Precios: mezcla de ortodoxia liberal y populismo soft para evitar descontrol

A veces, la mejor manera de saber qué nos está pasando es ampliar la mirada y comparar con lo que pasa ‘en lo del vecino’. Este es un buen ejercicio para comprender la actual situación de precios en la Argentina.

Veamos: tras la devaluación, el Big Mac quedó más barato en la Argentina (US$3,60) que en Chile (US$4,13). Ahora bien, el país trasandino proyecta una inflación anual para mayo de menos del 2% y la economía argentina registrará, probablemente, algo más de 26%. El Banco Central chileno, desde hace seis meses, mantiene la tasa de interés de política monetaria en 2,50% y el BCRA todavía no puede asegurar cuándo la podrá bajar del ilógico nivel de 40%. La nafta cuesta, prácticamente, lo mismo en ambos países, aunque antes de los últimos aumentos los precios en los surtidores argentinos ya eran los segundos más altos de toda América Latina.

¿Qué dice esto? La economía argentina está transitando un nuevo ciclo de descontrol de precios como producto de una transición en la que se intentan superar dos males históricos: exceso de gasto público y de intervención en precios básicos a través de subsidios, cepos, valores de referencias y un sinfín de herramientas de control.

El punto es que, tras dos años de gestión macrista, recién ahora se reparó en que el exceso de gasto era ‘la madre de todas batallas’; por ende, si no es con políticas intervencionistas, los precios todavía no logran llegar a un punto de equilibrio. De ahí que tras el gradualismo, lo que se viene es un pragmatismo, donde el Gobierno aplicará ortodoxia desde el punto de vista fiscal combinada con populismo-soft, en materia de precios.  El objetivo: reducir el déficit y evitar el estallido social, de la mano del ‘seguro de garantía’ que se comprará en el FMI. Dicho esto, ¿qué se vislumbra para los próximos meses?

Inflación. La consultora Elypsis (del economista Eduardo Levi Yeyati, próximo al Gobierno de Macri) registra una medición on-line de precios que para mayo le da una inflación nacional de 2,8%, la cual proyectada para 2018 rondaría el 27%.  

Esta proyección encuentra hoy a la economía cordobesa en un estado ‘algo recalentado’. Como lo advirtió el Ieral, en el primer trimestre del 2018 Córdoba mostró índices por encima de una plaza cara como es CABA: alimentos aumentó al 2,3% y la inflación núcleo al 1,9%, cuando los porteños registraron 2% en ambos ítems.

Para dar más consistencia aún a esta tendencia, el Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros de Córdoba informó en las últimas horas que la canasta básica de alimentos subió el 6% en mayo y la canasta básica total casi el 4%. Costo de transporte, traslado a precios de la devaluación, efecto sequía, costo Córdoba (tarifas + impuestos) e ‘incrementos por si acaso’, todo confluye para que la cadena comercial exija hoy $20.000 a una familia cordobesa tipo para no caer en la línea de pobreza.

Frente a este panorama quedan tres caminos: el Estado provincial acelera la reducción de impuestos y tarifas (al menos en sectores críticos que forman precios); los comerciantes  absorben parte de los aumentos o se viene una caída drástica del consumo (con impacto en ventas y recaudación de impuestos).

“Los gobiernos provinciales que no entiendan que todos deben hacer el ajuste, lo terminarán entendiendo cuando el freno de la actividad ponga un límite al pass through (traslado de la devaluación a los precios de los bienes y servicios)”, explicaba a PERFIL Córdoba un analista que en voz baja reconoce que la “recesión parece ser la única forma de poner límite al gasto público”. Eso no se quiere admitir públicamente porque la contracara es la tensión social que genera un ajuste que debe empezar en la burocracia estatal.

“El gasto público consolidado de Nación y provincias, que en 2006 fue de US$61.600 millones, pasó a US$263.700 millones en 2015. Se multiplicó por 4,2 en 9 años!!. Tamaña expansión generó desequilibrios múltiples, con consecuencias que los cepos fueron disimulando y posponiendo”, describe claramente Jorge Vasconcelos, economista del Ieral.

Intervención. Mientras se espera que el enfriamiento de la actividad ponga algo de orden al sistema de precios (lo que el BCRA no conseguirá en tanto no desarme el ‘castillo de las Lebac’ y limite la emisión monetaria), al Gobierno nacional no le queda otra alternativa que apelar al ‘freno de mano’ aplicando políticas intervencionistas.

Esto explica por qué dos de los más típicos ministros-CEOs del staff macrista (Juan José Aranguren y Francisco Cabrera) lucieran como ‘neo-kirchneristas’ en los últimos días, para el desconcierto de los economistas ortodoxos que, en buena medida, son certeros en sus análisis pero no tienen la responsabilidad de gobernar y evitar el caos social.

Así las cosas, Aranguren ofreció a las petroleras en esta última semana dos esquemas para evitar que el precio de los combustibles se convierta en una dinamita: por un lado volvería el precio sostén para el crudo doméstico y, por otro lado, se graduarán los incrementos de los combustibles en surtidor.  

Esto se traduce en otorgar a las petroleras un valor fijo de US$70 para el barril (al margen de las subas o bajas que tenga en el mercado internacional) e ir recuperando el atraso del 40% que ya tienen las naftas (producto de la suba del dólar y el aumento del barril de crudo internacional) en seis  cuotas consecutivas (de 3% cada una) a partir de julio.

Claro, a todo este andamiaje que aún se está negociando, el consumidor le tiene que sumar el aumento que ya le aplicaron este fin de semana (de un 5%) como producto de aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono dispuesto por la AFIP.

Como todo este movimiento en un precio tan sensible como los combustibles seguirá impactando en el valor final de la canasta alimenticia y del resto de los precios de los bienes y servicios, al ministro Cabrera no le quedó otra alternativa que fortalecer la política de Precios Cuidados. Mañana lunes se dará a conocer el listado ampliado de productos que incluye el programa, que actualmente contempla 391 productos.

A TODO ESTO, ¿QUIÉN PIENSA EN LAS PYMES?

Las pequeñas y medianas empresas, más allá de los discursos políticamente correctos, son las unidades económicas que en toda crisis sirven de colchón para sostener empleo y consumo interno. Ahogarlas con falta de crédito es el último salvavidas de plomo que le podría caer a la economía. ¿Lo tiene presente el Gobierno? Algunas señales se darán en los próximos días.

A través del BICE se instrumentará una nueva línea de crédito a largo plazo, destinada a las Pymes de todo el país, para promover ahorro energético, reducción de costos y mejoras en la competitividad.

La iniciativa se llama Financiamiento para Inversión en Eficiencia Energética (FIEE). Estará disponible a partir de mañana ingresando en bice.com.ar. Ofrece  financiar inversiones de entre $ 500.000 a $ 20.000.000, con un plazo de repago de hasta 5 años, incluyendo un año de gracia. Los préstamos podrán cubrir hasta el 80% de la inversión.

El financiamiento tendrá como destino la compra de equipamiento (motores, variadores de velocidad, compresores, bombas, calderas y luminarias). La tasa de interés de los préstamos será variable (badlar+5%) pero con un techo del 29%. Dicho techo contará con una bonificación durante los primeros 3 años. Los gobiernos provinciales que se adhieran a la propuesta contarán con apoyo nacional para, en conjunto, mejorar la tasa y llevarla a un máximo de 21%.