín, a la salita médica, el hospital cercano, al club de barrio, conversan con sus vecinos, con amigos. El contacto con esta red permite que los adultos podamos identificar distintas situaciones de vulneración de derechos y denunciar ante la mínima sospecha. El correcto funcionamiento del sistema de protección depende en gran parte de la identificación de estas alertas tempranas por parte de todos los actores. La protección de la infancia y adolescencia no es un asunto privado, es un asunto público, un asunto de toda la comunidad.

¿Qué diagnostica el proyecto de ley Lucio?

• Una radiografía de la crueldad que hay en algunos seres humanos y también del enorme silencio cómplice por omisión o falta a la obligación legal, médica, policial y judicial. 
• El Estado demostró (…) que no se están reconociendo y protegiendo de forma eficiente los derechos de los NNyA reconocidos en la Constitución Nacional. 
• El sistema actual es errático y descoordinado y, lo más importante, no garantiza el pleno derecho de los NNyA. Parte de la falta de coordinación tiene su fundamento en la falta de información de la sociedad en general respecto a cómo y dónde radicar la denuncia en casos de violencia contra NNyA. 
• En 2020 se aprobó la ley 27.576 a fin de que se creen dichos mecanismos de denuncia ágil y eficiente, pero entendemos que a la fecha no hay avances relativos a las nuevas tecnologías y las campañas de difusión. 
• Denominador común de las denuncias: la descoordinación de los organismos administrativos relacionados con la protección de los derechos del niño, niña y adolescente y los organismos judiciales que intervienen o deberían intervenir. 
• Encontraron una crítica en los funcionarios obligados a denunciar conforme ley 26.061 respecto a la protección de su integridad física y psicológica frente a la denuncia. 
• Jueces que son reticentes a recibir información, reclamos o incluso denuncias formales de aquellas personas que no son los progenitores del NNyA. 
• Restringe el acceso a derechos conculcados y la posibilidad del juez de conocer todos los hechos relevantes de una causa para tomar la decisión que la prudencia de su puesto requiere. 
   

EN EL CONCEJO DELIBERANTE
Los casos de abuso y maltrato en crecimiento, según datos oficiales

“Diez días de activismo para la prevención y erradicación del maltrato de niños, niñas y adolescentes” es el proyecto de ordenanza del Concejal Diego Casado, que será tratado en las primeras sesiones de este año. Además de las jornadas que se realizarán entre el 15 de abril hasta el 25, culminando el Día Internacional de Lucha Contra el Maltrato Infantil; el proyecto —en la misma línea que la ley Lucio— propone la capacitación constante y permanente de los funcionarios públicos municipales.

 “Este proyecto —explica Casado— como otros dos presentados en 2022, uno sobre ‘Protocolo de actuación institucional para la prevención e intervención ante situaciones de vulneración de derechos de NNyA, establecimientos donde se desarrollen actividades deportivas, culturales, recreativas’, y otro sobre la ‘Creación de Comisiones especiales para la elaboración de protocolos de actuación que se presenten en el sistema municipal de educación inicial de la ciudad de Córdoba’, ante cuestiones de vulneración de derechos de NNyA, como los actos de maltrato abuso/ violencia que produjeran dicho daño a sus derechos. Todo lo anteriormente dicho tiene relación con el proyecto de ley Lucio, sistemas de protección para evitar otro caso similar en el ámbito que me corresponde desempeñarme, como edil de la ciudad de Córdoba”.

—En el proyecto enuncian “la situación de violencia y maltrato que estamos observando contra nuestras infancias”. ¿Cuál es la situación de violencia y maltrato hacia las infancias en Córdoba? 
—Las estadísticas indican que el 80% de los casos de maltrato y abuso hacia NNyA se llevan a cabo en contextos intrafamiliares o ámbitos de cercanía. Por eso es que, en el contexto actual, muchas chicas y chicos están en riesgo porque no pueden denunciar o visibilizar el maltrato que padecen en sus hogares, ya que se encuentra restringido el acceso al sistema educativo, a los centros de salud y a sus espacios de referencia, ámbitos que cumplen un rol esencial en la detección temprana de situaciones de vulneración de derechos. 

Un informe de Senaf, realizado en 2020, revela que uno de cada cuatro adultos ha sufrido maltrato infantil durante su niñez; una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres confiesa haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia.

En Córdoba, las oficinas de infancia que tiene la Municipalidad de Córdoba, en los CPC, asistieron durante 2022 a 108 NNyA que sufrían situaciones de maltrato, otros 65 que estaban expuestos a situaciones de violencia familiar y a 23 más sobre los que existían abuso o sospecha de abuso sexual. 

Los casos específicos de maltrato han crecido de año a año, de 2021 a 2022, de 76 casos a 108 intervenciones, da un crecimiento del 42%, como también crecen los casos de abusos sexuales o sospecha de abuso, de 18 a 23 situaciones.