El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba objetó una licitación del Ministerio de Seguridad destinada a la compra de un Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (SVANT) por un monto total de U$S 7.201.418, al considerar que el proceso presenta direccionamiento, falta de competencia y sobreprecios.
La contratación incluye 29 ítems en una sola compulsa, que abarcan desde drones de largo y mediano alcance hasta software de reconocimiento facial, radares, consultorías, capacitación, vehículos operativos y manuales de procedimiento. Según el organismo, esta modalidad impide la participación de múltiples oferentes y vulnera la normativa vigente.
“No nos van a amedrentar”
El vocal del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, explicó que las observaciones realizadas motivaron una conferencia de prensa luego de que el Gobierno provincial intentara desacreditar el rol del organismo. “Todo lo que hacemos sabemos que incomoda, porque estamos relevando hechos de corrupción. Pero no nos vamos a dejar amedrentar”, afirmó.
Beltrán remarcó que el cuestionamiento no es político, sino estrictamente legal, y se basa en el artículo 3 de la Ley Provincial 10.155, que obliga a garantizar la libre concurrencia en las contrataciones públicas. “Esta ley establece que se debe favorecer que muchas empresas participen de los procesos licitatorios. Acá pasó todo lo contrario: es un traje a medida para una empresa”, sostuvo.
Una licitación con 29 ítems y un solo oferente
Según detalló desde el Tribunal, al agrupar 29 ítems completamente distintos en un único renglón, el proceso quedó cerrado a un único oferente. “Esta empresa tiene que hacer de todo: vender drones, vender baterías, dictar cursos, hacer consultorías, proveer software para leer patentes. Cuando se hace una sola compulsa con 29 ítems, lo que se logra es un traje a medida. Por eso se presenta una sola empresa, una UTE, que es la que gana”, explicó.
Al analizar los datos societarios, el Tribunal detectó inconsistencias relevantes. “Verificamos los datos en ARCA y nos encontramos con que una de las empresas, se creó en 2022 y hasta un mes antes de la licitación tenía como actividad servicios de fotografía. Un mes antes se da de alta para venta de aeronaves”, señaló Beltrán.
Sobre la otra firma integrante de la UTE, agregó: “Huinoil S.A. tiene como actividad servicios de apoyo a la extracción de petróleo y gas”.
Sobreprecios y mezcla de rubros
Beltrán indicó que el Tribunal detectó sobreprecios en varios rubros, especialmente en software, cursos y consultorías. “La misma empresa que vende drones tiene que hacer consultorías por más de miles de dólares. ¿Qué tiene que ver una consultoría con la venta de drones, una antena, un móvil o un software? Se mezclan cuestiones distintas para que gane una sola empresa y quedarse con más de siete millones de dólares”, advirtió.
En relación con los software de reconocimiento facial y de patentes, cuyo costo supera el millón de dólares, Beltrán aseguró que existen alternativas locales. “En Córdoba hay muchas empresas que quieren participar. Incluso la Universidad Tecnológica está dispuesta a hacerlo. Hay software libre que no le costaría un centavo al Estado”, afirmó.
Por su parte, Fernanda Leiva, presidenta del Tribunal, subrayó que la evaluación se realizó sobre la base del expediente. “Es una mirada objetiva, técnica y legal, basada en las constancias del expediente. No es una cuestión ideológica”, afirmó.
Leiva explicó que el direccionamiento surge de requisitos técnicos excesivamente precisos. “Las dimensiones, el tamaño, el voltaje de las baterías y la distancia entre ejes son especificaciones tan exactas que corresponden a un solo dron, que casualmente tiene esta empresa”, indicó.
Y agregó: “Si los requisitos fueran más flexibles, existen otros drones que pueden prestar exactamente el mismo servicio”.
Comparaciones de precios y cuestionamientos finales
La funcionaria también remarcó diferencias de precios con adquisiciones internacionales. “La policía de Washington incorporó drones por 164.000 dólares, mientras que acá se pretenden comprar por más de 500.000”, sostuvo.
Además, señaló sobreprecios en cursos y manuales: “Un manual de operaciones se cobra casi 4.000 dólares cuando una empresa lo hace por 1.800. Los cursos de piloto están muy por encima de los valores de mercado”.
Finalmente, cuestionó el argumento del Ministerio de Seguridad respecto de la necesidad de adquirir drones de alto costo, y citó un operativo reciente en la cárcel de Bouwer.
“El ministro de Seguridad manifestó en una conferencia que en un operativo en la cárcel de Bouwer los delincuentes utilizaban drones de avanzada, de visión nocturna y de tecnología de punta”, relató. “¿Sabe cuánto cuestan esos drones? Dos mil dólares. Si son tan buenos, ¿por qué no adquirieron esos?”.
El hilo de Luis Juez: “Fraude”, “opacidad absoluta” y una “caja negra”
A las observaciones técnicas y legales del Tribunal de Cuentas se sumó una fuerte reacción política del senador nacional Luis Juez, quien calificó el proceso como “el fraude de los drones en Córdoba”.
En un hilo publicado en la red social X, Juez sostuvo que la licitación por U$S 7.201.418 fue rechazada por el Tribunal de Cuentas debido a una “opacidad absoluta”, y habló de una “caja negra” en torno al proyecto SVANT.
“El Gobierno intentó una compra de USD 7.201.418 que el Tribunal de Cuentas acaba de rechazar por opacidad absoluta”, escribió.
El senador apuntó directamente contra la modalidad utilizada en el expediente: “Usaron la modalidad de ‘renglón único’ para meter 29 ítems distintos en una sola bolsa. Así evitaron que proveedores especializados compitieran por equipos específicos, obligando a comprarle todo a un solo oferente ‘amigo’. ¡Adiós a la transparencia!”, señaló.
Juez también afirmó que el procedimiento vulneró de manera directa la Ley Provincial 10.155. “Esta maniobra viola el artículo 3 de la Ley de Contrataciones. Incumplieron los principios de libre concurrencia, igualdad de posibilidades, transparencia y eficiencia”, sostuvo.
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En cuanto a los valores presupuestados, el senador calificó los precios como “de locura” y enumeró algunos ítems del expediente: “USD 500.940 por un dron de ala fija, USD 537.625 por software de reconocimiento facial y USD 476.425 por un radar para detección de humanos”, detalló.
También cuestionó a la UTE adjudicataria: “Una S.A.S. que hasta hace poco hacía servicios de fotografía y una empresa petrolera. ¿Expertos en seguridad aérea y radares de alta tecnología? No”, escribió.
El senador concluyó reclamando explicaciones y remarcando que “el dinero de los cordobeses no es para financiar cajas negras”, y que la Ley de Contrataciones “está para cumplirse, no para esquivarse”
