Preocupación en juzgados de Familia por sospechas de trata en casos de maternidad subrogada

Causó sorpresa y preocupación en los ocho jueces de Familia de la ciudad de Córdoba la investigación que lleva adelante la Justicia Federal por presunta trata en casos de gestación por sustitución.

A partir de una denuncia anónima que llegó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el fiscal federal Enrique Senestrari abrió un expediente y encabezó allanamientos hace poco más de un mes en dos centros dedicados a fertilización asistida, ubicados en Nueva Córdoba y el noroeste de esta capital.

Hasta el momento no hay imputaciones pero este medio confirmó que la sospecha que se intenta dilucidar es el presunto reclutamiento de mujeres vulnerables para llevar adelante las gestaciones a cambio de un pago dinerario. En esa gestión estarían involucrados profesionales que realizan la práctica y abogados “corre vientres” que ofrecen el patrocinio en las presentaciones judiciales necesarias para que el bebé que nace sea inscripto a nombre de la pareja que expresa la voluntad procreacional.

Semanas atrás se reunieron Senestrari y todos los jueces de Familia de Capital. Fue un intercambio de información. El fiscal federal les comunicó cómo se inició la pesquisa y los magistrados provinciales le informaron con qué criterios se autorizan los casos que llegan al fuero desde 2017.

Jueces de Familia consultados por PERFIL CÓRDOBA admitieron gran preocupación por la situación.

Cuando se reformó el Código Civil y Comercial se intentó regular la subrogación de vientre, pero la presión de la Iglesia católica hizo naufragar el proyecto. La ley nunca se aprobó. Sin embargo, los casos siguieron.

Los primeros fallos en Argentina que autorizaron la inscripción de niños nacidos de vientres subrogados datan de inicios de la década pasada. En Córdoba, la primera autorización previa al tratamiento fue en 2017. El juez Gabriel Tavip convalidó un acuerdo privado entre una pareja y la hermana del esposo –la gestante– y ordenó que el bebé nacido se inscribiera a nombre de ellos.

Con autorizaciones previas –durante el embarazo– y posteriores –cuando el niño o niña había nacido– se relevaron unos 25 casos analizados por el fuero de Familia en la ciudad de Córdoba.

Hubo una primera etapa en que los contratos privados incluían a familiares directos o políticos. Una segunda oleada presentó un nuevo fenómeno: las gestantes no tenían relación sanguínea con los progenitores, aunque sí vínculos afectivos. A excepción de un caso que resolvió la jueza María Belén Mignon rechazando el acuerdo, el resto pasaron el filtro judicial. En aquel expediente, Mignon evaluó la situación de la gestante, quien mostró total desconocimiento de la práctica a la que sería sometida.

No hay jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porque se trata de avales judiciales a acuerdos privados, no hay litigio.

En cuanto a la compensación económica, todos admiten que llevar adelante un embarazo requiere del aporte de quienes manifiestan la voluntad de ser padres y madres y no pueden gestar por razones biológicas o patológicas. Consultas y controles médicos y períodos en que la gestante no puede trabajar, deben ser compensados de algún modo. Al no existir un protocolo de buenas prácticas y tampoco prohibirse el pago, se abren posibilidades de un negocio sin reglas que puede provocar la victimización de mujeres.

El vacío legal tampoco permite establecer qué derechos le asistirán a un niño o niña que nace con una discapacidad o enfermedad congénita, cuando quienes expresaron la voluntad procreacional no quieren hacerse cargo de él. Sucedió un caso de una pareja de Japón que realizó la gestación por sustitución en India. El niño nació con Síndrome de Down y no quisieron recibirlo.

Trata versus decisión sobre el propio cuerpo. El fenómeno, de por sí complejo, está atravesado por otros debates bioéticos e ideológicos. Una mujer adulta y consciente que decide gestar a cambio de un pago aún en situación de necesidad, ¿está siendo sometida y es víctima de trata? ¿Qué parámetros se utilizan para definirlo? Las opiniones están divididas. Hay quienes consideran que el estado de necesidad limita la libertad de elección. Otros, que le permitiría alcanzar un objetivo económico –comprar una casa, mejorar su condición de vida, etc– a través de la gestación por sustitución. El problema es que, al no estar legislado, no está prohibido ni permitido..

EL NEGOCIO DEL TURISMO REPRODUCTIVO EN CABA

A las diferentes modas u oportunidades de negocios que presenta el turismo receptivo en el país, se sumó el llamado “turismo reproductivo”. Consiste en la posibilidad de maternidad y paternidad subrogada que ofrecen clínicas que realizan la práctica. Especialmente los ciudadanos europeos se interesan con la opción de elegir entre Argentina y Canadá, porque allá la gestación por sustitución no es legal.

La enorme brecha de costos terminan inclinando la elección hacia nuestro país, en particular la ciudad de Buenos Aires, donde se permite en este tipo de casos una “inscripción provisoria” del bebé recién nacido. Con esa documentación pueden sacarlo de Argentina y llevarlo a su país de residencia.

La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país donde las subrogaciones no se judicializan. Por un amparo admitido por la Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, se ordenó al Registro Civil que registre en forma provisoria a bebés nacidos de gestación por sustitución sin intervención judicial.

Sin embargo, lejos de ser una solución, se plantean situaciones indeseables. Una pareja de hombres alemanes que realizó la práctica en Caba no logró inscribirlo al regresar a Europa. En paralelo, en Argentina la mujer gestante pidió ser considerada madre del niño.

Sin ley que regule y fije límites y prácticas pueden presentarse este tipo de eventos.