Inés Lucero, Marcelo Jaime y Martín Bertone son los magistrados que integran la denominada Cámara de Receso Judicial Extraordinario. Desde el 28 de marzo recibieron un aluvión de pedidos de arrestos domiciliarios de presos que reclaman salir por el avance de la pandemia. Hasta el momento recibieron 350 pedidos, de los cuales resolvieron 330, y solo le otorgaron la domiciliaria a cuatro personas -tres mujeres y un hombre- bajo un estricto control estatal. Los jueces aseguran que en estos casos se acreditó la gravedad de la salud y que además los cuatro estaban detenidos por delitos menores.
—¿Qué criterios utilizan para otorgar o no una prisión domiciliaria en este contexto de pandemia?
—Jaime: Desde un principio se evalúan pura y exclusivamente las razones sanitarias y contemplando que los internos no estén detenidos por delitos de gravedad. En la decisión final se tiene en cuenta el protocolo elaborado por el Ministerio de Salud para establecimientos carcelarios y del COE. El Servicio Penitenciario nos debe informar si un interno tiene alguna patología, en su caso, si le están brindado la atención médica adecuada, y si está en condiciones de continuar alojado en el servicio penitenciario. Luego, se establece en cuáles de los grupos de riesgo se encuentra. Además, en todos los casos también se solicita que nos informen si hay o no circulación interna de COVID-19 dentro de la cárcel. Hasta este momento no hay circulación interna del virus dentro del penal de Bouwer.
A las evaluaciones médicas del Servicio Penitenciario y la historia clínica del interno, se le suma una revisión externa que realiza un equipo de médicos forenses del Poder Judicial, coordinados por Moisés David Dib, que la elaboran con base en la información aportada por el Servicio Penitenciario. Por último, se le corre vista al fiscal de Cámara Martín Berger. Luego de ello, recién tomamos una decisión.
—Bertone: Analizamos caso por caso, y todas las resoluciones están basadas en los protocolos sanitarios establecidos por el COE y por los ministerios de salud. Utilizamos criterios racionales y objetivos para otorgar una prisión domiciliaria. En los pocos casos que decidimos otorgarla, se pudo demostrar que eran personas con varias patologías de riesgo y eran vulnerables, por lo que se incluían claramente dentro del estado de enfermedad crónica y de muy difícil tratamiento intramuros. Se les impuso el cumplimiento de ciertas condiciones, y un estricto seguimiento estatal, a través del Patronato. Desde el 28 de marzo a la fecha ingresaron aproximadamente 350 pedidos, de los cuales resolvimos con la mayor celeridad posible, 330, es decir el 94%.
—¿Se tiene en cuenta el tipo de delito para otorgar una excarcelación?
—Bertone: La pandemia ha sensibilizado a la población. Toda la gente que está en sus casas demanda poder salir y los que están detenidos se quejan porque no pueden ver a sus familiares, y es lógico. Pero, atendiendo toda la situación, el Poder Judicial de Córdoba ha tenido criterios diferentes a los nacionales. Por ejemplo, con el uso de los celulares, acá les dijimos que no. A nivel nacional les han dado prisiones domiciliarias a presos acusados de delitos graves. Nosotros autorizamos muy pocas domiciliarias a detenidos, y lo fueron por delitos menores, ninguno con peligrosidad para la sociedad. Por eso insisto en que en Córdoba tuvimos criterios racionales y objetivos.
—Jaime: Si bien nuestra competencia es la de analizar única y exclusivamente las razones sanitarias de los pedidos, se tiene en cuenta todo el contexto. Y en ello incluyo el tipo de delito por el cual se encuentra detenido. También hay que remarcar que en ningún caso se otorgó cese de prisión o libertades. Lo concedido fueron prisiones domiciliarias. Y en los cuatro casos que resolvimos pedidos de manera positiva, fueron delitos de gravedad media. No son atentados contra la vida, ni por violencia de género, ni violencia familiar, ni contra la integridad sexual.
—¿Cuál es la situación en la cárcel de Bouwer y de las cárceles de la provincia? ¿Hay hacinamiento? ¿Puede cambiar el criterio restrictivo de las prisiones domiciliarias si llegara a aparecer un caso en la cárcel?
—Jaime: Existe una reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda a los Estados miembros arbitrar los medios para asegurar que en los lugares donde haya hacinamiento de personas, no ingrese el virus, y si ingresa que las personas infectadas sean atendidas de la mejor manera posible, y habla específicamente de las personas privadas de la libertad. Quizá eso es lo que despierta tanto revuelo y disparidad de criterios a nivel nacional, es decir si en las cárceles hay hacinamiento o no. Lo que nosotros podemos asegurar es que en las cárceles de Córdoba no hay superpoblación. En Bouwer, en cada módulo en particular hay menos cantidad de internos que la capacidad que puede albergar la cárcel. Entonces, Córdoba parte desde otro lugar y la realidad de Bouwer se replica en todos los otros establecimientos carcelarios de la provincia.
—Lucero: El Ministerio de Salud de la provincia elaboró un protocolo precisamente para asegurar el no ingreso del virus a la cárcel y eventualmente garantizar el tratamiento de todos los internos con la atención y las dolencias que puede haber. En Bouwer se tienen previstas salas de aislamiento dentro del complejo y para poder alojar a personas sospechosas de coronavirus, que en este momento no las hay. Pero si hubiese algún caso sospechoso, se tiene una sala de aislamiento preparada y a su vez en la parte de afuera ya han montado carpas sanitarias para potenciales infectados. Concretamente, se ha establecido un protocolo de actuación por parte de la autoridad sanitaria. Al ser una situación tan dinámica, todo va a depender, si entrase el virus, de lo que nos informen las autoridades sanitarias.
—Bertone: Tanto el COE como el Ministerio de salud han tomado las medidas de refuerzo para la atención de los internos en el caso que el COVID sea declarado positivo, algo que por ahora no existe. De todos modos y llegado el caso, las decisiones serán evaluadas por las autoridades sanitarias. Respecto al hacinamiento o superpoblación en las cárceles, hay que partir de una premisa: una cárcel no es un hotel, es un presidio. Ahora teniendo en cuenta los niveles mínimos de higiene y seguridad que exigen los organismos internacionales, y que el hacinamiento sería estar por fuera de los márgenes de una cuestión humanitaria, hay que destacar que eso no sucede en Bouwer.
—¿Se puede dar en Córdoba una liberación masiva de presos? ¿Es posible ese escenario? ¿Cómo evalúan u observan lo que sucede por ejemplo en la provincia de Buenos Aires?
—Bertone: Bajo ningún punto de vista en Córdoba tendremos liberaciones intensivas o masivas. Esta Cámara durante todo este proceso extraordinario se encargó y se ocupó de analizar cada uno de los pedidos, de manera individual y exhaustiva. Acá no se trata de abrir las puertas para todos sin razón alguna, pero tampoco de mantener todo cerrado. Hay que ser criteriosos, objetivos y cuidadosos.
—Lucero: Está claro que la pandemia nos afectó absolutamente a todos. Hemos sufrido algunas limitaciones o restricciones y alcanza también a quienes están privados de su libertad, a eso lo reconocemos. Siempre cada restricción o cada limitación, genera tensión. Pero una diferencia que pudimos observar con lo que pasa en otras provincias, por ejemplo, es el tema del uso de los celulares. Cuando se suspendieron las visitas, como así también el ingreso de nuevos presos, tuvimos el reclamo de los internos para usar celulares. Nosotros dijimos que no, básicamente porque está prohibido por la ley y además para preservar la integridad de la sociedad y de las víctimas. Por eso les aseguramos el contacto con sus familiares a través de video llamadas, vía Skype, y proveyendo una mayor cantidad de tarjetas telefónicas.
—Jaime: En alguna cárcel de Córdoba se produjo, pero de manera aislada, algún replique de reclamos por efecto “contagio” de lo que se puede ver por televisión y que está pasando en otras provincias. Cuando los internos de Córdoba ven que en Provincia de Buenos Aires se conceden libertades masivas, sin analizar caso por caso, se puede generar alguna protesta de un grupo muy minúsculo, en comparación con la totalidad de internos alojados.
—Lucero: Las condiciones de los detenidos en general en toda la provincia de Córdoba es distinta al resto de las provincias. Acá partimos de una realidad diferente. Nosotros acá no hicimos un análisis colectivo de los expedientes, sino que se evalúo a un ser humano en particular, a un interno individual. Esta atención personalizada tal vez se permita hacer porque partimos de una realidad carcelaria distinta.
—Jaime: Las decisiones generales y masivas me parece que no corresponden; ni para conceder domiciliarias, ni para negarlas sistemáticamente. Nosotros actuamos de una manera diferente a como se procede en otras jurisdicciones, según se aprecia en distintas crónicas. En Córdoba no se toman decisiones “ómnibus”. Para dicha labor, contamos con la valiosa asistencia de un grupo de 15 funcionarios judiciales (entre secretarios y prosecretarios) que teletrabajan los 7 días de la semana, de 8 a 21.
—Bertone: Nosotros pedimos informes a todas las áreas, no se está liberando a cualquiera.
Cómo opera la cámara
La Cámara de Receso Judicial de capital solo tiene competencia para analizar los pedidos de internos alojados en Bouwer, que se encuentren a disposición de alguna de las 12 Cámaras en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial. Para el resto de la Provincia de Córdoba, hay otras nueve Cámaras con idéntica competencia (una por cada Circunscripción Judicial), a lo que se suman ocho Juzgados de Ejecución Penal y otras tantas Fiscalías de Instrucción. A la Cámara de Receso de Córdoba se le asignó la función de resolver, en la emergencia por la pandemia, la situación de los internos de la mayor cárcel provincial. Todo el trabajo se hizo de manera remota mediante videollamadas y correos electrónicos, lo que fue debidamente documentado en expedientes digitales dentro del Sistema de Administración de Causas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Desde mañana, Lucero, Jaime y Bertone serán reemplazados por otros tres jueces.
