El juez federal de Río Cuarto Carlos Ochoa, procesó a 14 gendarmes acusados de integrar una presunta red de cobro de coimas a camioneros en controles viales y dictó la falta de mérito para otros 10 efectivos. Según publicó el sitio judicialescordoba.com, el fiscal Rodolfo Cabanillas apeló esa decisión ante la Cámara Federal de Córdoba al considerar que existen pruebas suficientes para imputar a todos los involucrados.
Entre los procesados con prisión preventiva se encuentran Walter Darío Ramírez y Marcos Isaac Juárez, señalados como jefes u organizadores de los delitos de asociación ilícita, concusión, abuso de autoridad y coacción. También fueron procesados otros efectivos por los mismos delitos, mientras que cinco gendarmes quedaron imputados como partícipes necesarios sin prisión preventiva.
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La investigación se originó tras las denuncias de tres camioneros contra la Sección de Seguridad Vial “Sampacho” de Gendarmería Nacional. Según la acusación, los agentes habrían exigido sumas de dinero a transportistas como condición para no labrar infracciones o secuestrar vehículos en rutas nacionales.
La hipótesis del fiscal sostiene que no se trataba de hechos aislados, sino de un esquema organizado con una logística financiera para recaudar y distribuir los fondos entre los efectivos que participaban de los operativos. De acuerdo con la causa, la organización habría utilizado una cuenta bancaria centralizada para canalizar los pagos indebidos. Luego, el dinero era transferido a otros integrantes del grupo o incluso a familiares, en un proceso de triangulación destinado a ocultar su origen.
El rol de la jefatura
El fiscal señaló que la estructura no podría haber funcionado sin la presunta cobertura institucional de la jefa de la sección, Analía Gabriela Galuián, quien habría brindado logística y participado en la administración de los fondos. La investigación estima que la red habría recaudado cifras millonarias entre mediados de 2024 y septiembre de 2025. En su resolución, el juez Ochoa afirmó que se sostiene “la existencia de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero de manera sistemática en los controles de ruta”, señalando que los efectivos habrían actuado de forma “planificada, coordinada y sostenida en el tiempo”.
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El magistrado explicó que, cuando los camioneros no tenían efectivo, se les ofrecía pagar mediante transferencias bancarias y mostrar el comprobante para continuar el viaje. Sin embargo, el juez consideró que aún no existe el estándar de probabilidad necesario para procesar a todos los sospechosos, por lo que dictó la falta de mérito para diez efectivos mientras continúan las medidas de prueba.
El fiscal Cabanillas cuestionó esa decisión y la calificó como “arbitraria y carente de fundamentación suficiente”, al sostener que existen elementos probatorios similares para todos los imputados. Además, pidió que algunos de los acusados sean procesados con prisión preventiva por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.
