Mientras los tribunos de cuentas alineados con Luis Juez mantienen bloqueada la compra de drones de seguridad por USD 7 millones para la Policía provincial, el concejal capitalino José María Romero empuja en sentido inverso: propone crear un área municipal específica y profesionalizada de vehículos no tripulados.
La escena expone una contradicción política evidente dentro del Frente Cívico: tecnología sí en la Ciudad, tecnología no en la Provincia.
Romero presentó la iniciativa como un salto de modernización institucional. Según el edil, el objetivo es "perfeccionar las decisiones del Ejecutivo" e incorporar herramientas para "la modernidad, el control y todo lo que viene bien".
Pero el contexto vuelve inevitable la comparación: su propio espacio lidera en el Tribunal de Cuentas provincial una ofensiva contra la compra de drones para seguridad, a la que define como un proceso armado a medida de proveedores y calificado como una "caja negra" de la gestión Llaryora.
Romero intenta ordenar el discurso con un eje común: la velocidad y la transparencia de la información. "Cuando la información llega rápido, la solución llega más rápido", sostiene. Su planteo apunta a que los datos captados por drones se integren a los sistemas municipales para mejorar la toma de decisiones y evitar que los recursos se diluyan en la burocracia. El problema es político: la tecnología es la misma, el argumento cambia según la jurisdicción.
Obra pública, el corazón del proyecto
El núcleo más fuerte de la iniciativa está en la auditoría de obra pública. Para el concejal, el principal daño del sistema actual no es solo económico, sino social y productivo. "Desde arriba vos controlás qué metro cuadrado se avanza por día", explicó, proponiendo un monitoreo diario y georreferenciado del avance de obras.
El diagnóstico es directo: demoras eternas, barrios colapsados, vecinos que pierden tiempo y combustible, comercios que no resisten meses de obras abiertas y terminan cerrando. En ese esquema, los drones no son solo tecnología, sino una herramienta de control político de la gestión.
El proyecto también prevé usos en tránsito, ordenamiento urbano, prevención y respuesta ante emergencias y tragedias, pero la obra pública aparece como el eje estratégico que le da densidad política a la propuesta.
Sin ampliación del Estado
Romero buscó desactivar de antemano el flanco más sensible: el costo fiscal. Aseguró que no habrá ampliación de planta ni creación de nuevas estructuras burocráticas. "No vamos a ampliar el Estado, sino con el Estado que está", afirmó. La propuesta se basa en la capacitación de personal municipal existente, al que se profesionalizaría en la operación de estas tecnologías.
La lógica es eficiencia sin expansión: más herramientas, misma estructura. Un discurso atractivo en términos de opinión pública, aunque difícil de sostener en la práctica sin inversión real en equipamiento, sistemas, mantenimiento y formación técnica continua.
Tecnología, sí
Consultado por la contradicción interna del Frente Cívico, Romero fue categórico: "No estamos en contra del futuro ni de las cuestiones tecnológicas, ni de los no tripulados". La frase busca despegar al espacio de la etiqueta de "obstruccionista" que le adjudica el oficialismo provincial.
Sin embargo, la convivencia de ambos discursos deja al descubierto una estrategia política clara: el problema no son los drones, sino quién los compra, quién los gestiona y desde qué poder. En la Provincia, son "caja negra". En la Ciudad, son modernización y transparencia.
