El presupuesto 2022 del Poder Judicial de Córdoba muestra como signo distintivo una fuerte inversión en tecnología y en infraestructura edilicia para las sedes del interior. Lo dicen los números y lo puso en palabras el director general de Administración, Augusto Bartolomei, en declaraciones a PERFIL CÓRDOBA.
El anteproyecto elaborado estima una erogación total de $51.400 millones para el año próximo. Como sucede cada año, el mayor porcentaje (90%) lo insumen los recursos humanos; es decir el salario de magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial para lo que se calcularon $46.736 millones.
Fuera del monto destinado al pago de sueldos, el presupuesto para solventar el funcionamiento de los tribunales en toda la Provincia es de $4.665.257.000. El 71% de ese monto surge de la recaudación de la Tasa de Justicia y el resto es aportado por rentas generales. Hay dos ítems que evidencian las prioridades fijadas para el próximo año.
En el rubro Bienes de Capital se estima una inversión de $824 millones en tecnología y $1.627 millones en obra pública.
Inteligencia artificial. Bartolomei anticipó a este medio cuáles son los proyectos para el próximo año en materia tecnológica que demandarán una inversión especial: “Se busca mejorar la telepresencia para clientes externos, como abogados, público en general y proveedores; e internos, entre los cuales están magistrados, funcionarios, empleados y detenidos”, afirmó.
Para ello, se encararán acciones que sintetizó en los siguientes puntos:
◆Sumar un servidor que actuará en espejo y como redundancia del único que está actualmente funcionando. Si uno sale de servicio, puede reemplazarlo el segundo en forma inmediata.
◆ Invertir en seguridad informática.
◆ Renovar el hardware (computadoras, notebook, escáner, webcam) y software, porque los actuales excedieron el tiempo de vida útil aconsejable.
◆ Incorporar inteligencia artificial para sistematizar todos los procesos repetitivos o que demandan gran volumen de servicios. Un robot realizará las tareas identificadas bajo esas características. Un ejemplo puede ser la carga de información o datos. El último punto es la novedad más trascendente porque reemplazará la mano de obra para actividades mecánicas que pueden ser ejecutadas por una máquina.
Nuevos edificios. En materia de obra pública, las prioridades están puestas casi exclusivamente en el interior. Se centrará en los tribunales de Villa Carlos Paz, donde el presupuesto asignado es de $580 millones para el próximo año, y en Deán Funes. En esta última ciudad, se está preparando el pliego licitatorio para realizar la compulsa de precios y comenzar la construcción inmediatamente. Por eso se asignó una partida en el presupuesto del 2022 de $302 millones.
En ciudades donde la estructura judicial es más pequeña y menos compleja se levantarán edificios “multifueros”. Son superficies más pequeñas, de unos 1.200 m2 para albergar a fiscalías, juzgados y asesorías, donde se alquilan edificios para que funcionen los tribunales. El año próximo comenzarán las construcciones en Corral de Bustos, Cura Brochero, Las Varillas y Laboulaye.
En el ítem “obras varias” —que engloba estas sedes— se asignaron $624 millones. Hay otras cuatro localidades en carpeta, para el futuro.
En Capital se destinarán $120 millones para terminar el sector del Polo Judicial de barrio Observatorio asignados a Juzgados de Control y donde funcionarán 10 salas de oralidad. Es el denominado “triángulo” sobre calle Fructuoso Rivera. Además, comenzará a prepararse el traslado de los tribunales de Familia al edificio donde funcionó Policía Judicial en Duarte Quirós 650. Mientras que se prevé llevar al edificio de Tucumán 360 (actualmente funciona el fuero de Familia) la estructura judicial de Mediación.
Provincia autorizó 86 nuevos cargos
Desde hace tiempo la planta de personal está congelada. Para el próximo año, en cambio, la Provincia autorizó la incorporación de 86 nuevos cargos que estarán destinados, principalmente a los fueros Laboral y Penal. }
En el desagregado, la punta de la pirámide contará con cuatro nuevos jueces de primera instancia, dos asesores letrados y cinco fiscales. La ampliación de personal apunta a garantizar la puesta en marcha de las modificaciones legislativas introducidas en materia laboral, de género y oralidad.
LOPEZ PEÑA EN LA PRESIDENCIA
Continuando con la tradición de extender durante un bienio los mandatos de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, los vocales designaron por segundo año consecutivo a Sebastián López Peña en ese cargo, quien continuará durante 2022. También presidirá la Sala Penal, mientras que María Marta Cáceres de Bollati encabezará la Sala Civil; Luis Angulo la Sala Laboral y Domingo Sesín, la Contencioso Administrativa.
